Javier Tobar Rodríguez.30 de Agosto. Tomado de El Diario de Hoy.
La noticia del doce de agosto de la sección Negocios de este rotativo, da cuenta de la falta de coordinación entre la oferta académica de las universidades y la demanda de servicios de las empresas. Tal tema es desde hace mucho una cuestión preocupante y más debería serlo para el Estado.
La saturación del campo laboral en varias profesiones, el desempleo y la demanda de trabajo en diversas ramas del saber constituye un tema de país. El Estado como organizador del concierto social y económico debe ejercer un papel activo. Este como otros problemas es de conocimiento público, pero nadie hace nada para solventarlo.
En el campo jurídico, el aumento de la oferta académica no corresponde a su mercado saturado de profesionales, por eso aquélla debería ser objeto de una reflexión seria. Es más, recientemente (en cuestión de hace unos cinco años) ha surgido el frenesí de los post grados en esta disciplina del conocimiento.
Sin embargo, parece ser que la propuesta de algunas universidades y el producto humano que conforman no constituyen un aporte cualitativamente significativo para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Por ejemplo, en un programa de selección de recurso humano, conocí a un licenciado que se presentó como especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual, cuya tesis versaba sobre la misma; le consulté si podía preguntarle sobre la materia y su respuesta fue la negación rotunda a que le interrogara, confesando que no sabía nada. Se suponía que debía saber por lo menos lo elemental, pues, supuestamente la entidad universitaria lo formó y graduó en esa especialidad.
Además, el Estado para autorizar a las universidades su oferta académica de especializaciones, debería asegurar que las entidades cuenten con una biblioteca debidamente dotada y actualizada con volúmenes sobre las materias correspondientes. Que a los docentes se les pague un salario atractivo y no como por ejemplo, fijación de la remuneración de seis dólares por hora clase, como si el conocimiento que se suministra fuese de poca valía.
Las universidades no deben ser escuelas de garaje. Las mismas no deben ser meros instrumentos para la obtención de un lucro egoísta. Bien se sabe al estilo francés, que hay cosas con las cuales no se negocia, que no tienen precio, que no pueden ser vendidas, que incluso, debe invertirse en ellas, promoverse aunque a corto plazo no se obtengan beneficios "verdes".
El peligro de la ampliación de la oferta académica sin atención al vector de las necesidades de nuestra sociedad es que se engañe al usuario (al estudiante) haciéndosele creer que encontrará trabajo, que empleará sus conocimientos que nadie necesita. El riesgo de implementar postgrados sin la suficiente seriedad del caso, es que no se obtenga el grado de cualificación esperado y que se desvalorice el título, a causa también del regalo fácil de la credencial que convierte al aspirante en uno más del montón.
Quien quiera celeste, que le cueste, dice el dicho popular. Hoy más que nunca, el país necesita replantearse su rumbo, el camino profesional es uno de ellos. Tenemos realidades que enfrentar, enfermedades que atender, medicinas y soluciones con las cuales experimentar. Por eso debemos atrevernos a pensar, a replantear lo ya escrito, acondicionar, actualizar, crear, en fin, promover y divulgar son verbos que deberíamos poner en práctica.
Nos quejamos de la mala praxis, del abogado estafador, del edificio en ruina, de la carencia de un carpintero, un electricista, etc. En fin, nos quejamos de la falta de acceso a la oferta de un buen servicio que se preste en condiciones de seguridad y de la situación de informalidad en la que están los prestadores de los mismos. Su regulación, control y deducción de responsabilidades compete a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
elsalvador.com :.: La oferta académica y las necesidades del país
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