Redacción. 30 de Junio. Tomado de ContraPunto.
La ley que se promueve no será igual a la ley antimaras, derogada por inconstitucional en 2004, pero no dejará de ser polémica en cuanto a la aplicación de la proscripción del las pandillas y el delitos en el que incurran sus integrantes
SAN SALVADOR - Las llamadas maras, pandillas y grupos de exterminio social podrían ser proscritas en pocos días si el parlamento salvadoreño aprueba una nueva normativa penal denominada que el jueves tendrá en sus manos el presidente Mauricio Funes, aseguró este miércoles a ContraPunto el viceministro de Seguridad, Henry Campos.
Campos, en declaraciones vía teléfono a este medio, explicó que la normativa será denominará "Ley de proscripción de pandillas o maras y grupos de exterminio".
"Esta no es una ley conceptualmente igual a la ley antimaras. Aquella establecía delitos; pero la que estamos promoviendo nosotros lo que establece es el proscribir la existencia de estas organizaciones y da un marco general que las instituciones puedan invalidarlas y realizar acciones penales", dijo Campos.
Agregó que el mandatario revisará la ley con su equipo jurídico y después la enviará a la Asamblea Legislativa, no se sabe su lo hará el jueves mismo, que es el día de plenaria.
El presidente Funes ha logrado un consenso político para proscribir a tales organizaciones, que a decir verdad, son ilegales, es decir, ni la Mara Salvatrucha ni la Pandilla 18 ni la Sombra Negra –de limpieza social-, cuentan con legalidad jurídica.
De aprobarse la normativa como es de suponer, quedarían proscritas y sería delito integrar las llamadas Mara Salvatrucha (MS), Mara Máquina, Mara Mau-Mau; la Pandilla 18, así como los grupos de exterminio o de limpieza social Sombra Negra y XGN, entre otros que están especificados en el texto que propone a ley.
Extraoficialmente se estima que los pandilleros puedan significar un número no menor de 50.000 personas entre hombres y mujeres, pero en realidad no se tienen cálculos exactos.
La normativa penalizará tanto a los que integren las maras, pandillas o grupos de exterminio, así como a aquellas personas que los apoyen y los financien.
Los menores de 18 años de edad serán sujetos de esta ley, pero de acuerdo a las normativas de defensa de la niñez y la juventud, para evitar cualquier inconstitucionalidad, como de la que fue objeto la "Ley Antimaras" de 2003 promulgada por el ex presidente Francisco Flores.
Aquella ley fue declarada inconstitucional un año después de su aprobación, además tuvo duras críticas a nivel internacional.
Las llamadas maras y pandillas son grupos que inicialmente se agruparon en Estados Unidos como un fenómeno social ligado a la migración, al desplazamiento de poblaciones producto de la guerra civil, así como a la marginación de salvadoreños en suelo norteamericanos.
Históricamente las autoridades gubernamentales culpan a las pandillas, ahora convertidas en bandas violentas y rivales entre si, de ser las mayores causantes de la criminalidad, pero estudios independientes indican que serían responsables de aproximadamente el 13 ó 15 por ciento de los homicidios.
El domingo 20 de junio pandilleros dedicados a las extorsiones quemaron un microbus urbano, en el cual murieron calcinadas 14 personas y dos más fallecieron en los hospitales. Tras la acción el presidente Mauricio Funes ordenó reprimir a las pandillas con fuerza y una de esa medida será la implantación de la ley antipandillas.
Fespad sobre errores anteriores
La directora de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad), María Silvia Guillen, advirtió que la nueva ley no debe reñir con la Constitución, pero además debe abonar a la integración y la eficacia en el combate del delito.
En un texto publicado por Fespad se da un marco sobre el cual se cometieron errores en el pasado en el combate de la delincuencia: la priorización de la represión sin tomar en cuenta la prevención; la criminalización de la niñez y la juventud en situación de pobreza, sin planes de inclusión social; la de focalizar la violencia y la criminalidad exclusivamente en las maras y las pandillas, con lo que se escondía la criminalidad organizada; la desarticulación de la institucionalidad del Estado, con una Fiscalía General de la República,
FGR, sin capacidad de conducir la investigación del delito, una Policía Nacional Civil, PNC, sin formación en investigación científica; el Órgano Judicial frágil y cuestionado.
Por lo tanto, el Guillén llamó al gobierno y a todas las instituciones del Estado para resolver estos problemas que implican una nueva visión en el combate de la delincuencia y la violencia que históricamente ha azotado a El Salvador.
Hay políticos conservadores que hablan de recluir a todos los pandilleros en recintos del ejército, en una especie de granjas productivas a fin de que se pudieran rehabilitar. De cualquier forma, si ser pandillero se convierte en un delitos habrá decenas de miles de jóvenes que podrían ser capturados y encarcelados.
En El Salvador existen 20 cárceles que albergan a 20.000 reclusos, cuando la capacidad instalada es de aproximadamente 8.000. El hacinamiento es de más del 100 por ciento, además de problemas de inseguridad y ociosidad de la población reclusa.
El Salvador es el país más peligroso de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de más de 70 por cada 100.000 habitantes, es decir, siete veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidemia.
Se acerca el día en que las maras, pandillas y sombras negras serán proscritas
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