El comparativo entre el primer año de Saca con el primero del actual Gobierno arroja tal diferencia. Las actuales autoridades han dicho que poseen planes de seguridad detallados milimétricamente, los que pocos conocen.
Escrito por Suchit Chávez.03 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Fiscal general: Romeo Barahona Meléndez.Rebasados
Sin entrar en detalles, la unidad antiextorsiones ya rebasó, los delitos que se están cometiendo, la capacidad de ellos.”
Director general PNC: Carlos Ascencio Girón.Impunidad
Ninguna Policía puede investigar ese número de homicidios (3,000) al año, ninguna.”
Ministro de Defensa: David Munguía Payés.No al desarme
Entendemos que el Estado es el que debe darle protección al ciudadano, pero si el Estado no se la da, entonces el ciudadano tiene que tener una alternativa para defenderse.”
La administración del presidente Mauricio Funes supera ya en 1,212 homicidios al primer año de gestión de su antecesor, Antonio Saca, según registros de asesinatos por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) para tales años.
Cuando Saca asumió su mandato, en junio de 2004, los registros de personas muertas de forma violenta marcaron 225. Este sería el segundo registro más bajo del primer año del ex presidente. Solo logró bajarle dos dígitos, 223 homicidios, en septiembre de ese año. Los siguientes meses, hasta mayo, fueron números variables que se movilizaron a distintas escalas de los 200 asesinatos mensuales.
Funes, por su parte, en su primer mes como presidente tuvo que hacerle frente a la ejecución violenta de 370 personas, en junio de 2009.
Pese a la diferencia entre ambas administraciones durante su primer año, dentro de los registros hay datos que mantienen intacta su invariabilidad: rangos de edad de las personas que más son asesinadas, municipios de alta incidencia, forma de ejecución del asesinato (arma de fuego), además de otros.
Por otra parte, la cara visible de los planes de seguridad –la mayor parte de los planes es “confidencial” han dicho las autoridades por razones de “seguridad”– ha involucrado algunas medidas ya existentes, y puestas a prueba en el pasado: régimen de disponibilidad para policías (acuartelamiento), patrullajes conjuntos entre militares y agentes de la PNC, y otras.
Los mismos de siempre
Los municipios donde se concentra la mayor cantidad de asesinatos perpetrados a escala nacional no han cambiado en por lo menos dos administraciones gubernamentales consecutivas.
La relación entre los 20 municipios del país que acumulan la mayor cantidad de homicidios del primer año Saca (2004) y el primer año Funes (2009) se mantiene de 15 de 20, es decir, que solo cinco lograron salir de la lista de mayor incidencia, o simplemente oscilaron, según registros del IML; sin embargo, antes del año 2005, los datos de muertes violentas no se consolidaban y cotejaban entre esta institución, la FGR y la PNC, para evitar las cifras discordantes.
Como paradoja, fueron varios de estos municipios a los que se destinó un mayor número de patrullajes militares, en noviembre pasado.
Por otra parte, tanto Funes como Saca fueron precedidos en su toma de posesión por altos índices de asesinatos. Durante el último mes de la administración del ex presidente Francisco Flores, mayo de 2004, el IML registró 273 homicidios.
Saca por su parte durante su último mes de gobierno, mayo de 2009, tuvo una incidencia de 385 homicidios.
Las coincidencias entre Funes y Saca son el incremento visible de las muertes violentas luego de que asumieron el mandato presidencial. Febrero de 2004, uno de los últimos meses de Flores, ha sido el último en que según datos del IML se registraron menos de 200 asesinatos en un mes: 197.
A pesar de que Funes tomó las riendas del país ya con altos índices –más de 300 homicidios mensuales–, tanto en octubre de 2009 como en enero de 2010 se sobrepasó los 400 asesinatos cometidos en apenas 31 días. Otra de las coincidencias es que Funes y Saca recurrieron en su momento a medidas “de choque” para frenar la criminalidad.
Saca se abocó al denominado Plan Supermano Dura, que efectuaba capturas masivas bajo la sospecha de pertenecer a pandillas. Funes, por su parte, emitió dos decretos ejecutivos para ampliar las facultades de la Fuerza Armada al momento de realizar patrullajes de seguridad pública, en conjunto con la PNC. Una de las atribuciones extra contempladas fueron los arrestos en flagrancia.
La última iniciativa, que incluso implicó la reforma a la Ley Penitenciaria, permitirá que militares ingresen a algunas cárceles y estén bajo control castrense, dentro de un aproximado de tres semanas.
A los altos índices de homicidios debe sumarse durante este período, además, la admisión de autoridades de no tener la capacidad de indagar la totalidad de delitos que se comete.
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