Contra Punto-Transparencia electoral y financiación de los partidos políticos

Escrito por Óscar A. Fernández O. 14 de Enero. Tomado de Contra Punto.

La ausencia de una rendición de cuentas al público, por parte de los partidos políticos, de los dineros gastados en la campaña electoral, ratifica sin cortapisa el profundo deterioro del sistema político y de lo que pudieron ser hasta ahora, nimios intentos de democratización.

SAN SALVADOR-El urgente rediseño de un sistema electoral más transparente, que represente fielmente y en la práctica, una visión democrática efectiva y funcional, es sin duda, una necesidad impostergable, para garantizar una decisión consciente y racional de los ciudadanos con respecto a quienes los han de representar.
Después de advertir, padecer y comprobar de distintas maneras, el colosal fraude que desarrolló el ex oficialista partido derechista –ARENA- en las últimas elecciones en las que fueron derrotados, resulta urgente y primordial analizar el papel de los partidos tradicionales desde el punto de vista de sus mecanismos de financiación y su capacidad de inversión de capital en el diseño y promoción de una campaña sustentada en el miedo y la mentira.
Sin ninguna objeción, la ausencia (o mejor dicho, ocultamiento doloso) de una rendición de cuentas al público, por parte de los partidos políticos, de los dineros gastados en la campaña electoral, ratifica sin cortapisa el profundo deterioro del sistema político y de lo que pudieron ser hasta ahora, nimios intentos de democratización.
El principio democrático y transparente que ha de regir la financiación de los partidos, como en países verdaderamente civilizados, es el de la equidad entre los mismos, que en palabras del contrato social guarda estrecha vinculación con los postulados  de la universalidad e igualdad de las elecciones, los cuales llevan a su vez la impronta del principio de la  democracia. De aquí que la equidad sea estricta y formal en este ámbito, de igual manera que en la igualdad de trato reservada a los electores, garantizada precisamente por los postulados de universalidad e igualdad. “Esto acarrea que también el principio de igualdad de oportunidades de los partidos políticos debe aplicarse en un sentido estricto” (Pilar del Castillo. Financiamiento de partidos y candidatos)
Es necesario y urgente, como han admitido varios legisladores, reformar la normativa sobre financiamiento de los partidos, introduciendo las pertinentes respuestas a los problemas que en esta materia, existen en nuestra realidad.
Habría que decretar la Ley que regule la vida de los Partidos Políticos, en dónde se tiene que impulsar la praxis del principio de igualdad de oportunidades o equidad, eliminando el trato desigual en la subvención estatal (deuda política) en función del número de curules y votos obtenidos por cada partido político en cada elección.
Estos criterios se siguen teniendo en cuenta para otorgar las subvenciones públicas por gastos electorales y no parece justificada su utilización de nuevo para el reparto de las cantidades destinadas a los costes de funcionamiento ordinario.
En segundo lugar, habría que tener una correcta equiparación. Así se estimularía el arraigo y presencia social de los partidos y su independencia, con respecto de grupos sociales y sobre todo con respecto del Estado. Es necesario, no obstante, que el control y la rendición de cuentas de los dineros privados, también deben estar sujetos al control del Estado y al público en general, con una función precisa de accountibility establecida por una norma específica y detallada.
Además, deben adoptarse ciertas precauciones en este proceso de equiparación entre la financiación pública y privada con el fin de que el pretendido arraigo de los partidos políticos en la sociedad civil no sea más un instrumento privilegiado a ciertos partidos, en atención al perfil socioeconómico de su electorado, como el caso de los grandes empresarios salvadoreños que financian a ARENA y otros dineros que sin control entran y se gastan en cantidades desorbitantes, los cuales presuponen, en tanto práctica histórica, compromisos y favores espurios, “contra factura”.
En este rubro podría resultar suficiente el establecimiento de unas cantidades máximas a los fondos del financiamiento privado. Si la limitación cuantitativa se considera imprescindible, para asegurar la vigencia del principio de igualdad de oportunidades entre los partidos, no se debe consentir ninguna excepción a partir de la naturaleza jurídica que tenga la entidad que desembolsa la aportación. Y, por supuesto como insistimos, cualquiera que sea el origen de las donaciones, no deben quedar en ningún caso sustraídas al correspondiente control a cargo de la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, que deberá repensarse como  un nuevo órgano de Estado para reforzar la democracia.
En tercer lugar, es conveniente suprimir cualquier práctica corrupta en la que los dineros de las instituciones estatales sean invertidos en algunos partidos políticos, sobre todo en el que solemos llamar partido oficial.
Es válido concluir, entonces, que como resulta fácilmente comprensible, de esta normativa sobre financiación e igualdad de oportunidades de los partidos políticos, depende en gran medida el sustancial avance de la democracia y el rediseño de nuestro viejo y ya corrompido sistema político, paso insoslayable para re-legitimar la forma de gobernar para el pueblo, por lo que no deben escatimarse esfuerzos en dotarla de un significado plural y equitativo.
Para mayor coherencia al funcionamiento de los partidos políticos, sería aconsejable la existencia de una única ley, de carácter orgánico, dónde se incluya toda la disciplina legal en materia de organización, funcionamiento y financiación, como sucede ya con leyes de esta naturaleza en las democracias más avanzadas, transparentes y civilizadas.

Transparencia electoral y financiación de los partidos políticos