LPG-Pregúntenle a Joaquín Villalobos

 Escrito por Geovani Galeas.29 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.

Ante la evidencia de que el narcotráfico había dejado de ser un problema meramente policial y localizado para convertirse en una amenaza estratégica a la seguridad nacional, el presidente mexicano, Felipe Calderón, declaro en el año 2006 la guerra frontal contra los cárteles de la droga, y decidió poner al ejército en la primera fila de esa batalla.

Priorizar el enfoque represivo por sobre la prevención provocó una oleada de críticas por parte de algunos de los sectores más ideologizados de la sociedad mexicana. Dichos sectores, como sucede con sus similares en nuestro país, parten de la idea de que la inseguridad, derivada de la violencia delincuencial, es el resultado directo de la pobreza, la inequidad y la exclusión social, y que son esos problemas en los que deben centrarse los esfuerzos del Estado.

Como era de esperarse, la ofensiva gubernamental generó una reacción feroz por parte del narco. Sin capacidad de enfrentar en forma directa al ejército, los capos respondieron a cada golpe recibido con asesinatos selectivos y atroces masacres de policías y civiles, con el evidente objeto de intimidar a la sociedad por la vía del temor atizado por la multiplicación de las muertes violentas en todo el país.

Incluso Jorge Castañeda, ex canciller y notable intelectual, publicó un artículo en el que afirmó: “Muchos, que votamos por Felipe Calderón, hemos sostenido que la guerra contra la droga no debió haber sido declarada, no se puede ganar y le está causando un daño enorme a México”. Pero el problema es que al no enfrentarlo, el crimen organizado no solo se mantiene sino que inevitablemente extiende su red de control territorial y de infiltración en la institucionalidad.

Y es por ese último camino que se transita de la delincuencia común a la amenaza estratégica a la seguridad nacional. Es en esa situación concreta de emergencia en la que, sin abandonar la atención a los problemas sociales como apuesta preventiva a largo plazo, en el plazo corto se debe priorizar el uso de la fuerza coercitiva del Estado. No se trata por supuesto de lanzar manotazos furibundos a diestra y siniestra, sino de la formulación y puesta en práctica de una estrategia.

A mediados del pasado enero, el gobierno mexicano explicó los pormenores y los avances de esa estrategia, realizando a la vez la defensa de la misma. El encargado de hacerlo fue uno de sus principales asesores en materia de seguridad: el ex comandante guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, quien ya había realizado con éxito un trabajo similar para el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia.

En nuestro país hay señales alarmantes relacionadas con el fortalecimiento del crimen organizado. La escalada en la cantidad y la calidad de sus actividades es más que evidente. Parte del ejército ya está en las calles colaborando en tareas de seguridad pública, y el presidente Funes ha propuesto la penalización a la pertenencia a las pandillas. Son medidas de respuesta en la dirección correcta, pero no constituyen una estrategia.

Los gobiernos de Colombia y México no llamaron a Joaquín Villalobos porque carecieran de especialistas capaces. Lo que eleva el valor del consejo profesional de nuestro compatriota es un hecho irrefutable: a su larga y eficiente experiencia como jefe y estratega de guerra irregular y de resolución de conflictos, ha sumado una formación académica de la más alta calidad a escala mundial.

Es decir que en El Salvador tenemos un grave problema de seguridad, y también tenemos un experto de ese nivel en la solución de ese tipo de crisis. No digo que llamemos a Joaquín Villalobos para que nos solucione el problema. Digo que tiene los méritos suficientes como para que escuchemos con atención lo que al respecto tenga que decirnos.

Pregúntenle a Joaquín Villalobos