10 de Junio. Tomado de Diario Co Latino.
Diversas organizaciones comunitarias, religiosas, de derechos humanos y ecologistas, entre ellas la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, realizaron –del 31 de mayo al 4 de junio recién pasados– la I Semana Ambiental y la X Caminata Ecológica.
El evento incluyó un tribunal popular frente a la Corte Suprema de Justicia, para exigir la creación de los Tribunales Ambientales; la entrega de piezas de correspondencia al Parlamento, para pedir la aprobación de leyes de ordenamiento territorial, de agua, nueva ley de minería y reformas a la Ley de Protección Civil; y una caminata hasta Casa Presidencial, para demandar del Ejecutivo una política ambiental sustentable.
El evento responde a la profunda preocupación ciudadana por el grave deterioro ambiental que convierte a El Salvador en el país más vulnerable del mundo, según la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC), cuyo informe –presentado el 31 de abril de este año– confirma que el 87.7% del territorio nacional es zona de riesgos y el 95% de la población peligra sufrir algún desastre.
Datos igualmente críticos, sobre los recursos hídricos, revela el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN): el 92% de los ríos están contaminados y sólo del 11% de éstos puede potabilizarse el agua para consumo humano. A esto se suma la deforestación, contaminación del aire, desertificación del suelo, construcción de represas, efectos del cambio climático y otros problemas causados por las políticas neoliberales.
En tal sentido, los culpables de esta catástrofe ambiental son los gobiernos de ARENA. Sin embargo, el “gobierno del cambio” mantiene este sesgo anti ecológico, a pesar de las buenas intenciones de los titulares del MARN. Es decir, más allá de presentar diagnósticos, publicar estudios de impacto ambiental, ampliar el sistema de áreas naturales protegidas y anunciar una estrategia de tratamiento de desechos sólidos, el Ejecutivo evade las problemáticas ambientales estructurales.
Pero tal actitud no es sólo del Ejecutivo, pues las demás instituciones estatales son igualmente irresponsables con el medioambiente: la Asamblea, además de no aprobar las leyes antes mencionadas, eliminó la prohibición de los productos transgénicos y se apresta a ratificar el Acuerdo de Asociación con Europa que, como el CAFTA-DR y los acuerdos bilaterales de inversión, afectará el medioambiente.
De igual forma, la Corte Suprema de Justicia genera impunidad ambiental al posponer la instalación de los tribunales ambientales, necesarios para procesar a todos los depredadores del ecosistema. Y alcaldías, como la de San Salvador, tampoco hacen lo suficiente en las comunidades en riesgo del Área Metropolitana, ni en la descontaminación de la ciudad.
La política ambiental sustentable propuesta desde las organizaciones populares incluye acciones para descontaminar y proteger los recursos hídricos, gestionar los riesgos y prevenir desastres, prohibir la minería, no construir represas, promover energías alternativas, entre otras; y su implementación corresponde principalmente al Ejecutivo, pero es obligación de todo el Estado.
Por tanto, las organizaciones referidas esperan del Ejecutivo una política ambiental sustentable y participativa; del Congreso, el aval a los proyectos de Ley General de Aguas, y del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, de Ordenamiento Territorial y nueva Ley de Minería; de la Corte Suprema de Justicia, la creación de tribunales ambientales; y de las alcaldías, acciones para reducir vulnerabilidades.*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
Semana Ambiental* | 09 de Junio de 2010 | DiarioCoLatino.com - Más de un Siglo de Credibilidad
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