Hay poca confianza de que El Salvador salga bien librado del pleito legal que mantiene con la canadiense Pacific Rim, que demandan un pago de $100 millones. Grupos de la sociedad civil cuestionan el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos que permitió el litigio comercial.
Por Johana Peña / Edgardo Ayala.07 de Junio. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR- Las organizaciones civiles desconfían del fallo que pueda surgir en el Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID), por sus siglas en inglés) una instancia adscrita al Banco Mundial donde se han llevado a cabo las primeras fases del litigio comercial sostenido entre el Estado salvadoreño y la empresa minera Pacific Rim Mining Corp.
Las dos primeras audiencias preliminares, celebradas el 31 de mayo y 1 de junio, en Washington, sede del ICSID, atrajo a grupos de ambientales y de ciudadanos que han presionado allá en los Estados Unidos porque la empresa retire la demanda, mientras en El Salvador grupos civiles cuestionan al acuerdo comercial bajo el cual la querella ha sido procesada.
Pacific Rim, de capital canadiense, anunció en diciembre del 2009 que demandaría a El Salvador por haberles negado en 2008 los permisos de explotación en la mina “El Dorado”, en San Isidro, Cabañas. Demanda el pago de $100 millones de dólares.
La empresa minera basa su demanda en el capítulo diez del Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA). Este apartado establece que las acciones u omisiones de parte del Estado que imposibiliten de manera indirecta las ganancias esperadas por la empresa a partir de las inversiones hechas, es una expropiación indirecta.
Pacific Rim Mining Corp. es canadiense, pero una de sus filiales, Pac Rim Cayman LLC, tiene su base en el estado de Nevada, Estados Unidos, de allí que ha echado mano del CAFTA para demandar a El Salvador.
Movilizaciones aquí y allá
El 27 de mayo, días previos a la primera audiencia, organizaciones ambientalistas y pro-derechos humanos se manifestaron simultáneamente en cinco ciudades de Estados Unidos, exigiendo a la multinacional canadiense que retire la demanda.
En Portland, Seattle, Nueva York, Boston y Washington DC, los manifestantes llevaron títeres gigantes alusivos a la empresa y sus representantes, recriminándole también a la empresa las muertes de ambientalistas en El Salvador, opositores a la industria minera y a Pacific Rim.
Activistas del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (Cispes, en inglés), protestaron frente a las oficinas en Washington de la firma de abogados Crowell & Moring, que defiende a Pacific Rim, en el marco del Día de Acción Internacional contra la Minería y el Libre Comercio en El Salvador, organizado por Cispes.
Entre junio y diciembre de 2009 fueron asesinados Marcelo Rivera, de 37 años, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, de 32 años. Las organizaciones civiles y ambientalistas culpan a Pacific Rim de las muertes, pero la compañía se ha desmarcado de los hechos.
Para la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (Fespad), y miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, la empresa canadiense no cumplió con todos los requisitos y por eso no obtuvo el permiso de explotación.
“Pacific Rim no tenía los derechos ganados, el Estado nada más le había otorgado permiso de exploración, este permiso no significa que automáticamente se le debe conceder el premiso de explotación”, dijo a ContraPunto el abogado Manuel Fuentes, de Fespad.
La desconfianza radica en la naturaleza del ICSID, es una de las cinco organizaciones del Banco Mundial.
“Eso da una perspectiva de cuáles son los intereses que este tipo de tribunales arbitrales; lo que tratan de garantizar no son los problemas medio ambientales, ni los recursos naturales sino las inversiones y los inversionistas”, indicó Fuentes.
Agregó que existen 29 empresas mineras que buscan explotar oro y plata en el país, eso significaría, para el representante de Fespad, un “precedente nefasto” si El Salvador pierde el caso.
“Si lo condenan y El Salvador no cumple, no puede darse ese lujo de no pagar, porque el Banco Mundial simplemente le recorta préstamos, y el problema es que no lo paga el Estado, lo pagan los contribuyentes”.
Otros países no reconocen al ICSID, como Bolivia y Ecuador, por considerar que sólo benefician a las trasnacionales.
Queremos estar también en el pleito
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica busca participar en el proceso.
“Como Mesa estamos buscando participación, hay un elemento jurídico llamado "amicus cortis” que es un mecanismo jurídico que significa amigos de la cote”, dijo el abogado de Fespad.
Esa figura permite la intervención de cualquier institución que posea elementos que podrían servir para resolver el caso, pude presentar una petición, para verter opiniones que ayuden a resolver el problema.
Se espera que con la “participación en la audiencia, esta resuelva a favor del Estado” dijo López.
Hablan los diputados
Diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dijeron que en la corte “casi siempre se pierde todo”.
Este tipo de demandas es causado por los “tratados que se han firmado, son las consecuencias de quitarle al Estado la potestad de dictaminar sus propias políticas”, dijo Guillermo Mata, diputado del FMLN.
Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo que la demanda es mucho más grave de lo que se piensa, pues crea la posibilidad de que el país sea embargado por una demanda que puede resultar exitosa para los demandantes.
Por su parte, Mario Marroquín, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), enfatizó que la empresa canadiense estaba en todo su “derecho” de demandar al Estado.
“El país debe ser respetuoso de los compromisos que se han firmado a través de tratados y convenios”, dijo Mario Marroquín.
En tanto, el presidente Mauricio Funes se mantiene firme de no cuestionar el acuerdo comercial.
“Para renegociar algunos componentes del Tratado deben de estar de acuerdo todas las partes” firmantes y aclaró que “el Tratado establece las reglas del juego y las tenemos que respetar”.
Agregó que su gobierno no va apoyar, ni a autorizar ningún proyecto de exploración ni de explotación minera que ponga en riesgo la salud de la gente y que deteriore más el medio ambiente.
La esperanza no se pierde, pero está difícil
En tanto, el abogado salvadoreño Luis Parada, de la firma Dewey & Le Boeuf, que defiende a El Salvador en la querella, dijo a El Diario de Hoy que la estrategia, en esta etapa preliminar, es que el tribunal vea que la demanda no tiene mérito legal y que desestimara la mayoría de reclamos presentados.
Tras oír los argumentos y objeciones de las partes en esta etapa preliminar, el tribunal emitirá un fallo la primera semana de agosto, y decidirá si el proceso continúa o no.
Parada dijo que uno de los principales obstáculos para Pacific Rim es que la Ley de Minería de El Salvador dice que una empresa que solicita una concesión de explotación debe ser propietaria o tener autorización de los dueños sobre toda la superficie del terreno que está solicitando.
“Y en el caso de Pacific Rim, de los 12.75 kilómetros cuadrados que pedía, solo tenía propiedad o permiso sobre 1.6 kilómetros cuadrados”, dijo Parada.
Pero ganar en esta etapa preliminar es difícil, aceptó el abogado.
Esta es la primera vez, agregó, que se hace una objeción en un arbitraje CAFTA. Se han hecho dos en otros casos y no han tenido éxito; porque en esta fase el tribunal está obligado a asumir como ciertas todas las afirmaciones que haga la parte demandante.
“El campo de batalla está inclinado a favor de la demandante”, aseguró.
Pero en otras fases se espera que el panorama pinte mejor.
“En caso de que continúe (el proceso) ya le dijimos al tribunal que El Salvador interpondrá otra serie de objeciones esta vez a la jurisdicción del tribunal. En esas creo que nos iría bastante bien”, dijo Parada.
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