Se pretende criminalizar a las pandillas, un ejército de 20,000 jóvenes desalmados que han hecho del crimen y la violencia su forma de vida. Organismos de derechos humanos se oponen a la medida.
Por Juan José Dalton / Edgardo Ayala.24 de Junio. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - El presidente Mauricio Funes anunció este miércoles varias medidas represivas en contra de las pandillas, autoras de actos de violencia como los ocurridos el pasado domingo cuando dos unidades del transporte colectivo fueron, una incendiada y otra ametrallada, con un saldo de 18 muertes y 12 heridos de gravedad.
Funes dijo que ha instruido al ministerio de Seguridad, Manuel Melgar, para que presente a la mayor brevedad ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de criminalización de las pandillas o maras, que se encuadre en el marco de la Constitución.
“Esta ley –que permitirá considerar como delincuentes a los integrantes de las pandillas- ayudará a la eficacia de la labor policial frente al accionar de estas bandas”, recalcó Funes.
Duro contra las pandillas
La medida anunciada trajo a la memoria las políticas de “Mano Dura” impuestas contra esos grupos por gobiernos pasados, durante las administraciones de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El mandatario no elaboró mucho sobre su plan de criminalizar a los pandilleros, que forman un ejército de 20,000 miembros, según las cifras dadas por Funes. Pero el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, dijo que la idea es penalizarlos sin que necesariamente se les comprueben otros delitos.
“La idea es criminalizar la sola pertenencia a las pandillas, sin necesidad de probar otros delitos”, dijo Campos, en la misma conferencia de prensa.
Pasaba en el pasado que la ley antimaras, impulsada por el entonces presidente Francisco Flores, daba luz verde para que la Policía detuviera a los pandilleros solo por aparentarlo (por su vestimenta o por sus tatuajes), pero los detenidos casi siempre terminaban libres posteriormente porque los jueces no encontraban evidencia de que cometían algún tipo de delitos a la hora de ser capturados.
Al parecer, la medida pensada por Funes y sus asesores pretende atajar ese hueco, aunque no estará exenta de críticas sobre todo por todo el antecedente negativo de las leyes antimaras de gobiernos pasados.
La Corte Suprema de Justicia dictaminó en 2004 que la ley antimaras era inconstitucional.
El subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, dijo que estarían a la espera del anteproyecto de ley para saber los detalles de la medida y conocer qué es lo que el Ejecutivo está entendiendo por criminalización de pandillas.
Pero como de alguna manera la iniciativa recuerda a las políticas de Mano Dura, Menéndez Leal dijo que esas no fueron eficaces. Pero tampoco descartó que en algún momento habrá que combinar la represión con la prevención.
“La clave está en saber articular el componente preventivo y represivo”, dijo a ContraPunto.
Por su parte, Nelson Flores, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que el presidente Funes “lastimosamente está siguiendo la agenda de la derecha”, la que estaría más interesada en endurecer la legislación en contra de las pandillas.
“Criminalizar las pandillas no es la mejor decisión (…) se genera más violencia”, señaló Flores.
En lugar de preponderar la represión, se debería profundizar, agregó, en cuál es el trasfondo de tanta violencia.
La actitud de organizaciones que defienden los derechos humanos, en torno a salvaguardar los derechos civiles de todos, entre ellos los de los pandilleros, choca de manera frontal con la sensación que tiene la población de que ya no es hora de andar con paños tibios con gente que es capaz, como se evidenció el domingo pasado, de incendiar un microbús con personas adentro, incluyendo bebitas de 10 meses.
Pero, en efecto, los antecedentes de leyes represivas contra las pandillas han probado ser nulas.
Penales bajo control militar
Otra medida anunciada por el Presidente es implantar un dispositivo tecnológico de seguridad contra las cárceles desde donde salen órdenes de crímenes, por medio de llamas de teléfonos celulares que consiguen ilegalmente. Probablemente esté buscando bloquear la señal de teléfonos celulares en esa área, una idea que se ha venido manejando pero que no se materializa.
Funes dijo sentirse consternado por los hechos del domingo pasado que reiteró en calificarlos como "terroristas", además de enviar un mensaje de condolencia a las familiares de las víctimas.
"Las acciones criminales de los últimos días, repito, son verdaderos actos terroristas. El crimen organizado, los desestabilizadores y las bandas armadas recurren al terrorismo precisamente porque el gobierno está actuando de forma constante, eficiente e implacable en persecución a delincuentes y asesinos", dijo Funes en su discurso transmitido en cadena nacional de radio y televisión.
El mandatario anunció que ordenó este miércoles un amplio operativo en el penal de Ciudad Barrios, en el oriente de El Salvador, donde guardan prisión jefes pandilleros y delincuentes peligrosos que presuntamente ordenan crímenes desde el interior de las cárceles.
Investigaciones policiales han detectado que gran parte de secuestros, extorsiones y asesinatos por encargo o sicariato, se originan desde las cárceles.
Para este 26 de junio estaba previsto el despliegue de efectivos militares en centros penales del país, con la misión de controlarlos y vigilarlos. Pero la medida ha sido adelantada con el operativo de este día en Ciudad Barrios.
Nelson Flores, de FESPAD, tampoco cree que involucrar al Ejército en las cárceles sea buena idea.
“No es la mejor decisión, se puede generar mayores niveles de violencia allí”, señaló.
El Presidente anunció también que la Fuerza Armada vigilará los "puntos ciegos" de las zonas fronterizas para contralar el contrabando y otros delitos peligros.
El mandatario reconoció la labor policial en la captura de 8 personas supuestamente involucradas en los crímenes ocurridos en la ciudad de Mejicanos el pasado domingo, y exigió al Ministerio Público y a los tribunales a actuar con "celeridad y eficiencia".
El Salvador es en la actualidad uno de los países más peligrosos del mundo y el más violento de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de más de 76 por cada 100.000 habitantes, cuando la Organización Mundial para la Salud (OMS) considera epidemia las tasas mayores de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.
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