07 de Abril.Tomado de Diario Co Latino.
Con gran satisfacción hemos recibido la noticia de los allanamientos que ha realizado la Defensoría del Con sumidor, en bodegas de distribuidores de gas propano, en la zona central del país, por alterar no sólo los precios, sino que los pesos.
El Director de la Defensoría, Armando Flores, expresó que encontró 15 puntos de venta, mejor dicho bodegas, donde se comercializaba gas a precio alterado.En estos momentos de zozobra por la “liberación” de los precios del gas licuado y por la racionalización o nueva modalidad de subsidio de ese servicio, tan vital para la sociedad salvadoreña, era de esperarse que, la liberalización de los precios, los distribuidores grandes, medianos y pequeños, la entendieran como “manos libres” para poner los precios que les venga en gana, sin importar el daño que le hacen al pueblo. Esta ocasión no iba a ser la excepción.
Y gracias a que en la Dirección del Consumidor está un funcionario comprometido con los consumidores desde antes de ser nombrado en el cargo, y que además tiene todo el apoyo del Presidente Mauricio Funes, las prácticas de esos “mercantilistas” tienen los días contados.
Dios quiera que, la escasez provocada en estos días, no sea producto de una conspiración para desabastecer el mercado, y cargar la ira popular en contra del gobierno del Presidente Funes, sino una mala práctica empresarial para esquilmar, a como sea, amparados en el libre mercado, los vacíos bolsillos de los y las salvadoreñas.
Por cierto, la idea sacrosanta de las leyes del mercado, producto del Consenso de Washington, impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el mundo capitalista, “ya es historia” según dijo jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.
Es decir, el mercado ya no regula nada, sino el Estado. En tal sentido, el Estado Salvadoreño no debe actuar con timidez contra los acaparadores, o distorsionadores de los precios del mercado, porque el mercado no está arriba del Estado, ni mucho menos es Dios.
El accionar del gobierno, a través de la Defensoría del Consumidor y del Ministerio de Economía, le están diciendo al mercado, que le ley se cumple y la impone el Estado, y no los malos empresarios.
Creemos que es urgente también, que la Defensoría investigue las alzas injustificadas de otros productos, que han incrementado la canasta básica familiar, so pretexto de los altos precios del gas y de otros combustibles fósiles.
Sin lugar a dudas, ya es hora regular el mercado, porque el consenso de Wahington ya es historia, y comenzar con el gas licuado debe ser el inicio de ese proceso, a favor de los y las consumidoras.
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