Escrito por José María Blanco R. 08 de Enero. Tomado de Diario Co Latino.
El acceso a la energía sostenible debe ser un derecho universal; por eso, en un contexto mundial donde el tema energético converge en todos los ámbitos de la gestión humana la oportunidad de integrar al régimen municipal -como un agente activo en el mercado energético nacional- no debe quedar rezagada.
Existen varias experiencias que cumplen esa misión con éxito como es el caso de la Empresa Pública de Medellín (Colombia) cuya propiedad está en manos de un gobierno local que presta servicios públicos de energía, gas, agua y telecomunicaciones. En Costa Rica, empresas públicas exitosas han emergido de la iniciativa de un ayuntamiento como la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
En la agenda política nacional el fortalecimiento del gobierno local ha sido una prioridad desde hace muchas décadas y ante la necesidad de impulsar un nuevo paradigma energético con una visión de largo plazo, no puede soslayarse la oportunidad de fortalecer también el papel de la inversión municipal en la gestión de sus recursos energéticos en el nivel cantonal.
Una estrategia de este tipo tendría grandes beneficios en campos como generación eléctrica.
Las municipalidades pueden, con un marco jurídico favorable e innovador, convertirse en socios capitalistas de los proyectos de generación eléctrica desarrollados en su misma área geográfica, donde las ganancias permitan apalancar el financiamiento del desarrollo social comunitario, ya sea asociándose con las empresas eléctricas públicas o con los desarrolladores privados, por ejemplo, en el aprovechamiento de los rellenos sanitarios para generación eléctrica con gas metano.
En segundo lugar el gobierno local puede convertirse en un socio ambiental justo en momentos históricos cuando cada tonelada no emitida de gas efecto invernadero se contabiliza y puede monetizarse, las arcas municipales deben recibir un porcentaje por la venta de créditos de carbono de aquellos proyectos de energía renovable que reduzcan la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global.
Impacto social
Empleo local: uno de los mayores impactos sociales de los proyectos energéticos es la generación de empleo, especialmente durante la fase constructiva.
Se genera un rédito social importante al estimular la economía cantonal favoreciendo la creación de pequeñas empresas energéticas de capital mixto privado-municipal, para desarrollar a pequeña escala aquellos aprovechamientos hidráulicos, eólicos, bioenergéticos y solares, que por sus economías de escala, no son del interés de los grandes inversionistas.
Eficiencia energética: En el nivel cantonal existe una cantidad importante de metros cuadrados de infraestructura municipal, permitiendo establecer campañas públicas de ahorro energético que sirvan de ejemplo y motivación para promover el ahorro de energía en los consumidores locales.
Además es posible detonar un nuevo paradigma energético-municipal en un país donde la cobertura de la red eléctrica alcanza al 98% de los costarricenses. La energía puede ser un buen negocio, donde la participación municipal debidamente regulada y con base en una sana competencia, contribuya no sólo a la sostenibilidad económica, ya que puede convertirse en una fuente alterna de ingresos financieros para atender el desarrollo social y económico de los mismos municipios, pero también mitiga conflictos sociales asociados a los megaproyectos energéticos, siempre necesarios para aumentar la oferta energética nacional.
Acerca de BUN-CA
La Fundación Red de Energía (BUN-CA) es una Organización No Gubernamental (ONG) con sede en San José, Costa Rica, y con operaciones en Centro América, la cual define su agenda de trabajo en respuesta a las necesidades y problemas ambientales de la región centroamericana con un enfoque integrado para fomentar el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales para generar energía sostenible y promover la eficiencia energética .
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