LPG-Editorial-Acertada decisión que abona a la transparencia

 Las estructuras estatales tienen aún muchos desagües y muchos portillos, por los que se escapan incontables energías y por los que penetran innumerables vicios.

Escrito por Editorial.27 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

Las disposiciones legales que autorizaban el traslado discrecional de fondos dentro del Ejecutivo, sin pasar por la autorización legislativa, eran evidentemente inconstitucionales, y así acaba de declararlo la Sala de lo Constitucional. Dichas disposiciones surgieron como una argucia bien calculada bajo el pretexto de atender emergencias, pero en realidad para permitirle a la Presidencia de la República contar con recursos a discreción, que iban a engrosar el rubro de “imprevistos”, aunque en realidad se usaban para muchas cosas, incluyendo prebendas y otros “usos irregulares”. Es entendible que se cuente con fondos reservados, políticamente necesarios para cualquier gestión de ese nivel, como se observa en todas partes; lo insostenible es que eso se hubiera convertido en un saco sin fondo y sin los debidos controles, aunque se alegue lo contrario.

Nos pronunciamos siempre contra esa “licencia” que no sólo violaba la Constitución sino que atentaba contra la lógica democrática de los pesos y contrapesos, y era un estímulo a la ineficiencia administrativa y al abuso encubierto. El hecho de que tal posibilidad desaparezca es una buena noticia en la linea de transparentar el uso de los recursos públicos. Las disposiciones ahora desaparecidas surgieron en años recientes, y por eso el argumento de que se hará muy difícil atender emergencias es endeble y engañoso. ¿Cómo se hacía antes? ¿Es que no había emergencias?

Por otra parte, sorprende el argumento de que al no existir aquellas facultades el Ejecutivo quedará a merced del “chantaje” de los partidos. ¿Cómo es eso? En la democracia hay que construir líneas de entendimiento para lo básico, y las eventuales emergencias están dentro de ello. Se trata de que la interacción opere, y es responsabilidad institucional que así ocurra, porque si no se estaría pretendiendo que cada ente estatal pueda hacer lo que quiera por su sola cuenta.

Cerrar desagües, tapar portillos

Nuestro proceso democratizador avanza, con dificultades y obstáculos, pero también con energía suficiente para seguir adelante. La democracia es una apuesta en bloque, y, por consiguiente, no basta con progresar en un aspecto: hay que irlo haciendo en todos, aunque las dinámicas de cada temática puedan ser diferentes, según la naturaleza de los distintos fenómenos. En ese sentido, parece haber llegado la hora de hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta hoy en el ámbito de la transparencia. Y esto se percibe de manera evidente en lo electoral, cuya reforma ha estado estancada por tanto tiempo, y hoy se mueve con iniciativas que hasta hace muy poco no habrían tenido opción real de prosperar. Volver transparente el sistema electoral es indispensable para hacerlo de veras eficiente.

Las estructuras estatales tienen aún muchos desagües y muchos portillos, por los que se escapan incontables energías y por los que penetran innumerables vicios. Evitar los desperdicios institucionales y superar las prácticas viciosas es función en la que deben colaborar de manera efectiva la sociedad y la institucionalidad, para que el sistema en su conjunto se mantenga sano y fuerte.

En el caso que comentamos, el cerrar el portillo de un vicio institucional hará, de seguro, que dentro del Ejecutivo haya más previsión y más organización del gasto. Hay que hacer que las distintas dependencias funcionen como les corresponde, en vez de estar recargando de tareas adicionales a la Presidencia de la República, que suficiente tiene con el esfuerzo conductor de toda la gestión, que es su misión fundamental, y más en tiempos tan revueltos.

Acertada decisión que abona a la transparencia