Los impuestos a las bebidas alcohólicas tienen dos fines: controlar el consumo por razones de salud, o llevar más dinero al fisco. La propuesta del gobierno de subirle el impuesto a la cerveza muestra que lo que se pretende no es, exclusivamente, recaudar más dinero. Se está a punto de llenar los servicios de salud y hospitales con las secuelas agudas y crónicas de personas consumidoras de bebidas destiladas de alto contenido alcohólico, cuyo consumo se favorecería, al pagar, vía precio, menos gravámenes que la cerveza.
Escrito por Luis Jiménez Pacheco.29 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
Una cifra muestra el descomunal paso que se pretende dar: la reforma del Ministerio de Hacienda para gravar las bebidas alcohólicas aumentaría en un 32% el impuesto a las cervezas, pero bajaría en un 35% por ciento el gravamen sobre el vodka y 6% el tributo sobre el aguardiente.
La cerveza paga 10.88 centavos por litro de alcohol puro. El gobierno quiere subirlo a 14.33 centavos. Lo controvertible es que el impuesto al vodka bajaría de 9.44 centavos por litro de alcohol a 6.43 centavos y el guaro pasaría de $4.54 a solo $4.26.
Como si la ministra Isabel Rodríguez, no tuviera problemas aquí haremos lo contrario a una tendencia en países como EUA, Australia y la UE, donde los impuestos al vino, y a la cerveza se tasan, a niveles inferiores a los que pagan las bebidas de alto contenido alcohólico.
El golpe a la salud ocurrirá ante un extraño silencio de las autoridades de salud, a pesar de que la OMS estableció, para “reducir el uso nocivo del alcohol”, influenciar las preferencias de los consumidores estableciendo impuestos según el contenido alcohólico de la bebida.
En casi todo el mundo se finan impuestos por contenido alcohólico. Sin embargo, con los impuestos a las bebidas alcohólicas en la reforma fiscal de diciembre de 2009, un consumidor de cerveza paga, en El Salvador, 2.4 veces más que uno de aguardiente. Las tasas de licores como el vodka se acercan a la tasa de la cerveza que sigue pagando más.
Ahora se pretende aprobar una legislación que elevaría los problemas de salud por consumo abusivo de la gente, abaratándole los alcoholes fuertes frente a la cerveza, y se oculta que mientras la recaudación de impuestos a la cerveza subió, de enero a junio este año, en casi $3 millones la recaudación correspondiente de los licores bajó casi en $600,000 según las cifras oficiales.
Entonces, no solo se estaría favoreciendo el consumo de alcoholes más fuertes, en perjuicio de la salud del pueblo, sino que se proponen castigar a una industria nacional, a pesar de que ya paga el 74% de todo lo que se recauda por impuestos a las bebidas alcohólicas.
La industria cervecera es nacional. En ella laboran 2,600 personas. La mayoría de los alcoholes fuertes que se consumen en el país son, contrariamente, producidos fuera del país. A pesar de eso, no solo se intenta castigar a una industria nacional, sino se le cambian las reglas del juego y se intenta lesionar la seguridad jurídica a una cuantiosa inversión que es un lujo para el país.
Como escribió Joaquín Samayoa, en 2009, los impuestos a las bebidas alcohólicas no pueden establecerse en función del volumen. Debe hacerse según su contenido alcohólico. Eso se hace bajo un “enfoque tributario avanzado”. La salud de un pueblo, la justicia tributaria, el estímulo a la producción nacional y el respeto a una inversión así lo exigen.
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