EDH-Controversia por ceses de diplomáticos

 No cumplían el "parámetro de confianza política". Abogados dicen que tal concepto legal no existe. La Cancillería lo justifica

Mirella Cáceres.12 de Junio. Tomado de El Diario de Hoy. 

 

Varios diplomáticos de carrera cesados se consideran no sólo víctimas de un procedimiento ilegal de despido o de irrespeto a sus derechos laborales, sino también de una acusación política a la que no le encuentran fundamento.

En una resolución emitida el 27 de enero de este año por esa cartera de Estado se lee que a la diplomática Flor de Suyapa Young Barahona se le despide luego de identificarla entre los "funcionarios o empleados de confianza", tal como lo establece el artículo 219 de la Constitución.

Pero en el segundo literal de la notificación y amparándose en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de El Salvador le dicen que el cargo de Consejero que desempeña pertenece a la carrera diplomática y, por ende, se configura como "cargo de confianza política que carece de estabilidad laboral".

Por lo tanto, la Cancillería resolvió removerla de su cargo de Consejero Comercial en la representación diplomática y consular de El Salvador en los Estados Unidos de América (con sede en Washington) a partir del 1 de abril del presente año, "por no concurrir en ella el parámetro de confianza política requerida para desempeñar esa función diplomática".

"Confianza política" es la frase que se repite cuatro veces en la resolución de despido de Young número 085/2010, firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez.

"Mi despido ha sido un proceso doloroso. Me remueven aduciendo falta de confianza política, un término que no han aclarado nunca y que no tiene una base jurídica. Además, mi cargo no era político sino técnico", se defiende Young, quien asesoraba en materia económica a fin de facilitar el comercio de productos salvadoreños en Estados Unidos.

Esta diplomática de carrera, con una maestría en administración de empresas del INCAE, que ha trabajado para USAID y la banca multilateral, dice haber llegado a la Cancillería hace ocho años no por militar en un partido político, sino luego de aprobar los exámenes respectivos de ingreso.

Según la afectada, la noticia de su despido le cayó como un balde de agua fría, pues se encontraba con incapacidad médica sustentada y a escasos ocho días después de haber firmado un nuevo contrato, pese a que ella estaba bajo la Ley de Salarios.

Young dice que la remueven sin pagarle dos periodos de vacaciones (2009 y 2010) que no había gozado. En un correo interno, la gerente de Recursos Humanos le notifica que eso es imposible dado que su salida de la institución es anormal y a que ella solicitó gozarlas muy tarde.

Pero Young alega que las pidió hasta el 17 de marzo porque se encontraba incapacitada.

Henry Fino, coordinador de la Oficina de Procuración de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), dice que es "total y absolutamente ilegal" destituir o despedir a alguien que está incapacitado.

De igual forma, analiza que en este caso, si bien una representación diplomática tiene carácter político y que eso "obviamente genera un grado de confianza", dice que el trabajo se vuelve técnico en algún momento determinado. Por lo tanto, para Fino decir que un diplomático es un cargo político o de confianza es correcto, pero también "aunque pudiera ser legal no es justo".

Pero el abogado del Idhuca también cuestiona que el Gobierno haya conservado a funcionarios de confianza de la administración pasada y exceptúe a otros.

A su juicio "una agregada comercial que no hace política partidaria sino política económica".

Francisco Bertrand Galindo, ex Secretario Jurídico en la administración de Francisco Flores, dice que el caso de Young habría que analizarlo detenidamente pero que el concepto de confianza política como tal no existe.

"Nada más existe falta de confianza y se pierde por una razón económica u otra, creo que esa referencia de confianza política es hasta un error de quien redactó la nota porque no era necesario", valora el doctor Bertrand Galindo.

El canciller Hugo Martínez, no obstante, defiende el concepto y manifiesta que todos los ceses fueron apegados a derecho.

"Es una decisión del legislador, no del canciller del turno (el término pérdida de confianza política"), es aplicable según la Constitución a los diplomáticos de carrera. Entonces, las autoridades de turno puede decidir si ese diplomático cumple con los parámetros que establece la Constitución", manifestó Martínez.

Otros diplomáticos despedidos, que pidieron no identificarse, aducen que tras su remoción hubo motivación política.

Ellos también coinciden con Young en que no se les ofreció ninguna explicación al despedirlos, algunos tampoco se explican la medida, si los mismos jefes que los largaron les evaluaban su labor con nota excelente.

más denuncias

Pedro Ángel, quien se desempeñaba desde hacía siete años como Vicecónsul en Boston, Massachusetts (EE.UU.), es otro de los que se queja.

"¿Se puede imaginar lo que significa para un diplomático que está en el exterior que le notifiquen que está despedido y quedarse sin trabajo fuera de su país cuando uno ha contraído responsabilidades como la renta de un apartamento o casa, servicios básicos en ese país donde ha sido asignado?", ejemplifica Ángel.

En el caso de Ángel, un hombre con 22 años de servicio público y a dos de jubilarse, se le notificó que "por necesidades del servicio" se resuelve no renovarle el contrato; no obstante, él tiene informes de que autoridades de Cancillería afirmaron que lo despedían por activismo político.

"Yo jamás utilicé mi cargo para hacer eso, serví a la comunidad. Yo entré a la Cancillería por méritos propios no por militar en un partido político", dice Ángel, quien se pregunta si activismo político le llaman a haber participado en una fiesta de despedida que diera la ex canciller Marisol de Barillas a todo el personal o haber aceptado formar parte de una comisión preparatoria del traspaso de administración.

Este diplomático también coincide con Young en que sus cargos eran prácticamente técnicos. "Político es el cargo de Embajador, nosotros no llegamos a ese nivel", argumenta Ángel, cuya labor como vicecónsul, dice, era más comunitario.

Otro aspecto en el que coinciden los diplomáticos es que lo correcto hubiera sido pasarlos al estado de disponibilidad, no despedirlos, pues especializados en el ramo no son muchos en el país.

Por su parte, la Cancillería tiene su propia lectura sobre los hechos.

La ex viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Margarita Escobar, dice que se debe cuidar a los diplomáticos de carrera y no despedirlos arbitrariamente.

"Es un error gravísimo deshacerse del personal diplomático o consular de carrera porque es un personal que tiene varios años de experiencia, se han sometido a un concurso, aprobado sus exámenes ante un jurado calificador y han escalado de acuerdo a sus competencias", señala Escobar.

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