Si el Gobierno no actúa de manera eficaz contra los criminales existe un grave peligro: que el pueblo tome las armas y se cobre venganza
22 de Junio. Tomado de La Página.
Ante sucesos como el brutal asesinato de 14 pasajeros en un microbús del transporte colectivo los resortes de la indignación saltan como natural efecto del instinto de supervivencia y de la solidaridad social.Y, sin embargo, frente a esta indignación popular surgen poco más que serenas respuestas de las autoridades, cuya parsimonia se puede intuir como un mecanismo para acallar a la sed de justicia por mano propia que se asoma en el pueblo cansado de tanto dolor.
Pareciera que hay dos países en El Salvador: el de las autoridades y el del pueblo.
Entendemos que los encargados de velar por la seguridad social no pueden volverse azuzadores o instigadores de la venganza. Entendemos que están trabajando a su propio ritmo, con las herramientas legales que se tienen y con interés real en detener la ola criminal.
Pero eso no basta.
A la situación en que ha caído el país no pueden ni deben aplicarse recetas de épocas con menor violencia. Una terrible infección no puede tratarse con sahumerios o con tés de hierbas medicinales.
Al mal hay que atacarlo con la misma fortaleza que impregna en sus acciones contra la ciudadanía. Y esto pasa por revisar los manuales de combate, donde la inteligencia es factor angular a la hora de crear estrategias. Y pasa también por tener la suficiente honestidad para saberse desbordado y pedir ayuda a los expertos. Para eso hay países amigos. No solo para extender la mano esperando un cheque.
Es evidente que el sistema de seguridad salvadoreño ha sido sobrepasado con creces por el criminal. Pocos en este país dudan de que el crimen organizado se ha vuelto más efectivo.
La sociedad, que ya no aguanta más, pide cadalsos, toques de queda, penas más severas, acciones más contundentes. Y tienen su lógica tales sentimientos.
En el DIARIO LA PÁGINA creemos en la institucionalidad de país. Pero no en la institucionalidad que adormece la contundencia. Tampoco en la institucionalidad que se disfraza de burocracia para darle largas al asunto. Creemos en la institucionalidad firme que defiende al ciudadano, no al criminal. Creemos en la institucionalidad que busca, rebusca y ejecuta las leyes con el sentido común, el de la protección de las mayorías.
El problema de las anestesias que adormecen a los gobernantes es que son un excelente líquido amniótico donde crecen los deseos de venganza de la gente.
Si el Gobierno hace siesta en las mieles del poder y no actúa para lo que ha sido llamado por la decisión popular, su parálisis desembocará en otra peligrosísima falta de sensibilidad: la de los ciudadanos que tomarán la justicia en sus manos.
El problema de la inseguridad ciudadana, reiteramos, es muy complejo y su solución no puede atribuirse a una parte de la comunidad. Si bien todos los ciudadanos tenemos la obligación de ser parte del sistema de protección, las autoridades tienen una mayor responsabilidad. La democracia no les ha otorgado el poder y la representatividad del pueblo para gozar de privilegios hedonistas. La democracia les ha concedido el poder para que actúen.
Si no actúan el pueblo actuará. Y esto es peligroso porque el instinto de supervivencia se podría volver anarquía. Y en situaciones de anarquía nadie gana y nadie resulta ileso.
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