RAICES -Políticos independientes plantean mayor supervisión del proceso de Fomilenio- Periodismo Alternativo desde El Salvador

 Paula Rosales.22 de Marzo.Tomado de Raices.

El Salvador ha sido beneficiado, desde antes y después de la firma de los Acuerdos de Paz, con millonarios programas de cooperación; provenientes de países y organismos internacionales que han beneficiado a los sectores más pobres, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento democrático del país.
Entre los últimos programas, destaca el Fondo del Milenio (Fomilenio), un proyecto quinquenal que destina unos $461 millones. El fondo es otorgado por el gobierno de los Estados Unidos, con la condición de que se cumplan 16 indicadores de justicia, democracia, reducción de la corrupción, entre otros.
Actualmente los fondos del milenio son destinados con mayor énfasis en el desarrollo de la zona norte del país, donde se prevé la creación de carreteras y la reactivación económica de los habitantes de la zona.

Para el Movimiento Político Independiente (MPI), con sede en Los Ángeles, California, la asignación de estos fondos debería cumplir con las condiciones que plantea el convenio entre los Estados Unidos y El Salvador relacionado al avance del desarrollo democrático en El Salvador, específicamente en materia electoral.
En diciembre de 2010, los partidos mayoritarios ARENA y FMLN aprobaron con 56 votos una polémica Ley para que los ciudadanos puedan participar en elecciones populares sin tener que inscribirse a ningún partido.

Pese a que esta era una Ley esperada por la población, ésta fue aprobada con varios candados por los diputados de las fracciones de los partidos mayoritarios, debido a que imponen innumerables trabas a los posibles candidatos.
Al respecto el MPI envió una carta a Daniel W. Yohannes, Jefe ejecutivo de la Cuenta del Milenio, para expresar su descontento con la actitud de los partidos políticos salvadoreños y otros organismos encargados de impartir justicia.
“La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador liberada en el mes de julio pasado estableció que la Constitución Política y el Código Electoral contienen elementos contrarios a una participación libre y sin obstáculos para que los ciudadanos salvadoreños, hombres y mujeres, que no son miembros de un partido político puedan ser electos como legisladores y alcaldes”, reza el documento.

Para el MPI una de las mayores demandas de la ciudadanía salvadoreña desde la firma de los Acuerdos de Paz ha sido “la anulación del monopolio de los partidos políticos en los procesos electorales a todo nivel: Ejecutivo, Legislativo y Municipal”.
Petición que para los miembros del MPI busca desenmascarar los intereses políticos que reinan dentro del congreso nacional, órgano que por muchos años ha estado a disposición de las demandas de los partidos políticos.
Mario Mattute, secretario General del MPI, sostiene que “la Asamblea Legislativa en lugar de cumplir con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia y hacer efectivo el equilibrio y balance de poder entre las instituciones del Estado de El Salvador, actuó en la dirección opuesta”. 
“Horas antes de que fuera liberada la sentencia de la Corte, los partidos políticos FMLN y ARENA reformaron la Constitución Política ratificando que solamente se puede ser candidato a elecciones si se está afiliado a un partido político”, agregó. 
Esta reforma constitucional depende que la ratifique la siguiente legislatura 2012-2015 para que entre en vigor.
El Congreso si bien avaló las candidaturas independientes en lo general, en lo particular estableció una serie de obstáculos prácticos que hacen inviable para un ciudadano común y corriente aspirar a ser candidato a diputado o alcalde. Estos obstáculos van desde la inscripción a las candidaturas hasta la imposición de límites para el financiamiento de los mismos. 
Según Mattute las candidaturas independientes son una tradición política en el sistema electoral de los Estados Unidos, teniendo representación a todo nivel de la participación política, incluyendo las elecciones presidenciales.
“Es completamente natural que estos principios básicos de la vida cívica de los Estados Unidos de América sean parte esencial de la cooperación que se proyecta, gracias a los impuestos de los contribuyentes, al mundo entero, y en particular a los países en vías de desarrollo como El Salvador”, dijo Mattute.
Por ello el MPI considera que de no revertirse esta medida, El Salvador no solamente detendría su fortalecimiento democrático si no que a la vez sentaría las bases para un grave retroceso de los avances que se consiguieron desde la firma de los Acuerdos de Paz. 
Los integrantes creen que el país debería de promover condiciones donde se compartan los derechos y los deberes políticos para resolver los grandes problemas nacionales, sobre todo con la diáspora salvadoreña.
Se estima que unos 2,5 millones de salvadoreños residen en los Estados Unidos, quienes envían remesas a sus familiares. Las remesas son la base principal de la economía del empobrecido país centroamericano. 
La diáspora salvadoreña considera que los partidos políticos no toman en cuenta sus propuestas y solo los visitan cuando se acercan elecciones. 
“El resultado de las próximas elecciones ahondaría el déficit democrático que ya se refleja en los sondeos de opinión pública y que vienen revelando una profunda insatisfacción de los ciudadanos hacia el sistema político monopolizado por los partidos políticos”, dice Mattute.
El MPI pidió a Yohannes realizar un monitoreo especial sobre estas acciones legislativas y presidenciales, a partir de las estándares democráticos mínimos establecidos por la MCC.
“No pretendemos de ninguna manera que la ayuda y la cooperación de la MCC sea suspendida, por el contrario, lo que pretendemos es que la ayuda y la cooperación sea compatible y sobretodo complementaria a los esfuerzos dentro de El Salvador para su desarrollo económico y social y su consolidación democrática”, indica el documento.
Los miembros del MPI están seguros que mediante esta petición, la Asamblea Legislativa y el actual gobierno salvadoreño deben comprender que sus conductas son incompatibles con una participación política libre y sin restricciones de los ciudadanos, lo que se expresaría en la participación de las candidaturas independientes en las elecciones de marzo del 2012.

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