Escrito por Luis Laínez. 17 de Enero. Tomado de La Prensa Grafica.
El Salvador cumplió ayer 18 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre la ex guerrilla del FMLN y el entonces gobierno de Alfredo Cristiani, el primero de los cuatro presidentes de ARENA. El acuerdo, en sí mismo, es un hito sin precedentes y puesto como ejemplo para la resolución de conflictos por la Organización de Naciones Unidas. Puso fin a una guerra de más de 12 años –con profundos orígenes sociales, económicos y políticos– y que costó la vida de decenas de millares de personas.
Los Acuerdos de Paz sentaron las bases de la sociedad que ahora tenemos. Para bien y para mal. La Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) son dos de las instituciones que surgieron de los Acuerdos de Paz. La misma inscripción del FMLN como partido político también es fruto de esa negociación.
No obstante, la desarticulación del Consejo Económico y Social y los problemas en el funcionamiento del Fondo de Lisiados son ahora, entre varios otros, fuente de inestabilidad.
Los Acuerdos de Paz intentaban darle a El Salvador nuevas instituciones para que el Estado funcionara en un contexto de posguerra. Algunas de esas instituciones tardaron en surgir, como la Defensoría del Consumidor, y otras cumplieron un papel de transición, por lo que rápidamente fueron superadas, como la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), la cual permitió un encuentro personal, frente a frente, de antiguos protagonistas antagónicos durante la guerra. Fue el primer paso para preparar la incorporación de ex comandantes del FMLN a la Asamblea Legislativa, lo que se dio apenas a dos años de la firma de los Acuerdos de Paz.
No obstante, después de los innegables logros de la sociedad salvadoreña, lo cierto es que ahora no vivimos en paz. Incluso hay igual o más muertes al día que en pleno conflicto armado.
La inseguridad en 2010 es el resultado directo de la guerra de la década de los ochenta. Las razones son varias, pero entre ellas destaca la inmigración de salvadoreños a Estados Unidos para huir de la violencia que separó familias y dañó severamente a la sociedad. Además, puso en contacto a jóvenes con pandillas en ese país, un fenómeno meramente juvenil que mutó hacia el crimen organizado que ahora sufrimos en El Salvador.
La delincuencia de la que son responsables las pandillas creció frondosa precisamente por la falta de instituciones que no funcionan como se debe. Esta semana que acaba de pasar conocimos el proceso judicial que se realiza en Charlotte, Carolina del Norte, en donde seis pandilleros fueron juzgados por homicidios, robos y extorsiones. Recibían las órdenes de su jefe por teléfono. Estaba preso en el sistema carcelario salvadoreño.
Las pandillas ingresan más de $8.4 millones a los penales, producto de las extorsiones a comerciantes, transportistas y ciudadanos. Ese dinero corrompe autoridades, custodios y paga abogados, armamento y logística.
La Fuerza Armada, la institución que mejor cumplió los Acuerdos y triunfó en subordinarse completamente a la autoridad civil, está de nuevo en las calles, no para enfrentar un grupo armado con motivaciones políticas, ideológicas o sociales, sino para colaborar con la PNC a combatir delincuentes. Y eso es precisamente lo que le hace falta ahora al país, un nuevo pacto nacional para eliminar la criminalidad.
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