Contra Punto-Alerta Roja

 Armando Salazar.07 de Junio. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR-La tormenta Ágatha puso al país en rojo. Y eso que el invierno apenas comienza. Vamos a ver si no estamos morados o negros (no lo digo por mi amigo) allá por Noviembre. Como siempre  seguimos siguiendo la seguidía de lo siguiente.
Pero la realidad es que el país y buena parte de la población vive en “Alerta ROJA” todos los días, como lo comentara atinadamente Monseñor Rosa Chávez hace unos días. El país y los sectores más empobrecidos viven cotidianamente en un arraigado “estado de emergencia”.
Es de interés público la decisión tomada por el presidente de la República, en consulta con el cuerpo del gabinete ministerial y ejecutivo, de la alerta roja y poco después el decreto del estado de emergencia nacional, que conllevó a poner de “alta inmediata” a todos los funcionarios y empleados públicos, suspender las actividades académicas nacionales y, principalmente por disponer de los recursos necesarios del gobierno, por decreto, para atender las emergencias. Es decir, un decreto para actuar rápido, para proporcionar asignaciones presupuestarias para problemas no solo eventuales, sino “enteramente ambientales” (no “medio”) de carácter estructural.
Es cierto que cualquier “otra gota de agua” puede convertirse en un desastre en el alma nacional, porque precisamente son los pobres los que habitan en la orilla de ríos, quebradas y barrancos, al pié de paredones y cerros o topográficamente en zonas de inundación.
Sin embargo, ya es hora, que el presente gobierno deje de ver estas calamidades permanentes como “algo natural” que ocurrió, que se hacen un par de proyectos habitacionales y, después, que todo siga igual con los planes y discusiones políticas de esta democracia que aún seguimos peroleando.
En otras palabras, este gobierno debe trabajar en los siguientes cuatro años por sacar a toda la gente que habita en este tipo de terrenos. Estudios, diagnósticos o planes hay hasta para tapizar una carretera.
El viceministro de vivienda, referente a la búsqueda de terrenos para hacer repoblaciones de familias en que habitan en zonas de alto riesgo, ha manifestado que es difícil encontrar terrenos “habitables”. El problema no es la “no existencia” de terrenos adecuados, porque los hay. El problema es que son de actual propiedad de “privados” o de medianos o grandes empresarios que estarían pidiendo especulativas cantidades de billetes. ¿Hay solución social?
El otro factor incidente son precisamente las obras de infraestructura, de servicios, drenajes y de protección que tendrían que realizarse en cualquier terreno, lo cual incrementa más o menos los costos de un proyecto. Sin embargo, dichos proyectos de vivienda, por ley tendrían que soportar siempre esa última y mencionada gota que rebalsaría el vaso.
Sin embargo, para ubicar la no existencia de terrenos habría que preguntarse ¿Hay alguna mansión construida a la orilla de una quebrada? No. Los mejores terrenos del país se los han apropiado, por experiencia. Y en esto, quizá habría que rastrear hasta en la época de la Colonia y de los inicios del cultivo del café, donde millares de familias indígenas y campesinas fueron despojadas de sus tierras comunales y ejidales.
Es por eso que es vital el esfuerzo institucional y de la sociedad entera de  la recuperación pública de nuestra Historia (no la difundida por oligarcas y gobiernos anteriores) y su memoria, porque todos somos paridos de sus entrañas, y siguen determinando en buena medida nuestras actuales y futuras relaciones nacionales internas.
Es por ello que es preciso identificar las reales causas de la vulnerabilidad a la que de forma permanente están aún sometidos millares de familias. Las instituciones de vivienda estatales en muchos casos han sido una manipulación para sostener una base política a los gobiernos, tanto a los beneficiados directos como a quienes se les ha seguido manteniendo con la esperanza de llegar a tener una bendita casita en su vida, como esfuerzo de toda una vida para heredarle a sus nuevas generaciones.
Las Ongs especializadas en construcción de viviendas populares y la cooperación internacional han contribuido muchísimo después de los terremotos, la guerra, los deslaves, etc. Sin embargo, no se ha logrado solucionar “todo”, y son los gobiernos los que siguen teniendo la principal responsabilidad de proveer de vivienda digna a quienes lo necesiten, por Constitución de la República. 
Sin duda, para las empresas y la clase media vehiculizada es importante o un leve respiro el bulevar Diego de Holguín. Sin duda es importante también para las empresas con vinculación interamericana y algunos núcleos campesinos la Longitudinal del Norte, financiada por los llamados fondos del milenio norteamericano. 
Créditos internacionales y fondos nacionales van para carreteras, sin embargo, los recursos destinados a vivienda popular decente (viviendas con estructuras sólidas, con servicios y espacios de interrelación sociocultural), al parecer, aún convocan muy poco a los créditos y la cooperación internacional.
Los ciudadanos no elegimos gobiernos para que éstos proporcionen caridad o asistencialismo mediático. Hay manifiestos intereses mayoritarios que no son coyunturales sino más bien estructurales, que reclaman un cambio, porque este país, tal como aún está organizado y legalizado, vulnera día y noche a la sociedad entera, sea invierno o verano. 
Solo por ejemplo, las descargas de agua ejecutadas por las presas hidroeléctricas que afectan a las comunidades del Bajo Lempa. La CEL debería de dar solución, porque tiene responsabilidad. ¿Se indemnizará a las familias, así como se les ofrecido a las familias afectadas por la depresión de El Picacho? 
Este gobierno tiene la oportunidad y 4 años para trabajar de la mano en una solución definitiva a estas familias. En estas comunidades del Bajo Lempa, la democracia y el desarrollo, no solo tendrán que pasar por las bordas que contengan al Río Lempa.
Se lanzaron toneladas de agua a un agrupamiento de comunidades que, aún viviendo en condiciones materiales limitadas, reubicadas y beneficiadas por el PTT (Programa de Transferencia de Tierras de los Acuerdos de Paz), han mantenido una ejemplar experiencia organizacional para irse desarrollando en lo social, en lo económico y cultural.
Este gobierno no resolverá  todas las vulnerabilidades del país. Pero debería de trabajar por eliminar esta amenaza a la población de forma definitiva a importantes núcleos sociales. Una solución estable y segura, que proporcione certidumbre habitacional, familiar y vecinal, para ya no declarar la mencionada “Alerta Roja”  por estas causas climáticas.

Alerta Roja