Editorial. 22 de Marzo. Tomado de Diario Co Latino.
La aprobación primero, de un decreto legislativo que incrementaba de 7 a 15 años de prisión para menores en conflicto con la Ley, y el respectivo veto presidencial “por inconstitucional”, trajo un debate mal sano de medición de fuerzas. Por un lado, que el Legislativo se empeñara en superar el veto, y que el Ejecutivo lo vetara por supuesta inconstitucionalidad dio la impresión que se estaban midiendo fuerzas.
Ya lo hemos sugerido en otro editorial, los distintos órganos del Estado, si bien deben tener diferencias, por su naturaleza, o por situaciones coyunturales, en ningún momento deben estar enfrentados.
Los enfrentamientos no contribuyen en nada, ni a superar los problemas inmediatos ni a la construcción de una sociedad más democrática.
El aumento de los años de prisión a menores de edad que han cometido delitos, había sido cuestionado por abogados y otros expertos, inclusive internacionales, porque, por un lado, podía reñir con las leyes que el país ha cobijado, como los tratados internacionales, o la Constitución misma. Otros creían que no, que la Ley era constitucional. Es decir, había un entrampamiento entre dos órganos del Estado. El Legislativo decía que sí, el Ejecutivo que no.
Según las leyes nuestras, cuando dos órganos están en un impase, hay un tercero que resuelve el diferendo, este es el Órgano Judicial. Entonces, la pregunta más sensata es ¿por qué no se permitió que fuera la Corte Suprema de Justicia quien dirimiera el conflicto?
Seguramente, la Sala de lo Constitucional, en término de 15 días, habría dado la razón a quien la tuviera, y con ello, habrían aprendido en temas constitucionales, todos.
Pero bien, las partes (el Legislativo y el Ejecutivo), aunque no de forma unánime como hubiera sido aconsejable, decidieron ponerse de acuerdo y crear un nuevo Proyecto de Ley de Reforma, que será, posiblemente aprobado en la plenaria del miércoles próximo.
El nuevo Proyecto de Ley, se supone, supera los vistos de inconstitucionalidad, de allí el acuerdo entre la mayoría de fracciones legislativas y el Ejecutivo. Ojalá y así sea.
Aunque, la ciudadanía debe tener claro que, le aumenten o no a las penas de encarcelamiento a los menores de edad, por sí misma no detendrá que más jóvenes cometan crímenes, como el asesinato de un estudiante del INFRAMEN, por otro del INTI, cuyo hecho criminal fue captado por la cámara de un fotoperiodista de la Prensa Gráfica, y que nos mantiene ocupados, mediática y judicialmente.
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