Debemos partir reconociendo que tenemos un clima de negocios muy deteriorado y que son muy diversos los actores que están contribuyendo, por acción u omisión, a ese deterioro.
Escrito por Joaquín Samayoa.11 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
jsamayoa@fepade.org.sv
En El Salvador tenemos la mala costumbre de atribuir causalidades y finalidades políticas a todo hecho económico y social. Ese mismo vicio impide tomar con frialdad y ecuanimidad la información y los análisis de la realidad.
Las apreciaciones que se expresan en los espacios de opinión de los medios de comunicación no se analizan con base en la exactitud de la información ni atendiendo a su lógica argumentativa, sino asumiendo prejuicios ideológicos y atribuyendo intenciones políticas. La opinión pública se comporta a veces como un mueble con dos únicas gavetas, en una se guarda lo que favorece al Gobierno y en la otra lo que deteriora su imagen.
Esos malos hábitos mentales conducen invariablemente a la confrontación y nos impiden llegar a tener una visión compartida de las causas de los problemas y de lo que, como sociedad, podemos hacer para superarlos. La cultura presidencialista dificulta aún más la construcción social de entendimientos, por cuanto sitúa al presidente de la República como un fuerte polo de atracción de toda la crítica, transformando cualquier razonamiento en un golpe o en una caricia, a los que el mandatario suele reaccionar consecuentemente, con suspicacia y enojo la mayoría de las veces.
Cada vez que se dice que en El Salvador no existe un buen clima de inversión, lo cual es una verdad muy evidente pero también muy compleja, el presidente lo toma personalmente como una crítica a su gestión o, peor todavía, como una confabulación de sabotaje a la misma, de la cual serían responsables los grandes empresarios, preocupados y molestos por la pérdida de privilegios, apoyados por los intelectuales orgánicos de la derecha, especulando desde las trincheras de unos medios de comunicación que siempre han sido sumisos al gran capital.
En todo tiempo y lugar, los círculos de poder son proclives a un alto grado de paranoia que pone a sus depositarios a la defensiva y los induce a preferir las explicaciones conspirativas de la realidad. Sin caer en la ingenuidad de pensar que no existen enemigos, los gobernantes deben esforzarse en superar ese tipo de condicionamientos mentales si quieren estar en condiciones de ejercer un liderazgo vigoroso e incluyente para sacar al país adelante.
Si aspiramos a reactivar la economía para empezar a generar cuanto antes empleos de calidad en cantidad suficiente, debemos partir reconociendo que tenemos un clima de negocios muy deteriorado y que son muy diversos los actores que están contribuyendo, por acción u omisión, a ese deterioro.
Al deterioro del clima de negocios contribuyen algunos fenómenos cuya transformación depende principalmente del poder ejecutivo, como es el caso de la tramitología que alarga y dificulta el establecimiento y el éxito de nuevos negocios. En esa misma categoría caben la accesibilidad y las connotaciones del discurso público del presidente y de los funcionarios del gabinete económico, así como las medidas fiscales y otras regulaciones que pueden ayudar u obstruir los dinamismos de la actividad económica.
Pero hay temas mucho más determinantes, como el de las extorsiones y otras modalidades de conducta delictiva, en los que el ejecutivo tiene ciertamente una gran responsabilidad, pero también la tienen los legisladores, los aplicadores de justicia, el ministerio público, los gobiernos municipales y hasta las iglesias, por un mensaje tibio que no inspira ni amor al prójimo ni temor de Dios.
Otra enorme contribución al deterioro del clima de negocios la ponen todos los ciudadanos que se reservan el derecho de acatar o no las leyes, resistir violentamente el ejercicio de la autoridad, ejecutar actos de vandalismo, obstruir el tráfico, sabotear indiscriminadamente proyectos de infraestructura energética, explotación de recursos minerales y aprovechamiento de la inversión pública ya realizada en infraestructura portuaria.
Y dejo para el final el tema quizás más relevante, el de la inseguridad jurídica, que tampoco depende única o principalmente del poder ejecutivo. La práctica del transfuguismo altera súbita y arbitrariamente la estable correlación de poder político que quisiera tener el pueblo salvadoreño. El conflicto interno en la CSJ genera una gran incertidumbre. La posibilidad de utilizar como armas de intimidación a instituciones como la Fiscalía genera zozobra. La negativa del FMLN a repudiar esquemas autoritarios y estatizantes termina de arruinar las cosas.
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