Las vidas de un periodista en Honduras, la esposa de un legislador en Ecuador, un sindicalista en Colombia y un médico en Panamá han tenido un fin común en semanas recientes a manos de asesinos a sueldo, una modalidad criminal que ha crecido raudamente en América Latina y que desafía los sistemas nacionales de seguridad pública.
Escrito por Ricardo Trotti .10 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.
El sicariato o asesinato por encargo ya es un fenómeno regional que desvela no solo a presidentes como Álvaro Uribe, Felipe Calderón o Alan García. También es tema relevante en los discursos de Rafael Correa, Laura Chinchilla, Porfirio Lobo y Ricardo Martinelli; así como foco de editoriales en La Nación de Buenos Aires o Listín Diario en Santo Domingo.
La expansión del crimen organizado y sus delitos conexos, como el narcotráfico, ha aumentado la demanda por matones a sueldo, servicio que se oferta por internet hasta con tarifas de promoción. En Honduras un Observatorio de la Violencia contó 1,719 víctimas de sicariato en 2009; en la ciudad colombiana de Cartagena, donde se inauguró una línea telefónica para denunciar homicidios por encargo, se registró esta semana la víctima número 60; mientras el gobierno estatal de Táchira, en Venezuela, ya contabilizó 285 casos de sicariato este año.
El desafío mayor es que la violencia y la falta de una respuesta eficaz del Estado no solo amenazan la seguridad ciudadana, sino también la gobernabilidad democrática de la región. Latinoamérica posee los índices de criminalidad más altos del mundo.
Esto es justamente lo que busca evitar el gobierno de Correa en Ecuador, desafiado a actuar tras el aumento del sicariato en ciudades importantes como Guayaquil, donde el 63% de la gente teme ser víctima de sicarios según sondeos recientes. No solo se está reglamentando el uso de motocicletas –vehículo típicamente usado por sicarios– como en Honduras, sino también creando unidades élites de policía, buscando cooperación con Francia y Colombia, a la vez que se promueve una reforma legal para tipificar el delito agravado de sicariato en el Código Penal.
Estas políticas más rígidas, que también figuran como estrategia del gobierno panameño, están reñidas con estándares interamericanos de derechos humanos. En su informe de mayo sobre Seguridad Ciudadana, la CIDH pide pasar de políticas públicas represivas a preventivas para combatir el crimen.
Por otra parte, se citan las evidencias de que el uso de fuerza militar para combatir el crimen suele acarrear violaciones a los derechos humanos, como se denuncia en México, Colombia o El Salvador. Y que medidas más punitivas pondrían en jaque a los frágiles sistemas carcelarios, como el de Guatemala, que colapsaría en caso de tener que absorber más reos, aun considerando solo una pequeña porción de los 150 mil pandilleros en el país.
La encrucijada no es fácil. El desafío es qué hacer con tanto delincuente, cómo evitar que sus cárceles sean escuelas del crimen; qué hacer con las leyes, porque las que se tienen no sirven y las que se quieren promulgar no se recomiendan.
Lo que sí va quedando claro es que debido a la globalización del crimen no puede haber reacciones individuales, sino respuestas integrales basadas en la cooperación internacional. En el diálogo sobre seguridad de fines de mayo entre Estados Unidos y los países del Caribe se habló de responsabilidad compartida, medidas preventivas más allá de la respuesta policial y militar, intercambio de información, entrenamiento policial y reformas judiciales.
Sin embargo, para que sea viable este nuevo enfoque de cooperación internacional contra la delincuencia y el sicariato se deben enmendar las relaciones diplomáticas rotas o débiles en un continente todavía jironado y dividido por las ideologías de turno. Y esto constituye un monumental desafío para los gobiernos latinoamericanos.
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