El laudo arbitral había condenado al MOP a pagarle al asocio MECO-CAABSA $5.6 millones por la construcción del tramo I del bulevar Diego de Holguín.
Escrito por Liz Aguirre.01 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
“Obviando nuestras excepciones y oposiciones, el tribunal arbitral abrió a prueba y siguió todo el trámite.”
María Eugenia Sosa, fiscal
“En aquel momento, las autoridades del MOP, en lugar de hacer lo que debían, hicieron lo que no debían.”
Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas
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La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador declaró la nulidad del laudo arbitral que condenaba al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a pagar $5.6 millones en el proyecto de diseño y construcción del bulevar Diego de Holguín tramo I.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la cámara había resuelto declarar la nulidad del proceso, recurso que había sido interpuesto el 29 de noviembre de 2010, luego de que un Tribunal Arbitral condenó al MOP.
De acuerdo con Adela Sarabia, directora de la División de Intereses del Estado, el principal argumento sustentado en el caso fue que el Tribunal Arbitral que conoció la demanda interpuesta por el asocio MECO-CAABSA era ilegal. “Hay en el contrato una cláusula en la cual expresamente se establece una renuncia al arbitraje; no obstante, la renuncia al arbitraje que se pactó por ambas partes el asocio contratista insistió en demandar al Estado en arbitraje”, explicó María Eugenia Sosa, fiscal del caso.
Detalló que desde el inicio del proceso, el Estado se declaró en total oposición, precisamente porque ya figuraba en la cláusula del contrato.
La sentencia de nulidad indica que el laudo arbitral –pronunciado el 17 de abril de 2009– es nulo, precisamente porque no hay competencia, a raíz de que ambas partes habían renunciado expresamente por escrito y por convenio a este tipo de procedimientos.
Agrega: “Existió un sometimiento forzoso al arbitraje, que no es constitucional ni legal”.
La FGR recurrió también a promover un proceso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el arbitraje prácticamente terminó antes de que el amparo fuera emitido.
No frenó la condena a pagar $5,678,416.28 por parte del MOP y por ello acudieron a la Cámara Primera de lo Civil para interponer el recurso de nulidad.
El asocio MECO-CAABSA hacía al MOP ocho reclamos, entre ellos el pago por incremento de costos por excavaciones, pago de sobreprecios del contrato por atrasos en la liberación de derechos de vías, pago de costos asociados a las prórrogas otorgadas por el mismo MOP, pago de perjuicios por pagos tardíos de estimaciones de obras, pago de financiamiento de obras ejecutada producto del desbalance entre avance físico y financiero.
Para Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, este caso es “la cola de una larga lista de sentencias que tienen que ver con fallas en la administración públicas o indolencia”.
El proceso de arbitraje inició en febrero 2009, y el 17 de abril de ese mismo año fue emitida la sentencia condenatoria.
Martínez afirmó: “Curiosamente en aquel momento las autoridades, en lugar de hacer lo que se debía, optaron por acudir a presentar un amparo”.
En las explicaciones jurídicas del MOP, la sentencia de la Sala de lo Constitucional, emitida el 12 de noviembre de 2010, hubo sobreseimiento de amparo, porque existía una vía legal adecuada y eficaz mediante la cual podía establecerse vulneración al principio de legalidad y a los derechos de seguridad jurídica.
Por ello es que el ministro manifestó que la nulidad del arbitraje pudo haberse solicitado sin necesidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Además, agregó que al asumir como titular del MOP, en junio de 2009, la gerencia legal de entonces no le notificó el impacto que un laudo arbitral de este tipo podía tener.
El mismo ministro se vio sorprendido por la sentencia condenatoria del laudo arbitral. “La actual administración interpuso un recurso de nulidad de la resolución, porque ilegalmente se nombró al árbitro que supuestamente iba a representar al MOP, sin la voluntad del MOP”, argumentó el funcionario.
De hecho, el MOP se auxilió de abogados de un bufete privado para este caso en específico.
Aunque el ministro está satisfecho con el resultado de este caso, manifestó estar consciente de que aún falta ver si COPRECA, que construía el tramo II, hace realidad sus intenciones de demandar al Estado. “Este resultado abría la rendija de una caja de pandora de añejos litigios, pero probablemente con este resultado esto se cierra”, expresó.
Martínez agregó que tiene como política evitar litigios con las constructoras y prevenir la judicialización de casos conflictivos.
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