Escrito por Carlos Mayora Re. 16 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.
Nadie pone en duda que la educación es la solución para mejorar no sólo la economía, sino la calidad de vida en cualquier país. Como nadie pone en tela de juicio que su mejoría está en relación directa con los recursos humanos, materiales y económicos que se le destinen.
Sin embargo, parece que la realidad se empecina y se va por otras vías, pues muchos estudios no logran establecer una correlación fuerte entre recursos destinados a la educación y resultados académicos obtenidos. Al mismo tiempo que cada vez es mayor y más importante, la literatura que pone en el primer lugar de los factores que contribuyen a la calidad educativa a la familia y al ambiente en que crecen los estudiantes, muy por encima de los sueldos para los maestros, los recursos didácticos y la infraestructura escolar.
Ahora bien, suponiendo que la familia sea el factor clave, alguien podría argumentar que lo relativo a la vida privada de los ciudadanos no le compete al Estado, por lo que habría que hacer de lado este factor. Sin embargo, aunque es muy discutible ese punto de vista, aceptemos como hipótesis de trabajo que al Estado no le incumben esos temas.
Entonces, la respuesta clave es la que contesta a ¿cómo hacer más eficiente la inversión en los recursos que sí son controlables por el aparato estatal: leyes educativas, sueldos, infraestructura, capacitación de maestros, incentivos, etc.?
La experiencia en Latinoamérica indica que en esto de los recursos y su mejor aprovechamiento, es frecuente que aparezcan lo que los expertos llaman "problemas de agencia", que básicamente se originan en una disparidad de intereses entre las personas contratadas para llevar a cabo un proyecto, y quienes les contratan.
En muchos países, por ejemplo, el gremio de educadores controla desde hace muchos años los recursos. Los ascensos y aumentos de sueldo están muy regulados, las condiciones laborales en las escuelas están firmemente fijadas, los privilegios y derechos están muy bien establecidos, etc. Que es la causa de que las asociaciones de educadores, en general, estén más comprometidas en mantener el status quo que en la educación de los alumnos.
Esto ha llevado a buscar nuevas formas de hacer fructificar los recursos, tales como el pago de bonos por rendimiento, cheques escolares para los padres de familia de modo que puedan escoger en cuál escuela pública matricular a sus hijos, licitaciones competitivas tanto para las plazas de maestros como para puestos administrativos, establecimiento de competencia inter escolares y publicación de resultados, etc.
Sin embargo, ante la dificultad de la cuantificación y medición de los resultados educativos, muchos de esos programas han logrado ser esquivados por los poderosos sindicatos, dificultando aún más las cosas.
A fin de cuentas todos coinciden en que ni los recursos en sí, ni los incentivos por sí mismos, pueden lograr mejor calidad educativa, si no se cuenta con maestros con un alto grado de profesionalismo, optimismo, capacidad y compromiso.
Chile, Colombia, México, Brasil, Argentina, Ecuador, Jamaica, Nicaragua y El Salvador han ido optando por sistemas de incentivos económicos a las familias, cuyo objetivo es mejorar la asistencia escolar, pero el impacto final de esas inversiones en la calidad educativa todavía no se ha logrado establecer.
Recursos e incentivos, capacitación, educación de los educadores, subsidios a las familias, políticas y mecanismos bien diseñados para medir resultados vienen a ser los elementos infaltables en cualquier reforma educativa exitosa. Pero ninguno de ellos por sí mismo, como tampoco la mezcla perfecta de todos, tendrá éxito mientras no se cambien ciertas mentalidades de enquistamiento en el sistema que son típicas de muchos países latinoamericanos.
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