Las autoridades son indagadas por retardo de justicia, resoluciones parcializadas e irregularidades en procesos penales, entre otros. Fiscales y defensores coinciden en señalar que la oficina de Investigación Judicial desarrolla un rol pasivo en la indagación de irregularidades de jueces.
Jaime López. 20 de Junio. Tomado de El Diario de Hoy.
Los jueces no son infalibles a errores, faltas o delitos; con frecuencia éstos son señalados por abogados defensores, querellantes o familiares de víctimas quienes se han visto afectados con sus resoluciones.
Actualmente hay 647 denuncias con un expediente abierto en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra diversos servidores judiciales en todo el territorio nacional.
No precisan el área laboral en que éstos prestan sus servicios, pero estiman que son más de los Juzgados de Paz y de Primera Instancia por haber más tribunales de estos en el país, más de 400 en total. Aunque en proporción menor, también hay magistrados de cámaras, jueces de sentencia, de lo Civil, Mercantil y Vigilancia Penitenciaria. Hay casos en que un sólo juez ha acumulado ocho denuncias en su contra. En general desde 1995 a la fecha, se han tramitado 2,905 demandas y de estos 2,260 casos han sido resueltos.
Razones de investigación
Los operadores son cuestionados por diferentes causas como inadecuado comportamiento en sus funciones, tardanza en sus resoluciones, irrespeto a los plazos legales establecidos, parcialización en sus resoluciones, notificaciones fuera de tiempo, así como mala administración en sus despachos.
"En estos casos se indaga para verificar si ha habido negligencia, dolo o imprudencia en la emisión de sus resoluciones, que pueden resultar en hechos inmorales o ilegales", manifestó el magistrado de lo Penal de la CSJ, Ulices del Dios Guzmán.
Aclaró que no siempre el atraso en sus resoluciones es por negligencia sino por exceso de trabajo, lo cual no sería problema del operador de justicia, sino de la Corte Suprema de Justicia.
A criterio del magistrado, Investigación Judicial debería actuar de oficio y no sólo por denuncia. "Cualquier persona que se sienta afectada u ofendida por un juez debería denunciar, pero la mayoría de las investigaciones inician por demanda de la parte ofendida", afirmó el magistrado.
La función de esta oficina es tramitar, depurar y elaborar una propuesta de resolución del caso. Una vez que el departamento recibe la denuncia, convoca a audiencia al implicado para exponerle la situación y las pruebas que hay en su contra, a quien luego de escuchar, se abre a prueba, se ordena la elaboración de un proyecto que finalmente se entrega al presidente de la CSJ.
El presidente de la Corte está facultado para modificar la propuesta, cambiarla o aceptarla; de ser el último caso, la propone en Corte Plena para que esta emita sentencia.
El magistrado Guzmán aclaró que no todas las irregularidades son competencia de Investigación Judicial.
Los juzgadores también son demandados por peculado, actos arbitrarios, cohecho propio o soborno, concusión o pedir dádivas a cambio de ofrecer un beneficio, procesos que en vez de ir a Investigación Judicial se remiten a la Fiscalía General de la República.
Para el caso de los jueces de Paz, Primera Instancia, Instrucción o Sentencia, debe antes pasar por un antejuicio, proceso en el que los magistrados de la CSJ conocen la petición y los fundamentos de la denuncia y por votación deciden levantarle la inmunidad para que sea enjuiciado. A los magistrados de CSJ, la decisión corresponde a los diputados.
Aunque parezca ágil el proceso, éste en la práctica se vuelve engorroso y a veces tarda años en resolverse. "Creo que institucionalmente la CSJ tiene problema en la unidad para tramitar los casos disciplinarios contra los jueces; este campo ha sido desatendido y descuidado por varios años", manifiesta el magistrado de la Sala de lo Penal.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, señala que la Corte Plena tiene un grave retraso para resolver diferentes casos, entre los que hay de abogados y jueces, y que algunos datan de hace 15 años.
Los jueces, abogados y fiscales coinciden en que el Departamento de Investigación Judicial no funciona y es inoperante. El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, afirmó que en este tema hay que hacer la diferencia entre el "antes y el después del cambio" de jefatura del departamento en mención, hace menos de un año.
Explicó que, antes, la oficina no funcionaba bien "porque, cómo era posible que tenían un expediente abierto tres, cuatro y hasta cinco años y sin resolver". Después del cambio, a juicio de Arévalo Ortuño, el departamento ha mejorado y se ha visto reflejado con la resolución de varios casos atrasados.
El fiscal Hugo Ventura criticó el rol pasivo de esta oficina al no investigar ni sancionar los ilícitos de estos profesionales. Dijo que estos funcionarios emiten algunas resoluciones que van contra la ley y nadie los cuestiona.
La abogada Fredesvinda Álvarez criticó la tardanza con la que esta oficina responde una denuncia, sin plazos, lo que crea desconfianza en el gremio y desestimula la denuncia. A su parecer, éstas deberían tramitarse en 72 horas.
elsalvador.com :.: Corte tramita 647 denuncias contra jueces
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