Un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para la concreción de importantes objetivos orientados al desarrollo sostenible.
Escrito por Carlos López Barrundia.01 de Septiembre. Tomado de La Página.
La tarea fundamental del estado en el ámbito económico es definir un marco jurídico apto para normar las relaciones económicas, con el fin de salvaguardar las condiciones esenciales de una economía libre, que este exenta de superestructuras y constricciones autoritarias o totalitarias, para preservar su dimensión moral que garantiza la eficiencia económica y el desarrollo solidario
Es necesario que el estado y el mercado actúen de manera interdependiente y complementaria, para que el libre mercado pueda proporcionar efectos benéficos a la sociedad, incluso el estado tiene el derecho de intervenir cuando situaciones particulares de conductas monopólicas creen rémoras u obstáculos que obstaculicen la consecución de las metas económicas y sociales
El desafío principal del actual gobierno, en la realidad histórica en que se encuentra inmerso nuestro país, es la ineludible tarea de reformar el estado y establecer nuevas reglas, que permitan el funcionamiento de un modelo de mercado, que revierta la sumisión a ciertas estructuras económicas, que se han beneficiado de las distorsiones que ancestralmente el estado ha impuesto, para conservar su hegemonía comercial, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y especialmente de los indefensos consumidores, que han sido marginados, atropellados y abandonados a la orilla del camino
Las recientes acciones del ejecutivo, han sido valientes y ejemplares , ya que están sentando las bases para revertir las distorsiones estructurales institucionalizadas durante décadas por el estado, las cuales han contribuido incuestionablemente al desarrollo de la pobreza, la delincuencia, la corrupción, la evasión y elusión fiscal, la inequidad tributaria, y las aberraciones funcionales en el mercado.
La premisa fundamental para hacer más transparente el mercado, debe pasar necesariamente por la reforma del estado, y estamos presenciando iniciativas concretas, que parecían imposibles, ya que se concebían como cables de alta tensión que podían electrocutar al gobierno y a los gobernantes, tal como ha sucedido en varias ocasiones durante los capítulos más tristes que recoge la cronología de los hechos nacionales
Entre las más relevantes y decididas acciones que la actual administración se encuentra impulsando, podemos mencionar: el estudio que la SIGET ha iniciado para poner orden en la estratégica anarquía en el rubro telefonía, donde las multinacionales imponen sus reglas e ignorando las disposiciones del estado, la implantación de límites razonables a las tarjetas de crédito y a la banca extranjera, la modificación a la irregular aprobación de la reforma fiscal en el tema de la Ley Bebidas Alcohólicas, que evidencia una injustificable inequidad tributaria.
Las reacciones de los tradicionales beneficiarios de las distorsiones del mercado, no se han hecho esperar, hemos sido testigos de intensos cabildeos políticos, si es que se le puede llamar de esa manera, para detener las reformas; así como campañas millonarias, para intimidar a los responsables del estado, y confundir e inducir a la población, sobre el verdadero espíritu y los objetivos de las acciones del gobierno.
Sin embargo, tenemos la esperanza, que el poder ejecutivo, junto a los diputados con visión de país, resistirán la embestida y sabrán revertir los errores y las injusticias cometidas, para retomar el camino de la seguridad jurídica y la transparencia como pilares en el funcionamiento del estado, conformando un mercado, donde prevalezca el libre mercado, sustentado en una competencia en igualdad de condiciones, el respeto a los derechos de los consumidores y el fomento de la inversión nacional y extranjera para sacar adelante nuestro país
Un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para la concreción de importantes objetivos orientados al desarrollo sostenible, pero para lograrlo el estado nunca deberá renunciar, bajo ningún motivo o presión, a ejercer su obligación moral y legal de imponer restricciones a las acciones económica que atenten contra el bien común, contra los más altos intereses del país y la realización plena de sus ciudadanos.
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