04 de Abril.Tomado de El Faro.
El presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, presentó recientemente un plan de modernización de la institución que ha dirigido durante casi veinte años. Su plan, que ha sido tachado por expertos independientes como obsoleto, ineficiente y que abre las puertas a más corrupción, es su tarjeta de presentación para buscar reelegirse una vez más en el cargo.
“No es que me gustaría (seguir), sino que siento la necesidad de continuar con unos proyectos; unos a medias, y otros por iniciarse, como el nuevo sistema de fiscalización”, dijo Contreras pocos días antes de presentar el nuevo sistema.
La Corte de Cuentas, el máximo órgano contralor del Estado, permanece en manos de un solo partido político, el PCN, desde 1984. Los manejos políticos en la Asamblea Legislativa le han permitido mantener la presidencia de la institución incluso después de que el mismo congreso destituyó a su máximo líder, Ciro Cruz Zepeda, por irregularidades al frente de la contraloría.
25 años después, el país ha sufrido grandes transformaciones y enfrenta nuevos desafíos. De la guerra y la violencia política pasamos a la paz y la violencia social. Ahora, ante la grave amenaza del crimen organizado y la patente penetración del mismo en el Estado, las instituciones responsables de vigilar por la sana administración pública permanecen igual que antes o han sufrido un claro retroceso (como la Sección de Probidad de la Corte Suprema). Los resultados de la Corte de Cuentas en el combate a la corrupción distan mucho de ser los esperados. Hay procesos con más de una década en espera de resolución definitiva.
En agosto de 2007, la Fiscalía capturó a un auditor de la Corte de Cuentas, acusado de concretar acuerdos con el alcalde de San Luis de la Reina, en el departamento de San Miguel, para desvanecer hallazgos de irregularidades. Edgar Ramón Carías fue acusado de estafa por el ex alcalde de ese municipio, quien supuestamente recibió 15 mil dólares a cambio de desvanecer 800 mil dólares cuestionados. Otros seis auditores comenzaron a ser investigados.
La Fiscalía allanó la oficina del auditor, allanó la Corte de Cuentas y la alcaldía de San Luis de la Reina, y entre otros documentos se incautó de una de las agendas del acusado, en la que aparecían montos de las transacciones e incluso los nombres de un par de magistrados de la contraloría.
Contreras pidió el traslado inmediato a sus oficinas de todos los archivos de la Corte de Cuentas en oriente, y el caso no pasó a más.
Dos años después, en plena campaña electoral, tres miembros del PCN denunciaron corrupción en la Corte de Cuentas (dos fueron separados posteriormente: Orlando Arévalo y el candidato presidencial Tomás Chévez).
En esa misma campaña, los dos candidatos presidenciales, Rodrigo Ávila de ARENA y Mauricio Funes del FMLN, se comprometieron a despartidizar la Corte de Cuentas. A solicitud de Transparencia Internacional, Funes, que a la postre ganó las elecciones y es hoy el presidente de El Salvador, acordó la transformación de la Corte de Cuentas en una contraloría general con independencia funcional, financiera y administrativa, y se comprometió incluso a proponer reformas constitucionales si esto era necesario para llevar adelante los cambios.
Hoy, a un año de las elecciones municipales y legislativas de 2012, el sistema político ha comenzado a recibir los nombres de candidatos a presidir la Corte de Cuentas. A finales de abril la lista debe estar cerrada.
Pero el problema de la Corte de Cuentas no es la reelección o no de Contreras al frente de esta institución. La Corte necesita una reforma profunda, que la ponga a la altura de las necesidades nacionales. No necesita solamente quitar a Contreras ni al PCN, necesita urgentemente ser despartidizada, separar sus funciones administrativas y jurisdiccionales, y comenzar a crearse prestigio y credibilidad.
La Asamblea ni siquiera ha permitido que se audite a la Corte de Cuentas, aunque esto lo mande la ley, lo cual confirma que la Corte es simplemente una pieza del sistema político cuyas dinámicas se siguen dictando desde la Asamblea, ajenas a los verdaderos intereses de Estado y dedicadas al intercambio de prebendas.
El tiempo es corto, pero es aún suficiente para que las instituciones que han abogado por una Corte de Cuentas autónoma, independiente y apolítica hagan un esfuerzo extraordinario para presionar por una verdadera reforma total a una institución clave para combatir el crimen organizado y la corrupción.
Esas instituciones son muchas, y son muy diversas. Ahí está el FMLN, ahí están los Amigos de Mauricio Funes, ahí están varios miembros de su gabinete (incluyendo a su subsecretario de Transparencia, que presidió Transparencia Internacional capítulo El Salvador mientras Funes hacía campaña), ahí están los empresarios (según las encuestas, apenas un diez por ciento de los empresarios creen que la Corte de Cuentas es eficiente), ahí están tanques de pensamiento como FUSADES o FUNDE, y diversas organizaciones ciudadanas.
El sistema político no puede seguir dándose el lujo de vivir en una burbuja ajena a las necesidades nacionales. El combate a la corrupción, siempre idóneo y necesario para la vida democrática, es ahora urgente para su sobrevivencia. Y ello es imposible sin una verdadera transformación de la Corte de Cuentas.
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