EDH-Editorial-Salvadoreño: tu voto vale cada vez menos

 Las fuerzas vivas de este país deben unirse en el rechazo de lo que está transformándose en un desplome de la institucionalidad, de la decencia, de la moral, del sistema democrático y del Orden de Derecho

Editorial.22 de Junio. Tomado de El Diario de Hoy.

 

Si un diputado se vende sin sufrir graves consecuencias, los salvadoreños podemos esperar lo peor, entre ello lo siguiente:

--Lo primero, que la democracia de la que nos enorgullecíamos, está agonizando. En lugar de democracia hemos caído en un colosal fraude en que los candidatos se postulan por un partido para luego traficar con sus curules;

--lo segundo, que si los diputados se venden, también van a vender sus votos para cada ley que se proponga en la Legislatura;

--lo tercero, que el poder "del pueblo" está cayendo en manos de los únicos tres grupos que tienen el dinero para gastar millones en la compra de diputados: los corruptos, el crimen organizado y Chávez;

--cuarto, que si los diputados se venden, más y más funcionarios y figuras públicas van a corromperse. Las estructuras del Estado irán transformándose en cadenas de tráfico de influencias y grupos de chantaje.

La única posibilidad de detener este repugnante derrumbe moral e institucional es que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial declaren nulos los fraudes perpetrados por individuos que se presentan como miembros de un partido para luego disponer de las curules como suyas.

Hay un claro y criminal engaño a los salvadoreños, que votan convencidos de que su voto vale, que ese voto les protege y que el partido y los candidatos de su preferencia van a honrar la voluntad expresada en las urnas.

No se conviertan en cómplices del fraude

El fraude, que es vender lo falso, engañar para lograr un objetivo, mentir, simular, entregar algo distinto a lo que se ofreció, es penado por la ley. Un socio que conscientemente no cumple con lo pactado, el comerciante que sabiéndolo vende artículos defectuosos o que no entrega las cantidades estipuladas en un acuerdo de venta o un contrato, tiene que resarcir a los que cayeron en la trampa. La sola idea de la Defensoría del Consumidor y pese al errado montaje que le dio vida, existe precisamente para perseguir el fraude, para evitar que a la gente se les prometa oro y se entregue hojalata, que no le respondan cuando no se cumple con lo acordado.

Si las leyes protegen a los que compran un electrodoméstico defectuoso, ¿cómo va a desamparar a una nación entera a la que politicastros inescrupulosos estafan con ofrecimientos que luego no cumplen?

¿Cómo es aceptable que un grupo de politicastros se robe impunemente lo que los partidos que los postularon invirtieron en ellos, comenzando con certificarlos como confiables?

Hay sumas muy importantes destinadas a propaganda, a movilizaciones, al trabajo logístico, al sostenimiento de los partidos mismos, que roban los que cambian bandera. Pero lo peor, como decimos, es el engaño a la gente y el escarnio y burla que se hace del sistema democrático que tanto ha costado levantar y mantener.

Las fuerzas vivas de este país deben unirse en el rechazo de lo que está transformándose en un desplome de la institucionalidad, de la decencia, de la moral, del sistema democrático y del Orden de Derecho. Cuando un poder público se corrompe, corresponde a los dos otros poderes, el Ejecutivo y el Judicial, aplicar los correctivos que sean necesarios para impedir un naufragio total. El Ejecutivo debe investigar, la Corte admitir y reconocer las demandas presentadas. No hacerlo es ser cómplice.

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