Joaquín Samayoa.29 de Junio. Tomado de El Diario de Hoy.
No deja de asombrarme la inclinación de nuestros dirigentes políticos, diputados y funcionarios de gobierno a irse por las ramas cuando discuten los problemas de seguridad que tanto nos agobian.
Con muy pocas excepciones, los servidores públicos que, en una u otra capacidad, tienen la responsabilidad de contener y revertir la escalada de criminalidad, siguen enfrascados en discusiones y planteamientos estériles.
A los que tenemos la suerte de no haber sido agredidos directamente por extorsionistas y asesinos sociópatas, los políticos se encargan de matarnos de aburrimiento y frustración. No les cae la peseta. Agarran llave cada uno con su canción favorita.
Unos siguen diciendo que la causa de todos los males fue la disolución de los cuerpos de seguridad tras los acuerdos de Chapultepec, sin caer en la cuenta de que, en los años subsiguientes, mientras se formaba y se consolidaba la nueva corporación policial, no tuvimos los problemas que tenemos ahora. No caen tampoco en la cuenta de que la Fiscalía y las estructuras del poder judicial no sólo no fueron disueltas sino que fueron reforzadas en aquellos días y, sin embargo, ahora funcionan con mucha menos eficacia que la PNC. Pero aún si fuera cierto que fue un error disolver los antiguos cuerpos de seguridad, eso es algo que ocurrió hace casi 20 años y no podemos regresar al pasado para cambiar la historia. Esa es una discusión estéril.
Otros, en vez de dedicar sus escasas o abundantes capacidades mentales a la búsqueda de soluciones, se sienten satisfechos y sobrados repitiendo hasta la saciedad que la culpa de todo la tiene ARENA. No caen en la cuenta de que los principales responsables de la impunidad son la Fiscalía, el poder judicial y los diputados de todos los partidos que no han atinado a legislar con lucidez y comparten además la responsabilidad por el nombramiento de las máximas autoridades del poder judicial y el ministerio público.
Se les olvida que fueron otros partidos los que nunca quisieron aprobar la ley de intervención de las telecomunicaciones y otras herramientas jurídicas que habrían facilitado el combate a la criminalidad. Se les olvida que fue la honorable CSJ la que declaró inconstitucional y dejó sin efecto la ley anti-maras. Pero aún si fuera cierto que la culpa es de ARENA, o en la medida en que lo haya sido, también eso es ya historia. El pueblo ya le pasó factura a ARENA por lo que hizo mal, por lo que dejó de hacer y por el pecado de haber ganado en las urnas cuatro períodos presidenciales consecutivos.
Igual, y a esa tesis le hacen coro un montón de loros con poco seso, siguen argumentando que la causa de la criminalidad es la pobreza, cuando lo que salta a la vista es que la inmensa mayoría de gente pobre es ejemplarmente decente y es la que está siendo más golpeada por las maras en sus vecindarios y en los autobuses que son su único medio de transporte. La pobreza es un mal terrible que ningún gobierno hasta la fecha se ha empeñado realmente en superar, pero no es la causa del tipo de criminalidad que nos tiene tan agobiados.
¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando al pasado con lentes empañados? ¿Qué más debe ocurrir para que empecemos a pensar en medidas concretas y efectivas? Sin exclusión de otras ideas que pudieran abonar a la solución de un problema cuya complejidad nadie niega, propongo algunas acciones que, en conjunto, tendrían un impacto sensible en un plazo relativamente corto:
1. Decomiso masivo y constante de armas de fuego en posesión ilegal. No hace falta esperar a que se resuelva el debate sobre posesión y portación de armas de fuego. No hace falta desarmar a la gente decente. La inmensa mayoría de los crímenes se cometen con armas robadas o adquiridas en mercado negro. Lograríamos mucho con un esfuerzo sostenido de búsqueda y requisición de armas que no están registradas o están en manos de gente que no tiene autorización para tenerlas.
2. Activación acelerada de más y mejor infraestructura carcelaria, de forma que sea posible mantener efectivamente aislados y neutralizados a todos los reos asociados con pandillas. Restringir drásticamente el contacto de esos reos también con el mundo exterior. Hacer de la pena de prisión un verdadero castigo y no un simple cambio de vivienda.
3. Reforzar, tanto como sea necesario, la asignación presupuestaria de la Fiscalía y exigirle al titular que rinda cuentas periódicamente sobre la eficacia del trabajo de la institución a su cargo.
4. Exigir a la CSJ y al CNJ el diseño y ejecución a corto plazo un plan de depuración de los jueces incompetentes, temerosos o corruptos.
5. Legislar para convertir en delito la sola pertenencia a maras.
6. Reforzar sensiblemente la inteligencia policial. Sin incurrir en torturas, realizar interrogatorios mucho más inquisitivos a los sospechosos de asociación con maras y a sus familiares más cercanos. Crear una instancia separada de la PNC a la que puedan abocarse los ciudadanos con entera confianza y garantía de confidencialidad para informar sobre personas y movimientos sospechosos en sus vecindarios. Establecer un fondo para ofrecer atractivas recompensas monetarias por información veraz y útil brindada a las autoridades.
7. Solicitar al gobierno de los Estados Unidos una moratoria en la repatriación de reos sin condena y en la deportación de inmigrantes ilegales.
8. Decretar un régimen de excepción en la legislación educativa, de forma que las escuelas en zonas de alto riesgo puedan apartarse de la Ley de la Carrera Docente para contratar, pagar muy bien y exigir óptimos resultados a los mejores directores, maestros y consejeros psicológicos que sea posible encontrar.
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