Edmundo Jarquín.22 de Junio. Tomado de Contra Punto.
MANAGUA - Una manera de ver la historia de Nicaragua, y que los especialistas deberían estudiar más, si es que la historia sirve para evitar repetir sus errores, es un proceso continuo de redistribuciones dramáticas del poder económico y de los derechos de propiedad, a partir del poder político.
Con amparo en el poder político llevamos más de un siglo en un proceso casi ininterrumpido de redistribuciones de los derechos de propiedad y del poder económico, entre confiscaciones, reparaciones, compensaciones, expropiaciones, “cargadas de mano judiciales”, corrupción, etc. A veces han sido redistribuciones abiertas, producto de “revoluciones” políticas, y a veces relativamente encubiertas, a partir del uso discrecional del poder administrativo y judicial para “cargar los dados” a favor de una de las partes en cualquier disputa que tenga que ver con derechos de propiedad, de contratos o transacciones.
Ningún país puede salir adelante en medio de semejante incertidumbre jurídica y desconfianza política. Aun países no democráticos, como China, se esfuerzan en garantizar seguridad jurídica a las inversiones porque han descubierto que sin inversiones, y sobre todo las inversiones productivas que requieren, a diferencia de las inversiones financieras especulativas, un período relativamente largo de maduración, es imposible crecer de manera fuerte y sostenida. Y China, en las últimas tres décadas, ha multiplicado al menos por cinco el producto interno bruto per cápita, y ha sacado a centenares de millones de habitantes de la pobreza.
Muy diferente a nuestro caso, en que pese a que con motivo del próximo aniversario de la revolución de 1979 las calles y carreteras comienzan a llenarse de rótulos hablando de “31 años de triunfos” –reclamados todos, sin excepción, por Ortega, que ahora también está “privatizando” la historia- hoy estamos, tres décadas después, con menor ingreso per cápita en términos reales. Es decir, más pobres, y por eso mucha gente se pregunta de qué triunfos hablamos.
Pero sería injusto atribuir a Ortega, y a la Revolución Sandinista, el fenómeno de fondo que estamos analizando, porque no ha sido el primer caso que en nombre de una “revolución” o cambio de gobierno, se plantea la redistribución del poder económico para terminar, en verdad, en una mayor concentración del mismo, como ahora que el Orteguismo ha dado origen, no a mayor democracia económica, sino a una nueva oligarquía de origen político-burocrático.
Sin embargo, es responsabilidad de Ortega, quien lleva tres décadas gobernando “desde arriba o desde abajo”, como él mismo lo ha acuñado, que ese círculo perverso de inseguridad jurídica, o de justicia comandada por la política, y las consecuentes redistribuciones del poder económico a partir del apalancamiento en el poder político, no se rompa, y Nicaragua siga postrada en cuanto a su desarrollo y la posibilidad de abatir la infamante pobreza que se asoma por debajo y por atrás de los rótulos proclamando “31 años de triunfos”.
En esa perspectiva de la permanente inseguridad jurídica es que se ubica el caos en que nos encontramos, sin una Corte Suprema de Justicia integrada con estándares mínimos de legalidad, legitimidad y honorabilidad, lo cual ha sido la noticia dominante de los últimos días. Sencillamente se está reafirmando la posibilidad que al amparo del control político del poder judicial hayan nuevas redistribuciones de los derechos de propiedad y del poder económico.
Distancias cercanas
Hay cosas que en medio del fragor y las angustias de la vida diaria, en la lucha por la sobrevivencia, pueden lucir lejanas a muchos nicaragüenses, aunque por distante que luzcan están muy cercanas.
Es el caso que estamos comentando del relajo que hay en todo el sistema judicial nicaragüense. En ausencia de un poder judicial independiente y confiable, los poderosos siempre podrán comprar decisiones y sentencias, pero no es el caso de los pobres y de los sectores medios. Cuando asombrados vemos cómo salen libres los narcotraficantes y miembros del crimen organizado, y personas de influencia resuelven sus problemas de propiedad, mientras una familia pobre no puede obtener la libertad, y a veces ni siquiera el juicio del pariente encarcelado por un hecho menor, de alcohol, riña o tránsito, esa debacle del poder judicial ya no luce tan lejana a las angustias cotidianas de la gran mayoría de nicaragüenses.
Cuando en los sectores rurales, muchas personas no se sienten seguras en sus propiedades, por los “toma tierras” alentados por el partido de gobierno, y porque no logran la protección judicial necesaria, o el acceso al crédito y los servicios de educación y salud, al margen de las influencias políticas de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), entonces esos temas institucionales dejan de ser lejanos y se tocan con la vida diaria de muchísimos nicaragüenses.
Esos son algunos casos que ilustran como la crisis política institucional que esta semana ha alcanzado un punto máximo en la Corte Suprema de Justicia, por lejana que parezca al diario vivir de la inmensa mayoría de nicaragüenses, está ahí, en cada rincón de cada casa.
Y hacia el futuro, peor. El problema que más preocupa a los nicaragüenses, y con razón, es el empleo, porque se está desempleado o mal pagado. Pues bien, con la inseguridad jurídica que deriva de la politización del poder judicial, que el Orteguismo ha llevado al máximo, jamás, jamás, tendremos las inversiones que generen los empleos, y empleos de calidad, bien pagados, que eliminen de la vida diaria de tantos y tantos hogares las angustias de familias que se despiertan sin saber si podrán comer tres veces al día, y se acuestan con la certeza de no haber comido.
Otro caso que ilustra
De muy buena cara es la noticia, a la cual damos la bienvenida, que las exportaciones nicaragüenses han continuado creciendo tanto en volúmenes como en valor.
El gran problema es saber si en el futuro continuarán creciendo con el mismo vigor. Porque no es necesario ser muy especialista para saber que si el volumen de las exportaciones de café ha crecido, es porque hace tres y más años, antes que empezara el gobierno de Ortega, hubo las inversiones que ampliaron y renovaron el área sembrada de café, que ahora está entrando en producción; lo mismo ocurre con el gran crecimiento de las exportaciones de lácteos y carne, producto de los vientres que se retuvieron y potreros que se mejoraron en el pasado para tener más producción actualmente; y lo mismo ocurre con el azúcar y otros rubros que no son en sentido estricto cultivos anuales.
La gran pregunta es: ¿con la creciente inseguridad jurídica y la cada vez mayor desconfianza política, se sostendrá el ritmo de inversiones que mantenga el vigor de las exportaciones, que cosecha el gobierno de Ortega, pero que fundamentalmente es producto de las inversiones que se hicieron antes que se iniciara su gobierno?
Ojalá que sí, pero esas dudas las debe despejar el gobierno, y no lo está haciendo. Todo lo contrario...
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