Representante regional para Centroamérica de OACNUDH espera que medida sea excepcional del Gobierno en la lucha contra el hampa que cobra 11 vidas diariamente.
Escrito por Amadeo Cabrera/Efren Lemus.15 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Yo le pregunto a usted: ¿es por ello (uso de militares) que hoy tenemos menos delincuencia, menos homicidios? Habría que mirar las cifras.”
Carmen Rosa Villa Quintana, OACNUDH
El uso de Fuerzas Armadas es extremamente inconve-niente para la lucha eficaz contra la criminalidad. Están preparados para seguridad nacional.”
Paulo Sérgio Pinheiro, vicepresidente CIDH
No consideramos estar equivocados (uso de la FAES), yo lo he explicado ahora y ellos dicen que se comprende en el sentido de una temporalidad.”
Manuel Melgar, ministro de Justicia
La población se siente más segura con la FAES, pero lo que tiene que irse evaluando es si realmente está contribuyendo a disminuir los delitos.”
Óscar Luna, titular PDHH
Naciones Unidas cuestionó ayer el uso de militares en tareas de seguridad pública, pues recordó que la tropa está entrenada para “defender del enemigo externo en los casos de guerra”, advirtiendo por ello que la seguridad pública “no es una función que le compete por su propia formación”.
“La seguridad ciudadana no puede estar en manos de Fuerzas Armadas, (que) tienen en su doctrina y su filosofía la defensa nacional contra el enemigo externo”, advirtió Carmen Rosa Villa Quintana, representante regional para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció en mayo pasado la ampliación por un año del desempeño de la tropa en las labores de seguridad pública ejercidas desde noviembre de 2009.
La funcionaria recordó que la Policía “lo que tiene es un deber de prevención y de represión del delito con una formación totalmente distinta, cercana al ciudadano de una manera que debe darle en esa relación un grado de confianza”.
Villa Quintana califica de “legítimo sentimiento” que la población diga sentirse más protegida con la tropa; sin embargo, pone en duda que ello haya logrado reducir los índices de violencia y delincuencia en el país. “Yo le pregunto a usted: ¿es por ello (uso de militares) que hoy tenemos menos delincuencia, menos homicidios? Habría que mirar las cifras”, dice.
La funcionaria participó en la revelación del informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en las Américas, que “presenta cifras de mucha preocupación por los altos índices de homicidios y violencia que se registra en la región”.
La OACNUDH sostiene que no es posible desarrollar una política de seguridad ciudadana si no se actúa con transparencia, con una alta participación de ciudadanos y una efectiva rendición de cuentas. “La política de seguridad ciudadana no solo le pertenece a la Policía, el ministerio público juega un papel importante”, pues recordó que “hay índices de impunidad y un retardo en la administración de justicia”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública , Manuel Melgar, reconoció que existe un riesgo en usar a la FAES para labores de seguridad pública.
“Eso está en el marco de la Constitución y de una temporalidad que nos permita el fortalecimiento de las instituciones. No consideramos estar equivocados, es una preocupación que el informe plantea; yo lo he explicado ahora y ellos dicen que se comprende en el sentido de una temporalidad.”
Pese a esa temporalidad, el procurador de derechos humanos, Óscar Luna, pidió evaluar la efectividad de la FAES y dijo que el Ejecutivo mejor debería incrementar la inversión en el área de prevención.
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