Consideramos que, en este como en todos los otros puntos que atañen directamente al interés nacional, lo que habría que lograr es una integración de esfuerzos; y la institucionalidad tendría que dar las señales para ello e impulsar las iniciativas conducentes.
Escrito por Editorial.08 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.
La seguridad ciudadana sigue estando, y de seguro lo estará por mucho tiempo, en la primera línea de la preocupación ciudadana, y no es para menos: la delincuencia se multiplica, y, aunque haya altibajos en su medición estadística, lo cierto es que la sensación de inseguridad no baja de intensidad, con los efectos erosionadores que eso tiene sobre la actividad nacional, en sus distintos campos. Todos, quién más quién menos, vivimos la angustia de este estado de cosas, y lo natural es que el primer señalamiento recaiga sobre la institucionalidad encargada de responder ante tan agudo y desestabilizador fenómeno.
No es de extrañar, entonces, que vayan surgiendo en el ambiente opiniones, ideas y hasta propuestas sobre lo que habría que hacer y cómo. La institucionalidad parece más bien a la defensiva, y para más se molesta cuando se le dice. Consideramos que, en este como en los otros asuntos que atañen directamente, de una u otra manera, al interés nacional, lo que habría que lograr es una integración de esfuerzos; y la institucionalidad tendría que dar las señales para ello e impulsar las iniciativas conducentes.
Frente a esta grave problemática hay multiplicidad de enfoques, y eso es normal. Por ejemplo, durante el más reciente Foro Político de LPG, en lo referente al punto del control real de armas de fuego el Fiscal General opinó que, de hacerse, tendría que ser gradual; el diputado Almendáriz, del PCN, indicó que, en tanto el Estado no dé seguridad, el desarme dejaría a los ciudadanos a merced de la delincuencia; y el politólogo Óscar Godoy dijo que lo importante es que dicha medida esté dentro de una política seria de seguridad. Opiniones van y vienen, pero la institucionalidad oye muy poco.
Actuar con el debido realismo
Es la misma realidad, con su cúmulo de problemas sin resolver, la que impulsa cada vez más hacia los enfoques y las estrategias realistas. El realismo choca con frecuencia con las aspiraciones de imagen que parecen obsesionar a los políticos, y eso complica más las cosas. Tal complicación se vuelve mayor cuando las condiciones del fenómeno real acarrean una carga excepcional de desafíos, como ocurre justamente en este momento. Pero se llega a un punto –y nosotros ya llegamos a ese punto– en que no hay evasiva que valga: o se hacen las cosas como deben ser hechas o la realidad desbarata todo lo que se haya querido hacer sin atender a sus llamados.
Habría que superar de inmediato cualquier pretensión de protagonismo. En primer término, los entes estatales encargados tendrían que sentarse juntos a repensar toda esta temática para sacar líneas de acción compartidas. Así no sólo se evitaría el recurso fácil de estarse “tirando la pelota” –“la Policía no funciona como se debe en el terreno, la Fiscalía no investiga bien, los jueces son blandos con los delincuentes, etc.”–, y además se pondría la experiencia de cada uno al servicio del proyecto común necesario.
Además, se tendría que poner el problema en su conjunto por encima de cualquier otro interés distinto al de hacer que los esfuerzos sean los requeridos y tengan resultados. Es decir, sacar la seguridad del ámbito enrarecido de la política. Empezar al fin a ver las cuestiones estructurales en su verdadera dimensión nacional.
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