15 de Junio. Tomado de Contra Punto.
Ministro Hugo Martínez, afirma que hubo una mala interpretación de las declaraciones del embajador en Ginebra, Byron Fernando Larios López sobre la Ley de Amnistía.
SAN SALVADOR – El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, negó que el gobierno salvadoreño esté evaluando la derogación de la Ley de Amnistía, promulgada en 1993, tras informaciones procedentes de Ginebra en el sentido de que El Salvador analizaba la anulación de la controvertida ley.
El gobierno ratificó el pasado miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, un informe que recoge las conclusiones y recomendaciones emanadas del Examen Periódico Universal (EPU) que un grupo de expertos en derechos humanos realizó en febrero pasado en El Salvador.
Entre las consideraciones de dicho informe, figura un requerimiento del representante argentino en dicho grupo, en el que plantea la necesidad de iniciar un proceso de reflexión nacional sobre la derogación de la Ley de Amnistía.
El corresponsal de ContraPunto en Ginebra, Juan Gasparini, informó que, al dar su aprobación a este informe, incluido el punto referido, el gobierno de El Salvador estaba aceptando de manera implícita su contenido, es decir, abrir un proceso de reflexión sobre la derogación de la ley.
Pero en opinión del Canciller Hugo Martínez, “hubo una interpretación bastante estirada de lo que dijo nuestro embajador en Ginebra (Byron Fernando Larios López)”, en referencia a lo publicado por este medio.
De hecho, Martínez niega que dicho informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contenga recomendación alguna sobre la Ley de Amnistía.
“Quiero aclarar enfáticamente que en ningún momento figura dentro de las recomendaciones la derogatoria de la Ley de Amnistía”, expresó el funcionario. Y añadió que lo que hubo fue “una inquietud” de un juez argentino sobre la adecuación de la legislación salvadoreña en materia de amnistía, “pero en ningún momento el juez hizo una recomendación”.
De modo que el gobierno, dijo el Canciller, lo que sí ha aceptado es el compromiso de promover una adecuación de la legislación de El Salvador a los distintos tratados internacionales de derechos humanos a los que está adherido, lo que debería conducir hacia la superación de la impunidad que la Ley de Amnistía ha promovido y promueve desde su promulgación hace 17 años.
Sin embargo, Hugo Martínez aludió a la división de poderes para descargar de responsabilidad al Ejecutivo en esta materia, pues, según sus palabras, debe ser la Asamblea Legislativa, como poder legislativo del Estado, la que se encargue de esa adecuación de las leyes salvadoreñas al derecho internacional con el que el país se ha comprometido.
“Como gobierno seguimos sosteniendo que, aunque tenemos un compromiso internacional como Estado, somos muy respetuosos de los otros órganos de estado. La Asamblea Legislativa tendrá su opinión”, manifestó el Canciller.
Sin embargo, analistas han señalado que si bien es cierto la derogación de la amnistía es un asunto de la Asamblea Legislativa, el presidente Funes, de estar interesado en anularla, bien podría empujar una moción de ley a través de alguno de sus ministros, lo cual no ha hecho.
Funes ha dicho en reiteradas ocasiones que no ve oportuno la derogatoria de la amnistía, por medio de la cual quedaron fuera del alcance de la justicia crímenes, desapariciones y otros graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992).
De ese modo, el discurso del mandatario, se supone el primero de izquierda en el país, no varía en nada del esgrimido durante los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el último de los cuales fue derrotado en las elecciones de marzo del 2009.
El Canciller Martínez señaló además que el poder judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya ha dado su punto de vista y ha creado jurisprudencia sobre el asunto de la Ley de Amnistía en el sentido de que no es necesaria su derogación para la investigación de “algunos delitos graves”.
Por tanto, el gobierno, como ha declarado ya en varias ocasiones el Presidente de la República, Mauricio Funes, no va a realizar ningún esfuerzo explícito y decidido para la derogación de esta norma, sino que se va a limitar “a realizar los acercamientos y las indagaciones con los otros órganos del Estado”, según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.
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