Lo que a estos dos partidos más les convendría, dentro de un criterio de sano realismo, sería tratar de cumplir con los requisitos legales lo más pronto posible, porque el tiempo se les viene encima.
Escrito por Editorial.11 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
Ya prácticamente en vísperas electorales, se produjo la sentencia de la justicia constitucional que ordena desinscribir al PCN y al PDC. Dicho acto ha causado, como es natural, múltiples movimientos en el ambiente. Desde las primeras reacciones negadoras por parte de los afectados hasta la aceptación a regañadientes de que hay que emprender cuanto antes un proceso de relegalización. En esa ruta, hay varias cosas en discusión y en juego, porque las disposiciones legales actuales contienen especificidades muy concretas tanto de procedimiento como de identificación de las fuerzas políticas que nacen o que renacen, las cuales, según los referidos afectados les serían adversas. Ahí están los plazos para la recolección de firmas y la calificación de las mismas, así como temas muy sensibles como el nombre, el color y la bandera.
Una de las reglas básicas de la vida es que hay que aprender de la experiencia, para que ésta no atropelle al que no quiere reconocerla y aceptarla. En este caso, lo que se hizo luego de las elecciones presidenciales de 2004 para “salvar” a los partidos que no llegaron en las urnas a los porcentajes mínimos establecidos por la ley para asegurar la supervivencia fue en realidad un atentado contra la legalidad. Hoy se pagan las consecuencias, y lo elemental sería no incurrir en vicios semejantes. Y este es un mensaje para hechores y consentidores. A partir de ahí se podrían hacer algunos ajustes facilitadores, en relación con los plazos y también con los símbolos de identidad.
Lo que a estos dos partidos más les convendría, dentro de un criterio de sano realismo, sería tratar de cumplir con los requisitos legales lo más pronto posible, porque el tiempo se les viene encima. Lograr que el Tribunal Supremo Electoral inicie y concluya sin más dilaciones los respectivos procesos de desinscripción, para emprender de inmediato los procesos de reinscripción. No sería admisible que se frivolizara el análisis de las firmas presentadas, porque eso sería abrirle un portillo a la simulación y aun al fraude. En cuanto a los símbolos partidarios, no se ve obstáculo insalvable a la reforma para que puedan usarse los anteriores, sobre todo porque las elecciones están a la vuelta de la esquina.
El caso que comentamos es muy particular, porque se trata de reparar un grave entuerto en condiciones en que conviene mantener el elenco partidario actual para no generar más trastornos artificiosos de cara a la correlación de fuerzas, sobre todo en el ámbito legislativo. Es preferible que esos partidos reaparezcan como tales, dentro del marco de una plena legalidad, a que intempestivamente se genere una pesca de voluntades en el ya revuelto estanque preelectoral.
No se trata de generar un esquema punitivo, sino de arreglar debidamente las cosas; y, sobre todo, de tomar esta lección como un compromiso de todas las fuerzas políticas para ya no repetir experiencias tan abusivas como las que han llevado a estas consecuencias. El mensaje más importante tendría que concretarse en la urgencia de contar cuanto antes con una ley de partidos políticos que esté acorde con las necesidades de nuestra dinámica evolutiva y con el rol que, dentro de la misma, deben jugar los actores políticos.
Todo apunta hacia el imperativo de emprender sin más retrasos ni evasivas la reforma política y electoral que estamos necesitando para que el sistema no tenga que padecer trastornos y quebrantos como éste. Toda impunidad en este campo debe ser erradicada de una vez.
Está bien facilitar las cosas, pero sin generar privilegios indebidos
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