Ramón D. Rivas.12 de Junio. Tomado de Diario Co Latino.
Hoy en día, uno de los problemas que aflora en todas las esferas a escala internacional, sobre todo cuando se habla de patrimonio cultural, es el descuido de este importante legado de nuestros antepasados; y los hechos que ahora más resaltan, cuando se hace referencia a dicho patrimonio, es el desconocimiento de su importancia y el robo desmedido que se da en todos sus ámbitos. Esto se presenta en nuestro país, pero también en muchas partes del mundo.
El tráfico ilícito de bienes culturales es una realidad —año 2010. Es una especie de cáncer que se ha enquistado a gran escala en el mundo; pero sobre todo en países como los nuestros en donde las preocupaciones para poder sobrevivir parecen más urgentes y donde, en la mayoría de los casos, si es que existen legislaciones, estas duermen entre los rimeros de papeles el sueño del olvido.
Los irresponsables no recuerdan que estas fueron hechas para que se apliquen en beneficio de la salvaguarda del rico acervo cultural de la nación. Es en países como el nuestro en donde este tipo de delitos se presenta con más frecuencia.
El día de hoy pareciera que hasta el robo es ya un trabajo y, como tal, un modus vivendi por parte de determinadas personas y grupos. El problema es que donde hay demanda hay oferta; pero el asunto es mucho más complejo: el tráfico ilícito de bienes culturales, por las características que presenta, debe ser atacado con todo el profesionalismo del caso y con la buena voluntad y compromiso de los gobiernos de los países mencionados.
Se debe de resolver este problema, que nos compete a todos, ya que se trata de la inversión cultural para el futuro. De hecho, se están robando y lucrando del patrimonio de un país. Y es que nuestro patrimonio cultural se destruye prácticamente —de forma directa e indirecta— por la acción humana.
El más claro ejemplo de la destrucción directa es el saqueo que se presenta en los sitios arqueológicos nacionales —en unos más, en otros menos—, que destruye lo único existente, por la remoción de la tierra y la eliminación de los vestigios durante la búsqueda de piezas arqueológicas, desapareciendo así las evidencias, los contextos y las asociaciones. La gente que hace eso no piensa en lo que se está perdiendo para la concretización de la evidencia científica.
Con estos tipos de destrucción los arqueólogos quedan ciegos para poder caminar libremente por el sendero de las investigaciones. El primer eslabón de esta cadena delictiva son, sin lugar a duda, los campesinos y otras personas empobrecidas, que se ven obligados a saquear y a vender lo obtenido ilícitamente para sobrevivir, lo que no harían si es que no existieran los compradores o sus intermediarios.
Luego, estos compradores venden a los coleccionistas (por lo general privados) a un precio alto piezas por las que pagaron una miseria; y estos se quedan con los objetos o los revenden a un precio mucho más alto; por lo general, las piezas que no son de su interés. Parte de este delito contra el patrimonio cultural de la nación también son los saqueos sistemáticos de templos católicos.
Da la impresión de que, casi siempre, se trata de robos ‘por pedido’ de un cliente, que pudo haber visto la pieza en el mismo sitio de donde fue extraída. Podría tratarse también de bandas, que —como se ha comprobado en otros países— son parte de una gran organización mucho más amplia y solapada, pues cubre todos los estratos de una sociedad, puesto que puede implicar desde un simple campesino hasta de esas personas que uno se preguntaría cómo es posible. Internacionalmente, los organismos especializados del caso han tomado cartas en el asunto, pues este es un grave delito que nos afecta a todos.
Tanto la UNESCO como la INTERPOL, a través del Consejo Internacional de Museos (Icom, por sus siglas en inglés), han diseñado una estratégica (¡en buena hora!) para combatir este mal, articulada en el documento que se titula “Lista roja de bienes culturales en peligro de Centroamérica y México”. Se trata de un estudio muy interesante, que pone en la lupa aquellos bienes culturales que son objeto de tráfico ilícito en la región.
En nuestro país la lista la engrosan estilos de cerámica prehispánica, como son: vasijas con efigie, figurillas, metales, conchas, huesos, sellos, instrumentos musicales, lítica, escultura, objetos ceremoniales, mármol y alabastro, obsidiana, armas y herramientas, así como adornos y objetos ceremoniales. Pero también, no debemos olvidar que los traficantes —desde hace varios años— le han puesto el ojo además al patrimonio religioso, muy abundante pero descuidado, de nuestro país debido al rico pasado colonial y republicano.
El documento hace referencia a esos dos tipos de patrimonio refiriéndose a pinturas, esculturas, relieves, retablos y elementos arquitectónicos, pero también a platería.
Documentos como estos merecen especial atención, ya que contribuyen eficazmente no solo a combatir el delito, sino a hacer conciencia entre la población del hecho ilícito y, a su vez, del daño irreparable que se les hace a las presentes y futuras generaciones, menguando nuestro original patrimonio cultural, todo solo por intereses egoístas, económicos y caprichos de millonarios escépticos y de inescrupulosos coleccionistas clandestinos.
El 17 de junio, la Secretaría de Cultura de la Presidencia, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, presentará el documento motivo de este artículo en el auditórium del Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán”, con la participación de personeros del Icom, de INTERPOL y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, está prevista, dentro de este marco, la devolución de piezas arqueológicas del patrimonio nacional decomisadas en este país.
Felizmente este tipo de iniciativas, sin lugar a dudas, aseguran una vez más que la firma y puesta en práctica de los convenios internacionales afines a la arqueología y la antropología son muy necesarias, y que cuando hay voluntad todo esto produce sus frutos para el bien y el futuro de El Salvador.
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