El saldo del mes y medio que la Fuerza Armada lleva patrullando calles en compañía de la PNC no ha sido muy positivo. Al contrario, hay signos de que las cosas siguen igual. La mayor fuerza represiva no toca tanto a la delincuencia cuanto a sectores de población no involucrada en actividades ilegales. Están las denuncias de la Procuraduría de Derechos Humanos, y llegan, por otros caminos, más denuncias de abusos. Incluso hay algunos datos que hacen pensar en que los procedimientos más rudos de los soldados están llevando a algunos miembros de la PNC a abundar más en el maltrato de ciudadanos.
Escrito por José María Tojeira.23 de Enero. Tomado de La Prensa Grafica.
En este contexto resulta alarmante la petición del ministro de Defensa de mayores libertades para los miembros del ejército. Especialmente la de permitir el ingreso en las viviendas prescindiendo de la orden de allanamiento del juez. El decir que basta con que se tenga “información” para poder allanar una vivienda sin orden judicial recuerda demasiado los tiempos de la guerra civil. Y ciertamente es una idea que ni la PNC ni los partidos de derecha han planteado en los tiempos recientes.
Este tipo de planteamientos reafirma lo que es de conocimiento público: La Fuerza Armada, en cuanto tal, no es el instrumento adecuado para la persecución del crimen en El Salvador. No lo fue en tiempo del presidente Flores y tampoco lo es ahora. La relativa sensación de seguridad que produce una mayor presencia de efectivos en zonas críticas es solo temporal y no incide en el conjunto del problema criminal del país. Plantearse como objetivo militar la lucha contra la delincuencia, según apuntan las famosas “libertades” del ministro de Defensa, aumentando el uso de la fuerza y una inteligencia deficiente, solo puede producir una espiral de violencia.
El Salvador lo que necesita es un mayor número de policías, una mejor formación para los mismos y un fortalecimiento serio de la investigación. Probablemente se están haciendo esfuerzos en esos términos, pero de momento son insuficientes. Por ello hay que buscar medidas de emergencia en el corto plazo. Pero las medidas de emergencia tienen que construirse sobre la profesionalidad policial y el aumento del número de policías, y no sobre la fuerza bruta que ya fracasó con las manos duras, superduras, etc.
Para enfrentar la delincuencia hay alternativas mejores que la de sacar la Fuerza Armada a la calle. Una propuesta de ley que facilitara por una sola vez la incorporación de un grupo amplio (tres o cuatro mil personas) en un tiempo reducido, un año, al cuerpo policial en sus diversos niveles, podría ser un camino de avance hacia la solución de nuestros problemas de seguridad. Algo parecido se hizo cuando se inició la PNC. Y tal vez este momento de emergencia sea una oportunidad para buscar un nuevo modelo de incorporación masiva a la institución policial. La utilización del ejército no aporta nada a un proyecto serio de seguridad ni en el mediano ni el largo plazo.
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