:: OBSERVADOR POLÍTICO - Manoseando las instituciones

 Joaquín Samayoa.04 de Abril.Tomado de El Diario de Hoy. 

En días recientes hemos observado acciones, iniciativas y razonamientos muy preocupantes en el ámbito político. Algunos de los principales dirigentes, funcionarios, magistrados y legisladores parecen no entender que la viabilidad y el desarrollo de la democracia pasan por el respeto y el fortalecimiento de las instituciones. O no entienden o no les importa.

De cualquier forma, sus acciones nos están conduciendo por el camino equivocado y pronto nos veremos en una situación indeseable, y tal vez irreversible, a no ser que encontremos la manera de frenar el constante manoseo de las instituciones.

Ayer amanecimos sorprendidos con la noticia de que el FMLN, GANA y PCN habían reformado el código electoral para garantizarle a GANA uno de los cuatro representantes partidarios en todas las Juntas Receptoras de Votos. Verdaderamente insólito. El partido que no obtuvo un solo voto en los recientes eventos electorales, porque ni siquiera existía; el partido que nació de una burla a la voluntad popular, no sólo ha sido reconocido como legítimo grupo parlamentario, elevado a la Junta Directiva de la Asamblea y dotado de holgados recursos para operar dentro del órgano legislativo, sino que ahora, además, logra el derecho a tener o a vender una posición en cada Junta Receptora de Votos. No hacen falta comentarios. Es más que evidente el golpe a la credibilidad de nuestra democracia representativa.

Antes de eso, esos mismos tres partidos, con el apoyo del PDC, que en virtud de la anterior jugarreta ahora estará obligado a jugar lotería para lograr algunos representantes en las mesas de votación, manosearon la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y aprobaron un nuevo Código Electoral que mantiene el status quo de subordinación de los derechos ciudadanos a los intereses y arbitrariedades de los pequeños grupos que toman todas las decisiones en los partidos políticos. Los ciudadanos de todos los colores han hecho sentir su indignación. El presidente de la república se ha visto obligado a vetar el decreto por considerarlo contrario a los preceptos constitucionales; pero a los dirigentes de estos partidos nada parece importarles, sólo sus mipes y mezquinos intereses.

En conflicto interno entre dos grupos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha alcanzado extremos sumamente peligrosos que apuntan hacia desenlaces nada convenientes y nunca antes vistos en la historia de nuestro país.

En la superficie, no cabe duda de que hay un problema de egos que dificulta el diálogo y el entendimiento; pero la crisis tiene raíces mucho más profundas. El choque no es, como parece, entre doctrinas o interpretaciones jurídicas. Se trata claramente de una lucha de poder que no está contenida en el seno del máximo tribunal de justicia, sino que viene siendo azusada desde fuera por quienes se sienten incómodos con un presidente y una Sala de lo Constitucional que no son dóciles, que no engavetan las demandas espinosas, que no se prestan a perpetuar privilegios personales o de grupo ni dentro ni fuera del órgano judicial.

No hay diálogo, ni leyes, ni razones que valgan cuando en un conflicto una de las partes está resuelta no sólo a imponerse sobre la otra sino a hacerla desaparecer. De eso se trata, ni más ni menos, la embestida contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que han hecho cuerpo para adoptar y defender posiciones administrativas y jurídicas que no han sido del agrado de quienes ostentan pequeños o grandes privilegios. Los ciudadanos que no están de acuerdo con lo actuado por esos magistrados han discutido abierta y vigorosamente con argumentos jurídicos, políticos o de conveniencia social; pero eso es muy diferente a querer cargarse a los magistrados para volver a tener una Corte dócil y manipulable.

Finalmente, es preciso activar señales de alarma sobre una iniciativa seguramente bien intencionada pero no por ello desprovista de aristas muy problemáticas. La Comisión que está queriendo crear el presidente Funes para ayudar en el combate al crimen organizado es un asunto muy delicado. Dependiendo de cuál sea exactamente su mandato y su ubicación orgánica en el aparato del Estado, podría ser algo positivo o algo ilegal, inconveniente y, a la larga, contraproducente.

En la base de esta discusión está el diagnóstico de las razones por las que la Fiscalía es, en alarmante medida, ineficaz en el combate no sólo del crimen organizado sino también de la corrupción y de casi todas las modalidades de criminalidad. Si la causa es una gruesa insuficiencia de recursos humanos, tecnológicos y materiales, entonces la solución no es montarle encima o ponerle a la par un organismo supranacional. La solución es darle a la Fiscalía todo el dinero que costaría ese organismo y, si se puede, mucho más para que haga satisfactoriamente su trabajo. Si la razón es cobardía, negligencia o corrupción del Fiscal, entonces la solución cae de su peso y no es tampoco, en ese caso, la creación de una comisión como la que quiere el presidente Funes.

Es posible que la Comisión pueda concebirse, luego de un debate abierto y honesto, de manera que no sea violatoria de preceptos constitucionales; de manera que ayude en vez de socavar a las instituciones nacionales encargadas de perseguir el crimen. Pero en ninguna hipótesis esa Comisión debiera estar subordinada a la presidencia de la república, sin importar quién sea el presidente ahora o más adelante, ya que eso significaría socavar la separación de poderes, que es uno de los pilares imprescindibles de la institucionalidad democrática.

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