26 de Junio. Tomado de Contra Punto.
Tropas del ejército han tomado control de la seguridad de tres centros penales para evitar que desde el interior de las cárceles se ordenen crímenes como secuestros, extorsiones y asesinatos
SAN SALVADOR
- La Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) iniciaron este jueves las labores de seguridad en diversos centros penitenciarios como parte de un conjunto de acciones del gobierno para ponerle freno a la violencia delincuencial que azota a esta nación centroamericana.Las tropas tomaron el control del centro penal de Ciudad Barrios, en San Miguel. Igualmente lo hicieron en las cárceles de Zacatecoluca o "Zacatrás", en el centro del país y la de Chalatenango, al norte.
“Zacatrás” es el penal de máxima seguridad. Se supone que los presos estén allí en situación de aislamiento, pero la realidad ha indicado, según investigaciones policiales, que también salen órdenes para cometer delitos.
Tanto en Ciudad Barrios, como en las otras dos cárceles, los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), realizaron previamente registros en los cuales decomisaron teléfonos celulares, chips de celulares, marihuana y armas rústicas.
El ministro de Defensa, David Munguía Payés,
dijo que "el penal de Ciudad Barrios ha sido una cárcel ícono, en el sentido que desde ahí han salido la mayor parte de órdenes criminales relacionadas con extorsiones y homicidios".
Investigaciones policiales indican que las extorsiones ordenadas desde las cárceles llegan a significan montos de hasta 800.000 dólares anuales.
Por su parte, el alcalde de Ciudad Barrios, José Guzmán, enfatizó que la medida impulsada por el gobierno será de gran ayuda para reducir la "criminalidad que existe en los centros penales".
Un aproximado de 1.500 soldados han sido capacitados para intervenir los centros penales, debido a que se considera que desde las cárceles se planifican y ordenan actos delictivos como secuestros, extorsiones y asesinatos.
Los soldados harán seguridad periférica y se encargarán de controlar que no sean introducidos celulares para los reclusos ni otro tipo de implementos como armas y drogas ilícitas.
Esta intervención militar responde a una serie de medidas que el presidente Mauricio Funes anunció el pasado miércoles para tratar de detener la violencia que hace de El Salvador el país más peligroso de Latinoamérica.
La intervención de la policía y la posterior incursión del ejército ha sido verificada por representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para garantizar que todo el proceso se lleva a cabo conforme a la ley, dijeron fuentes oficiales.
Está previsto que a partir de este día continúen las intervenciones militares en las cárceles restantes. En total son 20 reclusorios a nivel nacional, que albergan a más de 20.000 presos.
Esta medida fue adelantada por el gobierno tras una masacre ejecutada el domingo pasado por pandilleros en la que murieron 18 personas y 16 fueron gravemente heridos
en sendos ataques al transporte público.
Masacres vuelven en tiempos de paz
Con la firma de los Acuerdos de Paz (1992) la población salvadoreña sintió que se le ponía fin a las masacres dantescas ocurridas durante los 12 años de guerra (1980-1992) que vivió este país; sin embargo, el hecho ocurrido el pasado domingo en Mejicanos confirmó que aún en tiempos de “paz” siguen ocurriendo.
El domingo pasado el microbús de la ruta 47 fue incendiado con todo y pasajeros por pandilleros de los cual 8 están siendo procesados judicialmente como adultos y los restantes 4 en tribunales de menores. En el macabro hecho del incendio de la Ruta 47 fallecieron calcinadas 15 personas, y 16 resultaron con daños severos.
Según fuentes policiales los asesinos no dejaban salir a nadie de la unidad de transporte, y todo aquel que se armaba de valor para salir era atacado por los sujetos armados y devuelto al microbús.
Por el crimen de las 15 personas, y la lesión de 16, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó dos operativos el lunes, en los cuales capturaron a 12 personas. En dichos operativos decomisaron seis armas de fuegos, tres pistolas, un revólver, una escopeta y un fusil M-16.
De acuerdo a los análisis balísticos del total de armas incautadas tres fueron utilizadas en la masacre.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha determinado que cinco de los 12 detenidos habrían participado en el hecho, en diferentes niveles.
“De todas las personas que ha detenido la policía puedo decir preliminarmente que han participado cinco personas”, dijo Rodolfo Delgado, jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UNICCO) de la FGR.
Por otro lado, ese mismo día que fueron quemadas estas personas en la unidad de transporte público de la ruta 47, otro microbús de la misma ruta fue ametrallado. En el salvaje hecho fallecieron tres personas.
Diferentes sectores naciones han expresado su apoyo a las medidas gubernamentales en contra del crimen organizado y las pandillas criminales conocidas como “maras”.
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