Carlos Ponce.09 de Junio. Tomado de El Diario de Hoy.
Los hallazgos de una encuesta reciente, publicados por este periódico y discutidos anteriormente en este mismo espacio, establecen que la mayoría de salvadoreños opina que: (1) la situación delincuencial ha empeorado; (2) la Policía no se esfuerza lo suficiente para atacarla; (3) es necesario involucrar a la Fuerza Armada en el combate a la criminalidad e incrementar sus atribuciones. Resulta lógico inferir, por lo tanto, que la sociedad civil ha centrado sus esperanzas en la más reciente iniciativa del Ejecutivo, que se concentra primordialmente en usar más a la Institución castrense y ampliar sus facultades legales, permitiendo así su actuación en diferentes ámbitos de la seguridad pública.
La literatura que analiza la incursión de los efectivos militares en tareas policiales, como he explicado en artículos anteriores, argumenta que es una estrategia en un inicio eminentemente política, ya que los funcionarios públicos del más alto nivel explotan la elevada aceptación popular que tienen las Fuerzas Armadas resultante de la noble y sacrificada naturaleza de su misión tradicional. Los políticos, de esta forma, aseguran que las estrategias antidelincuenciales que planteen (con participación militar) gocen del beneplácito de la población, independientemente del grado de planificación y análisis que impliquen.
Considerando los postulados de esta perspectiva, el Gobierno ha logrado mermar, por ahora, la negativa opinión ciudadana sobre el tema, proponiendo e impulsando una medida del agrado colectivo. Sin embargo, para que rinda los frutos esperados y que su efecto inicial no se revierta, el contexto en el que operará la Institución castrense debe de experimentar drásticos cambios y ajustes, que permitan la fluida coordinación e intercambio de información e inteligencia con los funcionarios de seguridad.
Hay que tomar en cuenta que las dependencias del ramo de seguridad son las que tienen acceso directo, acumulado, completo y permanente a la inteligencia e información relacionada a la incidencia delincuencial, la dinámica y operatividad de las estructuras criminales y los patrones delictivos del país. Estas son fundamentales para el diseño y ejecución de estrategias y acciones que conlleven contundentes, significativos y quirúrgicos golpes a la criminalidad. La información e inteligencia que pueda recabar la Fuerza Armada será parcial y, por lo tanto, puede implicar acciones equivocadas o hasta nocivas de no ser complementada y compartida con las autoridades de seguridad. La sincera, estrecha y mutua colaboración, por lo tanto, es un requisito indispensable para asegurar el éxito de la nueva misión de los militares.
Trágicamente, las autoridades de seguridad han evidenciado públicamente la incomodidad y disconformidad de compartir su trabajo (o que éste sea fiscalizado, según algunos analistas) con la Fuerza Armada. Las reacciones a varios incidentes públicos han denotado la rivalidad y distanciamiento entre las dos instituciones, por ejemplo los de Sonsonate y San Miguel. Este tipo de desafortunadas y reveladoras declaraciones, han sido brindadas por funcionarios de todos los niveles, lo que sugiere que la información e inteligencia no se compartirá a nivel estratégico u operativo y, consecuentemente, el efecto de las acciones y planes será limitado.
Algunos profesionales provenientes de ambas entidades opinan que parte del problema es que el ramo de seguridad está politizado, con mandos de izquierda radical que frustran las buenas intenciones de los entusiasmados jefes militares. El Presidente asumió el liderazgo público en el combate de la delincuencia, es necesario que identifique y ejecute cambios que permitan el efectivo y eficiente desarrollo de la nueva estrategia planteada, ya que se corre el riesgo de que el fracaso de la última línea de defensa, empleada por el Ejecutivo en la lucha contra criminalidad, conduzca al surgimiento indiscriminado de grupos de exterminio y la decadencia absoluta de aparato de seguridad gubernamental.
elsalvador.com :.: La crucial e incómoda relación entre defensa y justicia
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