Federico Hernández Aguilar.23 de Junio. Tomado de El Diario de Hoy.
¡Quince personas calcinadas! Ese es, hasta hoy, el saldo fatal, horroroso, de la más reciente masacre perpetrada por delincuentes organizados en nuestro país. El asalto armado a un microbús, en medio de la noche, nos enfrenta a expresiones inéditas de salvajismo, y nos obliga a preguntarnos, como sociedad, a qué nos estamos enfrentando.
Vendrán de nuevo las imágenes de familias destrozadas, de padres desconsolados abrazando catafalcos, de amigos y parientes exigiendo a gritos justicia. También vendrá la indignación (auténtica, esperemos) de los funcionarios gubernamentales, que por enésima vez nos hablarán de los esfuerzos que están haciendo para frenar la delincuencia. Y no faltarán los dictámenes de brillantes consultores extranjeros, que volverán a recordarnos los tratados garantistas que en mala hora El Salvador aprobó y ratificó.
Soy un firme convencido de que instaurar la pena de muerte en el país sólo servirá para poner en las espaldas de la sociedad una decisión sobre la vida que no le compete. Es una apuesta más peligrosa, en todo caso, que entrarle de lleno a sanear y fortalecer nuestra legislación penal y procesal penal, donde los errores y los desenfoques siguen teniendo consecuencias nefastas.
La eliminación física no es la única salida posible para garantizar que un delincuente en particular deje de ser un riesgo social. Sí es la propuesta menos diligente y, desde luego, la más efectista. ¿Nos sorprende acaso que hoy la abandere el partido político que nació legalmente con catorce diputados sin haber participado jamás en unos comicios?
La aplicación de la ley con sentido de proporción y un buen sistema carcelario nos evitaría caer en estas falsas disyuntivas. El problema es que no tenemos ni una cosa ni la otra. De hecho, los jueces de menores cierran filas para defender unos marcos legales que han exhibido, desde hace rato, su completa ineficacia, mientras los encargados de administrar nuestras prisiones, llamando "sensibilidad" a la insensatez, se sientan a dialogar con los reos.
Gracias a estos criterios judiciales y a estas blandenguerías, la juventud salvadoreña se ha convertido en instrumento favorito del crimen, los grupos delictivos han montado verdaderas "sucursales" en las cárceles y el resto de la sociedad está siendo presa de una intolerable sensación de indefensión.
Todos conocemos a los funcionarios del presente gobierno que obtuvieron notoriedad oponiéndose férreamente al concepto de "mano dura". Por años los vimos defenestrar, cada vez que podían, aquellas medidas de seguridad pública que se les antojaban miopes y fracasadas. Hoy, curiosamente, ninguno de ellos es capaz de armar una argumentación coherente sobre las razones que han llevado al estrepitoso fracaso de la actual política de seguridad.
Cierto academicismo grandilocuente suele culpar a la pobreza de todos los males sociales. Se arguye que la falta de oportunidades de superación es el motivo principal de la violencia, asumiendo que las desigualdades son caldo de cultivo para el resentimiento, la incomprensión y el rechazo de cualquier ordenamiento básico de convivencia ciudadana.
Si la causa principal de la delincuencia fuera la pobreza, el número de criminales sería proporcional a los índices de vulnerabilidad económica. Lo que vemos ahora, en cambio, es el aumento creciente de conductas antisociales entre muchachos que sí han tenido oportunidades de estudio. La precariedad material, por tanto, aunque constituya un factor a tomar en cuenta, escasamente explica el deterioro acelerado de nuestro sistema de valores.
El sadismo no es producto de la pobreza. Prenderle fuego a un microbús cargado de gente es una barbarie que no resulta del hecho de ser pobre, sino de tener la conciencia destruida y la voluntad a los pies del instinto. Es haber perdido (o no haber tenido nunca) un concepto mínimo de respeto por la vida, ni propia ni ajena.
Cuando Gilbert Keith Chesterton, el genial escritor británico, quiso explicar cómo veía el futuro de la humanidad, la frase a la que recurrió fue la siguiente: "El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia".
¿Estamos conscientes en El Salvador de la importancia radical que para la causa de la paz ciudadana tienen la familia, la educación integral, el fomento de valores? Pareciera que no. La Secretaría de Inclusión se enorgullece de luchar contra fantasmagorías discriminatorias, habiendo tantas falencias en otras áreas sensibles. El Plan Quinquenal de Desarrollo, recientemente publicado por el gobierno, parte de premisas muy ambiguas en torno al tipo de estudiante que va a formarse en el sistema público, y hasta habla de sensibilizar sobre "las necesidades de aquellos segmentos de población que se encuentran en condiciones de segregación, marginación y exclusión, sobre todo en el ámbito educativo".
¿Segregación? Con esta fraseología se han construido verdaderos atentados a la familia en otras latitudes. ¿No existirán destinos más provechosos para nuestros impuestos?
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