Mauricio Alfredo Clará.10 de Junio. Tomado de El Diario de Hoy.
En los dorados tiempos de nuestros abuelos, la libra de maíz --precioso cereal-- no valía más de cinco centavos de colón, pero en cierto momento crítico para el país alcanzó la increíble suma de un colón, y en tanto perduró aquella situación angustiosa, la expresión "sigue el maíz a peso", adquirió connotaciones no sólo sociológicas sino hasta políticas, como en la actualidad con la tormenta perfecta en la que aparecen: la catástrofe financiera provocada por la estafa de las empresas en el mercado crediticio y de valores bursátiles; el encarecimiento programado por los productores y distribuidores de petróleo y sus derivados; la globalización y fortalecimiento local del crimen organizado, estimulado internacional y nacionalmente con legislaciones propiciatorias de la impunidad, camufladas por una política de derechos humanos; la práctica de políticas gubernamentales como la de diciembre del año pasado, de dejar cesante a personal dotado de capacidad y experiencia en sus labores, para llevar incapaces pero anuentes a su ideología política o, por rencores personales en venganza de insatisfacciones. Ante todo eso, es apropiado afirmar: que sigue el maíz a peso.
En efecto, entre los ecos resonantes del primer aniversario de la actual administración ejecutiva central y descentralizada, se destaca el clamor de las familias privadas de su empleo o trabajo, que habían adquirido el derecho a la estabilidad laboral, a partir del decreto que reformó la Ley de Servicio Civil aprobado por la Asamblea Legislativa en mayo del año pasado, al ser incorporadas a la carrera administrativa.
Consiguientemente, las cesantías ordenadas son nulas absolutamente, violan la Constitución, al carecer de facultades legales los funcionarios que las ordenaron, asumen responsabilidad personal cuasi-delictual conforme al Código Civil y, el Estado deberá responder supletoriamente en su momento, asunto que lesiona innecesariamente a la Hacienda Pública por actuaciones directas de aquellos funcionarios, que la Corte de Cuentas está obligada a vigilar expresamente, de acuerdo con la Constitución .
A este respecto el supuesto memorándum presidencial se queda corto, pues sin debido proceso los despidos o cesantías decretadas ejecutivamente, por su invalidez absoluta por mandato constitucional y legal, debió incluir el pago de los sueldos y daños y perjuicios. Los sueldos por su privación arbitraria, y los daños y perjuicios por la pérdida patrimonial y lucro cesante de cada persona perjudicada. Amén de destituir a los infractores.
Otro clamor ciudadano involucra no sólo a las victimas sino a la población honrada y trabajadora, asunto que viene desde la vigencia de la afamada reforma penal congraciada por el Ministerio de Justicia, Cortes, embajadas, algunas ONG, sin interesarles corregir los terribles defectos de una legislación que incluso, incurre en la mentira, como al afirmar que la acción penal pública de oficio será ejercida por el fiscal en los casos de los delitos que determina el Código Procesal Penal, y luego no los determina; como al afirmar que la dirección de la investigación del delito corresponde exclusivamente al fiscal y luego afirma que la PNC podrá proceder a investigar por iniciativa propia, y por último, en esta vía ejemplar, se afirma que la instrucción recoge todos los elementos probatorios para fundamentar la defensa y la acusación, para luego afirmar que no y la limita a la validez sólo de algunos elementos; lo que nos acredita estar ante un Código: "Mentiroso mentiroso, CÓDIGO MENTIROSO".
Como en uno y otro clamor la situación no mejora ni se reconocen los derechos violados, ni se enmiendan como corresponde, y por otro lado, la impunidad profundiza sus raíces a complacencia de quienes dicen administrar justicia, no queda otra cosa que decir: SIGUE EL MAIZ A PESO...
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