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2010/08/23

Contra Punto-Gobierno propone proteger la salud y seguridad de consumidores - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 

Por Juan José Dalton.23 de Agosto. Tomado de Contra Punto.

 

La política de defensa del consumidor establece la hoja de ruta en los próximos 10 años; dará certidumbre, claridad y transparencia.

SAN SALVADOR – En años anteriores, pese a la existencia de leyes que dictan la protección de los consumidores, estás se han evadido o en el mejor de los casos han sido tan débiles que pareciera que no existieran, según constatan los consumidores locales y las autoridades del ramo.

Es usual encontrar letreros es los establecimientos comerciales que indicaran: “No se aceptan devoluciones” o “Productos sin garantía”. La “historia” había dictado la orden de ir siempre en contra de los consumidores: desde la hora de adquirir una casa hasta un clavo, ni se diga servicios financieros.

Pero los cambios protagonizados en El Salvador a partir del 1 de junio de 2009, en lo referente a los Derechos del Consumidor, han estado inclinando la balanza hacia el que siempre fue el perjudicado.

Pese a que hay excepciones, las prácticas abusivas han afectado a la generalidad, también porque los salvadoreños no tienen cultura del reclamo o de la denuncia. Armando Flores, presidente de la Defensoría del Consumidor, explica a los lectores de ContraPunto en qué consisten las novedades de la política nacional de defensa del consumidor y los resultados de ésta para población.

¿En qué consiste la nueva política de Protección al Consumidor recién presentada?

“Diría que la protección al consumidor en El Salvador, que está por cumplir la mayoría de edad porque la primera ley que aprobada en 1992, ha ido avanzando en un rumbo que no ha sido suficientemente claro. Por eso ameritaba un cambio estratégico y participativo, así como técnicamente bien cimentado, que nos condujera a elaborar una Política Nacional de Protección al Consumidor”.

¿En qué consiste?

“Bueno, es una mirada de largo plazo, de 10 años y es de Estado que orientará la defensa del consumidor. Hemos colocado seis faroles o ejes estratégicos que iluminarán la protección del consumidor durante los próximos 10 años. Independientemente del gobierno que venga, si quiere actuar como es debido tendrá que seguir la luz que dan estos faroles…”

¿Cuáles son?

“Proteger la salud y la seguridad en el consumo de bienes y servicios; Proteger los intereses económicos del consumidor, buscando el derecho a la compensación; Promover el acceso y la difusión de información relevante; Promover la educación en el consumo; Promover la participación organizada de los consumidores y Promover el consumo sostenido”.

Ahora, ¿eso cómo se materializa?

“Hay un plan de implementación, que es una mirada de corto plazo, es decir, medidas a realizar de 2010 a 2014. Hay acciones concretas que ya están en marcha, por ejemplo: en los próximos días se presenta la propuesta de reforma integral a la Ley de Protección al Consumidor, como una manera concreta de aterrizar la política nacional en acciones que benefician la protección del bolsillo de los salvadoreños como consumidores”.

¿Cómo se llegó a esta política nacional para que el próximo gobierno no venga a cambiar todo lo acordado ahí?

“Bueno, esta política ha sido elaborada con mucha participación con los sectores relevantes en El Salvador: el sector privado, las asociaciones de consumidores, la academia, centros de investigación e institutos políticos y entidades de gobierno. Todos los interesados han participado. La consulta ha sido una pieza fundamental en esta política; los participantes han leído y saben de las reivindicaciones que tienen los consumidores; hemos tomado en cuenta la experiencia internacional en esta materia y las directrices de Naciones Unidas para proteger a los consumidores. Entonces, esperamos que estas políticas se apliquen en beneficio de los consumidores”.

¿Qué es lo más relevante?

“La política establece la hoja de ruta de los consumidores en los próximos 10 años; dará certidumbre, claridad y transparencia. Además hay temas relevantes, por ejemplo, a nivel de protección de la salud y seguridad, la política nos orienta a que impulsemos vigilancia coordinada de las normas técnicas obligatorias de las leyes que garantizan la salud y la seguridad en el consumo de bienes y servicios. Esto nos llama a impulsar un programa de vigilancia conjunta con el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Defensoría del Consumidor, así como el Ministerio de Agricultura, para velar por la calidad de los productos que se ofrecen en el mercado. Eso significa análisis de calidad en los laboratorios, difusión de las investigaciones. El presidente Mauricio Funes dijo que no habría más cartas blancas a las empresas que ofrecen productos de mala calidad”.

¿Qué otras cosas se crean?

“Vamos a crear un sistema de alerta sobre riesgos en el consumo de algunos productos y servicios que se ponen a disposición de los consumidores”.

¿Por ejemplo?

“El sistema de alerta nos va a dar una señal oportuna de productos que quieren entrar a El Salvador, que pueden ser que tengan problemas de calidad o que han sido rechazados en otras partes; productos que están contaminados y que pueden poner en riesgo la vida de la gente. Una gran bondad de la política nacional es que articula el sistema nacional de defensa del consumidor”.

Todavía se venden productos vencidos o a punto de vender en los comercios…

“Esta política nos lleva a vigilar de forma coordinada el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias relacionadas con la calidad, inocuidad y el etiquetado (éste tiene que ver con las fechas de vencimiento). Es una gran noticia que la política nos llevará a coordinar la protección del consumidor y a crear grupos especializados en, por ejemplo, alimentos, en el que ya estamos haciendo inspecciones conjuntas con el Ministerio de Salud en productoras de alimentos. Se están haciendo análisis de esos productos y pronto vamos a publicar los análisis de esos resultados”.

¿Cuál es la actitud del sector privado?

“En esto va también un llamado al sector privado para que refuerce su responsabilidad empresarial en la oferta de bienes y servicios. También llamamos a la población para que fortalezca su ánimo de reclamo de sus derechos y que cuente con la responsabilidad del Estado para impulsar mejores mecanismo de protección del consumidor”.

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