La violencia y el crimen en constante aumento en nuestro país, sobre todo los horrorosos asesinatos durante el fin de semana pasado, han provocado tal indignación que muchos ciudadanos y algunos diputados en la asamblea han pedido la restitución de la pena capital en el país.
Escrito por Ernesto Rivas Gallont.27 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.
La pena de muerte es el único castigo fatal e irreversible. No se le puede devolver la vida a una persona ejecutada por error.
La pena de muerte lleva implícito el reconocimiento del Estado que el matar es a veces bueno, útil o aceptable, a la vez de negar el derecho fundamental a la vida –incluyendo la de aquellos culpables de haber cometido atrocidades. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida de todos los ciudadanos. La pena de muerte es siempre un castigo cruel, inhumano y humillante; es una injuria a la dignidad humana.
Con la pena de muerte, el Estado se arroga el derecho de quitarle la vida a alguien. El hombre justifica, legaliza, institucionaliza la cesación de una vida humana. En la cultura occidental solo Dios tiene tal derecho. ¿Qué en nuestra historia moderna nos da la confianza y superioridad para llegar a pensar que estamos genuinamente investidos con la autoridad necesaria para cercenar una vida? La crisis del siglo recién pasado se identificó como una crisis de valores humanos. Lo más perverso de nuestro caso es haber visto a personas que propugnan por la pena de muerte sentirse orgullosos de favorecer tal barbaridad.
Los defensores de la pena capital están convencidos de que la ejecución es una forma justa de castigar al perpetrador de un asesinato. Los asesinos merecen ser castigados con severidad, como forma de expresar el repudio de la sociedad por el crimen cometido. Pero debemos reflexionar sobre si la pena de muerte es la mejor forma de reafirmar el derecho a la vida.
“Ojo por ojo, diente por diente” no es un principio sólido de justicia criminal. Si lo fuera, ¿por qué no quemar la casa del incendiario, o violar al violador? La sociedad no debe permitir que la brutalidad de la violencia criminal determine los límites de castigo apropiados.
Un costo en extremo perjudicial resultado de la pena de muerte es la falsa presunción que ésta ayuda en la lucha contra el crimen. A pesar de que la pena de muerte no tiene efecto alguno en la reducción de la violencia, algunos políticos están propugnando para restituirla, como símbolo de fuerza contra el crimen.
La tesis de que la pena capital ayudará a reducir la criminalidad sería válida solo si la persona al considerar un homicidio toma su decisión con la pena de muerte en mente y que como consecuencia de su acción criminal él o ella será ejecutado eventualmente. La realidad es otra: la pena de muerte no es disuasiva. Al cometer un asesinato, el individuo no ve más allá del momento de su acción. Actúa rápido en un momento de pánico o de estrés emocional o bajo la influencia de drogas o alcohol. En los casos de un crimen premeditado el individuo nunca cree que va a ser descubierto, encarcelado o, mucho menos ejecutado. Por esto la pena de muerte nunca ha sido eficaz como medida disuasiva.
En nuestro país hemos vivido con la muerte de cerca; nos es familiar. En consecuencia, la vida se ha desvalorizado. Sin embargo, la implementación de la pena de muerte no podría nunca corregir esta actitud cultural, muy al contrario, la reforzaría.
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