Los “representantes del gobierno”, sea municipal o central, cuando se sientan no deben olvidar que responden y deben responder por el interés de la mayoría, de esa mayoría que les ha confiado la administración de los recursos en el marco de la ley.
Escrito por Sandra de Barraza.18 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Mesas de diálogo van, mesas de diálogo vienen. Caras y nombres van y caras vienen. La rotación es alta aunque la razón de sentarse no sufre alteración alguna. De espacios concretos para compartir, las mesas de diálogo se han convertido en espacios para plantear demandas. Y peor... se han convertido en espacios para exigir que se tome la decisión esperada, aunque afecte a la mayoría y atente con la ley. Esta es la norma. Si no se logra someter al que se tiene enfrente, se procede a la eterna amenaza de “tomar medidas de hecho”, se quiebra la mesa y se sale dando portazos a diestra y siniestra. En esto se han convertido las mesas de diálogo, en espacios para alterar el orden, para irrespetar la ley y debilitar la institucionalidad. Y luego, ¡los tenemos en la calle!
¡Qué exagerada! puede decirme. Pero los casos de nuevo ingreso en la UES, del ordenamiento en las ciudades principales, de transporte público y otros, son ejemplares de “mesas de diálogo”. Se sientan actores con diferentes intereses, con diferentes atribuciones y responsabilidades y con expectativas diferentes. Usualmente se sientan en la “mesa de diálogo” aquellos que creen tener “intereses contrapuestos”. Unos se sientan en la mesa porque se “sienten” afectados en sus “derechos”. Otros se sientan porque la ley les otorga competencias en el tema y con esto no tienen alternativa. Se sientan o se sientan, pero las relaciones no son de igual a igual. Aunque estén sentados en la misma mesa y a la misma altura, no tienen las mismas responsabilidades. Y esto los políticos partidarios y los defensores de los derechos humanos lo olvidan a su conveniencia.
En las llamadas “mesas de diálogo”, que cualquiera esperaría que fueran para compartir información, conocimiento, experiencias, expectativas, sueños y esperanzas; que fueran espacios para sensibilizarse y desafiar la creatividad; que permitieran mejorar la capacidad de tomar decisiones oportunas y acertadas, se sientan personajes de personalidades diferentes, y más importante, se sientan actores con sustanciales diferencias en el espacio de su interés y responsabilidad. Los “representantes del gobierno”, sea municipal o central, cuando se sientan no deben olvidar que responden y deben responder por el interés de la mayoría, de esa mayoría que les ha confiado la administración de los recursos en el marco de la ley.
Pero de un lado, en las “mesas de diálogo” se sientan los que se sienten “afectados”. Aquí empieza el problema porque todo aquel que se siente afectado quiere hacer prevalecer sus derechos adquiridos en la calle, a la fuerza. No recuerdan lo que dice la ley pero lo primero que aducen es la supervivencia y, ahora, la supervivencia de sus empleados. La supervivencia se ha convertido en la “justificación” para cualquier cosa. Y al otro lado de la mesa (al otro lado del ring), obligan a sentarse a quienes responsabilizan de decisiones que disminuyen la probabilidad de sobrevivir o aumentan, pareciera, las probabilidades de morir. De ese lado de la mesa, se sientan usualmente los funcionarios y empleados públicos, esos que tienen la responsabilidad, insisto, de velar por el bien común de todos. “Se estila” la mediación de la Defensoría de los Derechos Humanos, que también debe velar por el desempeño institucional acorde a la ley. Pero... ¿cuál institucionalidad? ¿Cuál autoridad? Son las preguntas porque allí prevalece la creencia de que la “autoridad” existe mientras acata, responde y satisface intereses particulares. Y esta es la rueda de caballitos de nunca acabar.
¡Ninguna economía crece y se desarrolla con una “competencia” informal creciente! ¿Quién puede competir con los informales? Para el caso, la Pupusería Margoth sobre la avenida Chiltiupán, tiene costos vinculados con salarios, prestaciones, servicios de agua, seguridad, electricidad, recolección de basura, teléfono, con mantenimiento y otros. Si a cualquiera se le ocurre sacar una plancha y ponerla frente al parqueo para vender pupusas ¿compite en igualdad de condiciones? No. Y si la alcaldía de Santa Tecla deja que en este espacio se multipliquen las pupuserías informales justificando supervivencia ¿se compite en igualdad de condiciones? No. Si esto sucede, seguramente esa sucursal de la Pupusería Margoth, terminará cerrando y esto afecta el empleo decente.
Esto pasa en todas partes del país. Los negocios formales, esos que generan empleo decente, tienen una competencia con la que no se puede competir porque no están en igualdad de condiciones. Los municipios deben trabajar para hacerse atractivos a la inversión privada y esto pasa por ordenar las actividades productivas en el territorio bajo su jurisdicción. ¡Qué tarea!
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