Editorial.17 de Junio. Tomado de Diario Co Latino.
A finales de este mes tiene que elegirse o reelegirse al Procurador de los Derechos Humanos, tal como lo señala la Constitución de la República. Como es del dominio público, la Procuraduría, al igual que la PNC, es resultante de los Acuerdos de Paz, y por lo tanto, debe cuidarse y remozarse en la medida de lo posible.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al igual que la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General, forman parte del ministerio público, y entre los requisitos para optar al cargo tenemos: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de 35 años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias.
Además, haber servido una judicatura de Primera Instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos ocho años antes de su elección.
Hasta el momento, en la Asamblea Legislativa se encuentran los expedientes de diez candidatos y candidatas, entre los que se encuentra el del actual procurador, Oscar Humberto Luna. Seguramente, todos y todas las candidatas reúnen los requisitos establecidos por la Constitución, que son los mismos, por cierto, de los Magistrados de Cámara de Segunda Instancia. En tal sentido, cualquiera de ellos podría ocupar el cargo.
No obstante, en el caso del Procurador Luna, tiene ciertas ventajas que deberían pesar en la comisión legislativa que está estudiando el tema, y del resto de diputados que tendrán que votar en una plenaria ordinaria, pues, según la constitución, el candidato o candidata necesita 56 votos, es decir, el voto calificado.
Entre las ventajas a las que hacemos referencia en el párrafo anterior está el trabajo del Procurador, en los tres años que están por concluir. Seguramente, algunas actuaciones del funcionario podrán ser criticadas por los sectores afectados, pero, es necesario decir, que en términos generales ha desarrollado una gran labor.
Si bien el Procurador Luna estableció un estilo diferente al de la exprocuradora Beatrice de Carrillo, a quien desde esta tribuna calificamos como excelente Procuradora, en alguna medida el doctor Luna ha continuado el buen trabajo de su antecesora.
Y es precisamente por lo anterior que el Procurador Luna ha tenido adhesiones importantes de diferentes organizaciones o instituciones de la sociedad civil. Los diputados, pues, deben atender también la demanda ciudadana, en este caso representada por entidades u organizaciones.
Esperamos que los diputados, si bien deben analizar el caso, no deben demorar y decidirse por la reelección del Procurador Luna.
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