Contra Punto-PDDH: la necesaria continuidad

 Luis Armando González .18 de Junio. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR-Desde su creación, propiciada por la firma de los Acuerdos de Paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la tuvo difícil.  Y ello por la naturaleza misma de su mandato: proteger a los ciudadanos y ciudadanas de los abusos a sus derechos cometidos desde las esferas estatales.
Nunca en la historia del país se había contado con una institución semejante. Darle vida y consolidarla no iba a ser fácil no sólo en razón de su novedad, sino en razón de las tradiciones autoritarias vigentes desde tiempos inmemoriales, en virtud de las cuales desde las esferas de poder –político, económico e incluso religioso— se podían cometer los peores abusos en contra de los sin poder, abusos ante los cuales éstos –como súbditos sin derechos— no tenían más remedio que bajar la cabeza.
La PDDH estaba llamada a ir en contra de todo eso y, en consecuencia, en contra de los intereses de quienes se beneficiaban del ejercicio autoritario del poder.
Recorrer los primeros tramos de su camino –ese que se recorrió desde su creación poco después de la firma de la paz hasta el cierre de la década de los años noventa— le resultó sumamente tortuoso. Sobre todo porque, inicialmente –y por intereses meramente políticos—, se creyó conveniente colocar al frente de la institución a un funcionario que no tuviera ni las capacidades ni la integridad moral para darle el carácter requerido, de acuerdo con el mandato constitucional y con el espíritu de los Acuerdos de  Paz.
La etapa más débil de la PDDH fue cuando estuvo bajo el mandato de Eduardo Peñate Polanco. Era tal su debilidad que fue prácticamente inoperante –e irrelevante— en su papel de proteger los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas ante los abusos del Estado. Esta debilidad en realidad era fruto de los esfuerzos que se hacían, desde las esferas de poder estatal, para convertirla en una institución inviable, que sólo formalmente –más no en la realidad— daría cumplimiento a una de las exigencias de los Acuerdos de Paz.
Antes de la llegada de Peñate Polanco, como le señaló en su momento el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la institución pasó por un buen momento con Victoria Marina de Avilés como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. “De 1995 a 1998 –dice el IDHUCA—, la Procuraduría adquirió un perfil positivo más elevado y fue acosada de diversas formas: recortes presupuestarios, intentos por deslegitimar su autoridad y amenazas contra su personal, por ejemplo; pese a esto último, logró agenciarse un destacado lugar entre la opinión pública a partir de los progresivos niveles de confianza y credibilidad que llegó a generar”1.
Pero, dando una vuelta atrás en el camino del fortalecimiento de la PDDH, la Asamblea Legislativa eligió a Peñate Polanco, quien “una vez en el cargo… se dedicó a despedir a personal valioso y con experiencia dentro de la institución para sustituirlo con gente proveniente de determinados partidos políticos que apoyaron su nombramiento, en especial de la Democracia Cristiana. Así, el 10 de agosto el nuevo procurador pidió la renuncia del licenciado Eduardo Urquilla --que ocupaba el cargo de procurador adjunto-- aduciendo pérdida de confianza. Lo grave de esta situación es que tras la salida del licenciado Urquilla, Peñate Polanco comentó dentro de la institución y declaró ante los medios que él no había solicitado tal salida; más bien, dijo que la misma era el resultado de una iniciativa personal del ahora ex procurador adjunto. Esa fue quizás la señal que anunciaría lo que ha caracterizado hasta ahora el ‘período perdido’ de la PDDH: el manejo turbio y oscuro de los hechos”2.
Esa fue la época oscura de la PDDH. Pero poco a poco comenzó a salir de ella, gracias, por un lado, a los esfuerzos de Beatrice de Carrillo, quien –en sus dos periodos— dio a la institución la garra necesaria para adquirir un talante no ajeno a los conflictos de la sociedad salvadoreña; y gracias también a los esfuerzos de su actual Procurador Óscar Luna por cimentar sobre bases firmes, institucionales y doctrinarias, el trabajo de la PDDH.
Es con Luna que la PDDH ha alcanzado su mejor nivel –debido a su presencia pública y a su credibilidad— desde aquellos difíciles años en los cuales lo propio de ella era la irrelevancia. La continuidad se impone con urgencia. Se impone como un requisito que permitiría a la PDDH cimentarse más firmemente en lo institucional y lo doctrinal, teniendo en la mira el cumplimiento de su mandato constitucional: la defensa de los derechos de los ciudadanas y ciudadanas ante los abusos del Estado.
Ojalá  que a la hora de elegir al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se tome en cuenta el desempeño ciertamente notable de Óscar Luna, de quien con toda seguridad se puede decir que ha sido uno de los mejores Procuradores que ha tenido el país. Prudencia, lucidez y valentía casi nunca se dan juntas. En Luna esas tres virtudes coexisten con naturalidad.   

PDDH: la necesaria continuidad