El problema está en que los que llegan generalmente lo hacen con voluntades parecidas a las anteriores, dentro de una línea: favorecer a los míos, más allá de cualquier análisis sobre capacidad, idoneidad y honradez.
Escrito por Editorial.08 de Enero. Tomado de La Prensa Grafica.
Hacía tiempo que no había cambio de partido gobernante, y, por consiguiente, el trauma de la sacudida de empleos ha sido grande. Es natural que cualquier nuevo Gobierno, con su partido detrás, quiera ubicar a su gente en el aparato gubernamental; pero esto debe hacerse con la seriedad debida y dentro de límites muy razonables. Una cosa son las posiciones de confianza, que siempre cambian; y otra, los puestos de actividad normal, que deberían ser respetados. Cuando un partido ha estado por largo tiempo en el poder, los vicios burocráticos tienden a incrementarse y profundizarse; y la alternancia es ocasión propicia para reordenar el aparato. El problema está en que los que llegan generalmente lo hacen con voluntades parecidas a las anteriores, dentro de una línea: favorecer a los míos, más allá de cualquier análisis sobre capacidad, idoneidad y honradez.
Lo ideal sería que, sobre una base de respeto elemental, se analizara el desempeño de funcionarios y empleados, sin repetir el vicio de complacencia con “los míos” y de rechazo a “los otros”. Hay muchos despidos en el sector público, tanto central como municipal. Habría que hacer una revisión seria y desapasionada. El Ejecutivo, ante la presión generada por la ola de despidos, ha formado una comisión para procesar denuncias.
Pero, de entrada, parece un mecanismo poco funcional, porque lo integran funcionarios del más alto nivel, y además, según su mandato, tendría que analizar caso por caso en una semana, antes de rendir informe al Presidente. Da la impresión de haber sido constituido para salir del paso, y ojalá que no sea así, porque se perdería la oportunidad de sentar un precedente muy saludable para la institucionalidad y para los derechos ciudadanos.
HACIA LA REFORMA DEL APARATO ESTATAL
Hay evidentes fallas estructurales en el aparato estatal, así como vacíos y defectos que se han venido acumulando a lo largo del tiempo. De seguro mucha de la ineficacia que prolifera en dicho aparato deriva de que éste no ha sido configurado para que funcione de veras. Es como haber ido poniendo pieza sobre pieza, al aire del momento político imperante. Es hora, pues, y lo viene siendo desde hace mucho, de emprender lo que en términos generales se llama la reforma del Estado, para asegurar efectividad, controlar desagües y desperdicios, garantizar probidad y generar credibilidad.
El sector público necesita cada vez más recursos, pero nunca se hace el análisis concreto sobre cuántos de esos recursos se pierden por las cañerías defectuosas del sistema. Algunas áreas, como decir Educación y Salud, son verdaderos monstruos burocráticos, que se mueven más por inercia que por decisión. Poner racionalidad funcional en todo el aparato estatal resulta, entonces, una tarea impostergable, en la que hay que seguir insistiendo cuantas veces sea necesario.
La reforma de la que hablamos no podría definirla ni llevarla a cabo ningún actor en particular, ni siquiera el Gobierno mismo. Tiene que ser un tema de nación, porque el Estado, como sujeto y como aparato, está por encima de los liderazgos circunstanciales, por legítimos que sean. Y sólo con un Estado verdaderamente eficiente es posible estabilizar el desarrollo tanto político como económico y social.
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