Escrito por Juan Héctor Vidal.16 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
San José, C. R. Recién me había hecho cargo de la Dirección Ejecutiva de la ANEP, cuando le pregunté a un amigo que había sido asesor de la cúpula empresarial en aquellos años aciagos de la guerra: ¿cuál crees tú que es la principal responsabilidad de la empresa privada en un país como el nuestro? Su respuesta fue simple: decirle siempre NO al gobierno, pero dando la impresión de que estás de su lado. Por supuesto que yo nunca compartí esa especie de visión maniquea, especialmente en un momento en que el país necesitaba hacer un amplio esfuerzo para la reconciliación. Veinte años después sigo pensando que, diferentes como pueden ser los distintos escenarios, los retos siguen estando allí y dos actores tan importantes en las tareas del desarrollo como el gobierno y los empresarios, no pueden vivir permanentemente distanciados socavando el potencial que podríamos tener para la transformación, mientras el resto del mundo civilizado avanza a pasos agigantados. Aun los países vecinos nos están rebasando en muchos aspectos.
En las actuales circunstancias, sería ilusorio pensar en una relación de total entendimiento entre dos actores cuyo rol, siendo crucial para definir el rumbo del país, tienen perspectivas distintas, aunque no necesariamente contrapuestas. Otra cosa distinta son los mensajes nada tranquilizadores que constantemente están enviando ciertos voceros del partido gobernante sobre el sistema económico que privilegian.
Esto viene a cuento, porque a raíz del cambio de autoridades en la cúpula empresarial, ha empezado a circular la noción de que la tensión entre el gobierno y la empresa privada tenderá a agudizarse. Desafortunado como puede ser, esto no abona en nada el terreno para empezar a sacar al país de la crisis estructural en que se encuentra, aunque sería una candidez ignorar el elemento ideológico que está de por medio. Lo paradójico, después de todo, es que las diferencias entre los empresarios y presidente de la república empezaron por la posición que mantiene la empresa privada en torno al papel del Consejo Económico y Social (CES) y el grado en que el gobierno lo ha utilizado para impulsar acuerdos básicos en beneficio del país. Una instancia de diálogo que prometía mucho se ha convertido en un escenario para la descalificación recíproca dejando la impresión de que al país no le espera un futuro muy prometedor.
El intercambio poco edificante se originó alrededor de un tema que en cualquier país despierta controversias: el manejo de las finanzas públicas. Pero en nuestro caso, la discusión se vuelve más complicada, por el escenario político que vivimos cuyas disfuncionalidades corren en paralelo a una situación económica desastrosa que es exacerbada por un cuadro fiscal al borde del colapso.
Precisamente por lo delicado de la situación, personas responsables que no hacen causa común con los fundamentalistas políticos o económicos, han empezado a compartir la idea de la necesidad de un Pacto Nacional que rescate la esencia de los Acuerdos de Chapultepec, dándonos una nueva oportunidad para una verdadera transformación. Esta idea, aunque de entrada despierta ronchas en buena parte de la clase política y ciertos grupos de poder –lo vemos claramente en sus actitudes ante las sentencias históricas de la Sala de lo Constitucional– no debería de abandonarse, aunque no sea sino porque sería la manera más eficaz de contrarrestar los intentos de los radicales de izquierda de someter al país a los dictados de verdaderos sátrapas internacionalistas. De hecho, qué otra opción se puede barajar como no sea la transformación o el caos. Y en esto, tanto el gobierno como los empresarios deben aceptar su responsabilidad histórica. Recuerden que ya ante la comunidad internacional aparecemos en vitrina como un país que habiendo sido un ejemplo de voluntad conciliadora, corre el riesgo de dar al traste con el potencial de desarrollo o con la incipiente democracia.
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