A un gobernante que ha hecho tanto énfasis en el combate a la corrupción no le conviene avalar o permitir situaciones que puedan poner en entredicho su calidad moral.
Escrito por Joaquín Samayoa.02 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.
El periódico digital El Faro publica esta semana un reportaje que levanta sospechas sobre la cantidad y el monto de los contratos que ha ganado una de las personas más cercanas al presidente Funes mediante licitaciones que se llevaron a cabo durante el primer año de su mandato en instituciones que son parte del poder ejecutivo o están adscritas al mismo o reciben asignaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda.
Se trata de la empresa COSASE, S.A. de C.V., la cual brinda servicios de seguridad y es propiedad del señor Miguel Menéndez, persona que colaboró mucho en la campaña electoral de Mauricio Funes, quien posteriormente lo seleccionó para desempeñarse como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, cargo que todavía ocupa el susodicho, a pocos metros de Casa Presidencial, por mera casualidad.
El mencionado reportaje sostiene que el Sr. Menéndez, además de colaborador político y funcionario del gobierno del presidente Funes, es también su amigo personal. No se sabe cuál es exactamente el fundamento de esa calificación, pero probablemente tiene que ver con el rol protagónico que tuvo Miguel Menéndez en el movimiento de “amigos de Mauricio”, en cuyo caso no sabría yo decir si es El Faro o el presidente el que no sabe que en política no hay amistades, solo intereses.
De cualquier forma, así los percibe la gente, como amigos, y eso es lo que cuenta a la hora de valorar la posibilidad de que haya habido alguna forma de tráfico de influencias en la asignación de todos esos contratos que ha ganado, aparentemente en buena lid, la empresa de seguridad del Sr. Menéndez.
Acucioso como suele ser en todos sus reportajes, El Faro informa que otra empresa de seguridad ha ganado igual número de contratos con instituciones públicas en el mismo período, y otras dos empresas también han ganado algunos contratos; lo cual desvirtúa cualquier sospecha de prácticas monopólicas o de un favoritismo que, por excesivo, rayaría en lo vulgar. Sin embargo, también señala El Faro que a don Mecafé (así lo conoce mucha gente) le está yendo bastante mejor con este gobierno que con el anterior.
Tal como fueron fraseadas las disposiciones que contiene la LACAP para evitar los conflictos de intereses en las licitaciones del Estado, no existe impedimento legal para que las empresas del Sr. Menéndez participen en esos concursos, ya que él ocupa un cargo público por nombramiento presidencial pero no forma parte del Consejo de Ministros (como si solo los ministros pudieran sentirse tentados a hacer chanchullos). El problema es que sortear por un pelo la barra de la ilegalidad no es suficiente para disipar las dudas que puedan existir.
Es posible que la empresa COSASE sea, en efecto, más competitiva que otras y que ello sea la única razón por la cual está ganando una buena cantidad de contratos. Pero se sabe que dicha empresa ha ganado algunas licitaciones sin tener que competir en precio o en calidad de los servicios que ofrece, ya que no ha habido otros concursantes, lo cual bien podría ser consecuencia de la percepción de desventaja que tienen sus potenciales competidores por la relación del empresario con el presidente. Si así fuera, aunque no se haya infringido ley alguna, estaríamos en la frontera de un problema ético.
Las leyes son como el concepto aritmético del máximo común denominador. Reflejan el más amplio consenso posible que las fuerzas políticas alcanzan en un determinado momento, es decir, establecen un estándar relativamente bajo en el que todos los interesados pueden convenir. La ética, por el contrario, establece estándares más elevados, va más allá del estricto apego a regulaciones legales; promueve la honestidad por encima de los huecos que las leyes siempre tienen. En otras palabras, se puede faltar a la ética sin que ello suponga necesariamente una violación de la legalidad.
A un gobernante que ha hecho tanto énfasis en el combate a la corrupción no le conviene avalar o permitir situaciones que puedan poner en entredicho su calidad moral. Todo gobierno debe respetar la legalidad, pero el presidente Funes ha contraído además un claro compromiso con la ética y es precisamente su honestidad el atributo que más ciudadanos le reconocen.
Además de la ley y la ética, está el sentido común. Los enemigos del presidente están intentando desprestigiarlo divulgando información probablemente falsa sobre lujos que el presidente no podría sostener con su salario. Razón de más para que sea extremadamente cuidadoso en lo que hace y en lo que permite a otros hacer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.