Luis Armando González.02 de Junio. Tomado de Contra Punto.
De lo que se trata, entonces, es de diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas expresamente a atacar frontalmente las condiciones que generan vulnerabilidad.
SAN SALVADOR-Algún día –esperemos que no muy lejano— se medirá la gestión pública por lo que verdaderamente importa: por su capacidad para incidir positivamente (o no) en las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad salvadoreña, especialmente de los grupos humanos para los cuales esas condiciones son ciertamente críticas.
Nos hemos acostumbrado tanto a esa vulnerabilidad extrema –naturalizándola, como antes de naturalizó la pobreza o como se naturalizaron las desigualdades— que no nos sirve de criterio para nada, sino sólo para lamentarnos una y otra vez –lamento que tiene su contraparte en el amarillismo mediático que busca la autopromoción a costa del dolor humano— de las tragedias que año con año golpean a los mismos de siempre o a quienes les sobreviven después del última inundación o el último terremoto.
No faltan tampoco las promesas de siempre, sobre todo la más socorrida en boca de funcionarios de alto rango: que la tragedia de ahora no se repetirá jamás, porque esta vez sí el supremo gobierno de la República, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y del sector empresarial más responsable, se compromete a no permitir que tragedias semejantes se vuelvan a repetir…
Pero al año siguiente la tragedia se vuelve a repetir, porque el supremo gobierno (y los partidos políticos y el sector empresarial más responsable) no hizo lo que le correspondía hacer para cumplir su promesa, una promesa hecha quizá –de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno— con las mejores intenciones.
Así suceden las cosas en El Salvador. Así ha sido en el pasado; y nadie puede presumir –por muy optimista que sea— que en el mediano plazo las cosas serán distintas. Y es que las cosas no pueden ser distintas mientras no se ataquen las condiciones económicas, ambientales y culturales que generan vulnerabilidad, es decir, que hacen posible que sectores sociales significativos estén expuestos –en situación de indefensión y de riesgo— al impacto negativo de fenómenos naturales y socio-naturales.
La incidencia en esas condiciones, de forma que dejen de ser generadoras de vulnerabilidad, es clave para evitar que las tragedias de siempre se sigan repitiendo. No es un asunto de buenas intensiones ni de promesas hechas al calor de una situación de crisis particular; no se trata de improvisar o de pretender que los colores de las alertas son suficientes para prevenir las amenazas a comunidades en riesgo. No basta tampoco con dar refugio (en albergues) a quienes tienen que dejar sus lugares de habitación mientras dura la emergencia, pero a los que retornarán una vez pasada la amenaza del momento.
Nada de eso está mal y no hacerlo sería el colmo, pues es lo mínimo que se espera de las autoridades de gobierno. En El Salvador muchas veces se ha fallado incluso en eso que es mínimo; de ahí la secuelas de dolor y de pérdidas humanas irreparables dejadas regularmente por terremotos, inundaciones o deslaves. Pero se tiene que ir más allá de lo meramente reactivo; esto es, se debe avanzar en serio hacia lo preventivo.
De lo que se trata, entonces, es de diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas expresamente a atacar frontalmente las condiciones que generan vulnerabilidad. Entiéndase: políticas públicas, no medidas improvisadas (dictadas por la emergencia); políticas públicas, no asistencialismo bienintencionado, pero falto de asideros institucionales-estatales y de compromiso con los derechos humanos fundamentales.
En un país como El Salvador esto es lo único que debería contar a la hora de evaluar el desempeño de un gobierno. Claro que así sería si lo que en verdad importa fuera criterio de evaluación de una gestión estatal-gubernamental. Lamentablemente, no es así: lo superficial sigue siendo –y seguirá siendo durante mucho tiempo— lo decisivo para enjuiciar a quienes tienen en sus manos las riendas del gobierno.
Por ello, atacar las condiciones de vulnerabilidad pareciera no ser importante para nadie; y es que, además de costoso, generaría conflictos con quienes se benefician (y se han beneficiado históricamente) de la vulnerabilidad de los sectores populares. ¿Y quién quiere conflictos con los poderosos? ¿Y quién se atreve a insinuar que los males de la sociedad salvadoreña son estructurales?
Ni modo. Mientras que la gente pobre vive sus tragedias año tras año sin que cambien sus condiciones de vida y sigue con su vulnerabilidad a cuestas, en los círculos de poder –y de quienes dicen que son los críticos del poder— se impone lo políticamente correcto, en los gestos y las palabras. Porque de lo que se trata es que nadie se sienta ofendido… No vaya a ser que, por esos giros de la rueda de la fortuna, se esté en algún momento en desventaja. Nunca se sabe.(*) Analista y Columnista de ContraPunto
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