Escrito por Jeannette Aguilar.14 de Enero. Tomado de Diario Co Latino.
En las últimas dos semanas, al menos tres personas han muerto y varias decenas han resultado heridas en diversos atentados ocurridos en distintos lugares del país, provocados por el estallido de granadas de uso militar. Estos hechos, además de confirmar el grave escenario de criminalidad que vive en el país, ponen nuevamente de manifiesto la importante contribución que la precariedad de los mecanismos de control institucional y regulación de armas de fuego, tiene en los niveles de la violencia letal que experimenta El Salvador. Según datos preliminares de la PNC, 4,365 personas fueron asesinadas en el país en el transcurso del 2009; y si se mantiene la tendencia del último lustro, en el que el 80 por ciento de los homicidios son cometidos por armas de fuego, aproximadamente 3,492 personas habrían sido asesinadas con una de ellas.
¿Cuánta más violencia deben esperar los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar por fin una reforma legal que restrinja la tenencia y portación de armas de fuego en manos de civiles? Hasta hoy, las discusiones sobre las regulaciones de las armas de fuego, no han pasado de ser debates infructíferos.
El Estado no ha logrado avanzar en la adopción de medidas concretas y contundentes en materia de control de armas, que impacten en los niveles de violencia homicida que azota al país.
Contrario a lo esperado, los diversos decretos transitorios aprobados por la Asamblea Legislativa desde 1994, han permitido que se matriculen armas de fuego sin la respectiva factura. Estas acciones sólo han logrado alimentar las transferencias de armas del mercado clandestino al registro legal, fortaleciendo el perverso nexo entre ambos circuitos, lo cual ha coadyuvado a la escalada de la violencia criminal en El Salvador.
El debate generado en las últimas semanas sobre la procedencia de las granadas involucradas en los últimos atentados tampoco parece ir a fondo. Aún cuando se ha determinado que la mayoría de ellas son granadas M67, un tipo de explosivo de fabricación norteamericana, de uso privativo del ejército, la Fuerza Armada se ha desvinculado de estos hechos, alegando que los explosivos involucrados en los últimos atentados no pertenecen a sus bodegas.
Al margen de que la PNC a través de su División de Armas y Explosivos, haya tomado la iniciativa para determinar el origen de estas granadas con el apoyo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República debería promover una exhaustiva investigación al interior del Ministerio de Defensa, que esclarezca las razones por las que este armamento está siendo utilizado por delincuentes y pandilleros y establecer las responsabilidades pertinentes.
Y es que tanto el extravío de armas de los almacenes del Ministerio de la Defensa Nacional, como la circulación de armas y otros artefactos de uso privativo del ejército entre la población civil, no son hechos recientes ni aislados. Diversas incautaciones de armas de fuego y artefactos explosivos, realizadas por la PNC dan cuenta que varios miles de armas han sido robadas y extraviadas de Aduanas y de los almacenes de la Dirección de Logística, del Ministerio de la Defensa Nacional.
Según datos de la División de Armas y Explosivos de la PNC, registrados en una investigación sobre armas de fuego realizada en 2003 en la que participó el IUDOP, entre 1996 y 2001 fueron hurtadas, robadas y extraviadas 6,648 armas de fuego del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Aduanas, las cuales con toda certeza pasaron a integrar los circuitos de los mercados ilegales.
En cuanto a la circulación de artefactos explosivos, datos de un matutino local revelan que, a mediados de 2003, 18 granadas de uso exclusivo de las FAES fueron halladas en un operativo, luego de haber sido extraídas de un cuartel militar.
Más recientemente, entre 2008 y 2009, la corporación policial reporta la incautación de 210 granadas militares y otros artefactos similares. Todos estos datos dan una idea aproximada de la magnitud de la circulación de armas de guerra en el país en época de “paz”, y de la transferencia descontrolada de armas privativas del ejército a la población civil.
A la luz de estos datos, no deja de ser sorprendente y preocupante la reacción del Ministro de la Defensa, quien asegura que estas armas no pertenecen a la institución castrense, cuando son ampliamente conocidas las deficiencias que el país ha tenido en materia de registro y control de armas de fuego. Asimismo, su reacción ante los cuestionamientos denota el desconocimiento de que los extravíos de armas militares son un problema antiguo y relativamente frecuente en el país.
La actitud que le compete como responsable de la cartera que dirige, y lo menos que espera la población, quien al final es la víctima directa de estos hechos de violencia, es la de apoyar una seria y exhaustiva investigación que comprenda la revisión de todos los depósitos y almacenes de armas que han estado a cargo de las Fuerzas Armadas desde el fin de la guerra.
Esto sin duda, permitiría generar pistas no sólo sobre la cadena de responsabilidades de los hechos lamentables ocurridos en las últimas semanas, sino sobre algunas modalidades del tráfico de armas que funcionan con toda impunidad en el país. Esta acción contribuiría sin lugar a dudas, mucho más que la presencia de soldados en la calle, a contener en el futuro inmediato ola de violencia letal que azota al país.
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