Diversos grupos se han echado a la calle para protestar. Hasta el final de mayo se registraron unas 60 manifestaciones y decenas de bloqueos de carreteras por diversas quejas contra el Gobierno, según la Policía. Otras fuentes cuentan tres marchas diarias
05 de Junio. Tomado de El Diario de Hoy.
Si algo marcará el primer año del Gobierno de Mauricio Funes será el número de manifestaciones que han tenido lugar. Sólo en San Salvador ya suman 60 las marchas registradas por la Delegación Centro de la Policía Nacional Civil hasta el 31 de mayo. Esto supone un promedio de casi tres manifestaciones por semana.
Pero aún así las estadísticas se quedan cortas. Desde febrero, cuando se distanciaron aún más el Presidente Funes y el FMLN, han arreciado las marchas y los bloqueos más bien a razón de hasta tres por día. En cinco días de cada semana -sin contar sábados y domingos, cuando los organizadores no pierden tiempo en descansar- en cuatro meses probablemente ha habido 240 manifestaciones con sus correspondientes atascos y fastidios.
De hecho ayer hubo tres marchas distintas que dificultaron el libre tránsito de vehículos en importantes calles de San Salvador y rompieron la pausa que mantenían desde la semana anterior.
Una de ellas fue protagonizada por miembros del Sindicato del Seguro Social, exigiendo mejoras salariales, en tanto que las otras dos fueron convocadas por asociaciones ambientalistas por el Día del Medio Ambiente.
Ya fuera de la capital, los compañeros de Óscar Rivera Fuentes, motorista de la Ruta 113, que fue asesinado por dos jóvenes en la madrugada de ayer, decidieron bloquear la carretera Panamericana en el kilómetro 32. Esto generó un denso congestionamiento durante dos horas.
Lo cierto que es que las protestas generan pérdidas incuantificables de tiempo, combustible y horas laborales, junto con otros incovenientes que resienten los salvadoreños sin que ninguna autoridad ponga orden.
El problema es que, aunque en la Constitución se refleja el derecho a expresarse y difundir libremente el pensamiento (artículo 6) y a asociarse libremente y reunirse pacíficamente (artículo 7), el resto de la sociedad también tiene derechos que no deberían verse vulnerados por minorías.
Es por eso que el magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ulices Guzmán, enfatizó que si bien cualquier sector tiene derecho a manifestarse, no puede vulnerar los derechos de los demás.
El Código Penal establece que los derechos a expresarse y asociarse libremente serán garantizados mientras no se den desórdenes públicos.
Pero obstaculizar las vías públicas o sus accesos, impedir la circulación o el tránsito de personas o invadir edificios estatales constituyen desórdenes públicos, según el magistrado.
TODOS PROTESTAN
Vendedores, transportistas, estudiantes, personal médico, de juzgados, trabajadores de la alcaldía o maestros son algunos de los grupos que se han lanzado a la calle.
Taxistas y buseros han protagonizado unas ocho marchas distintas. Los taxistas han venido reclamando fundamentalmente que se renueven sus permisos, mientras los buseros han protestado contra las extorsiones o, en las últimas semanas, para pedir que se aumente el subsidio al sector o el precio del pasaje.
El sector de los vendedores, sobre todo los ambulantes, ha promovido cuatro marchas, una de las cuales ha sido calificada como violenta por la policía. En otra pusieron a niños al frente. Ellos han reclamado no ser desalojados o que no aumenten los impuestos municipales. También ha habido cuatro protestas contra los despidos, protagonizadas por sindicalistas de los juzgados, la alcaldía o el Ministerio de Trabajo.
Escolares y maestros han desarrollado tres protestas para que tuvieran lugar destituciones o para solicitar mayor seguridad en los centros. A este número hay que sumar las cuatro protagonizadas por supuestos estudiantes de la Universidad de El Salvador, una de las cuales supuso la toma del campus durante dos semanas.
EFECTOS ECONÓMICOS
Pese a que no es posible contabilizar las pérdidas que ocasionan estas marchas, el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Daboub, manifestó que resulta obvio que afectan a la economía salvadoreña y lo hacen de dos maneras. "Como estos disturbios se hacen generalmente de forma violenta, causan daños a la propiedad privada, los centros comerciales o las tiendas, lo que acarrea costos a las empresas".La segunda consecuencia sobre la productividad del país se da, según Daboub, "cuando las personas no pueden llegar a laborar o llegan tarde por el cierre de calles, cuando los vehículos de reparto no pueden realizar su función comercial". Para el presidente de la asociación, las protestas afectan a todos, a los pequeños comercios del interior del país, que encuentran problemas para ser abastecidos.
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